La conflictividad laboral ha irrumpido inopinadamente en el ámbito de las empresas municipales. El origen del descontento se encuentra en el rechazo sufrido por las pretensiones del sector de empleados públicos locales de menor nivel retributivo. El Gobierno ha decretado, con rotundidad no exenta de altanería, que los incrementos salariales no superarán, en ningún caso, el dos por ciento. Es una medida intrínsecamente injusta, porque la aplicación de criterios de uniformidad a realidades ostensiblemente heterogéneas, implica la perpetuación de una asimetría discriminatoria. No obstante todos los responsables políticos que se han pronunciado al respecto se han mostrado muy firmes en su decisión, apelando a la condición de prescripción legal que asiste a la medida en cuestión. El presidente ha manifestado que "hay que someterse al imperio de la ley"; y la portavoz ha argumentado que "nadie con buena fe puede exigir al Gobierno que incumpla la ley". Parecen argumentos sólidos. Incontestables. Mas no es así. Estamos ante un caso paradigmático de falacia: una mentira con apariencia de verdad. Es cierto que la Ley de Presupuestos establece un tope salarial para todos los empleados públicos situado en el dos por ciento. Pero esto no es una novedad. Es una medida de disciplina presupuestaria destinada a contener el gasto público, que se incluyó en su día en la Ley de Presupuestos con la intención de que España pudiera cumplir los criterios de convergencia fijados por la Unión Europea. Los buenos resultados cosechados (desde una óptica exclusivamente neoliberal) han propiciado que se mantenga invariable esta cláusula, independientemente de la coyuntura económica, e incluso del color político del Gobierno. Todos los años en los que Vivas ha sido presidente ha estado operativa esta prohibición. Y sin embargo, esto no ha sido óbice para que durante este periodo se hayan producido avances espectaculares en la negociación colectiva de ámbito municipal. ¿Quiere eso decir que el Presidente es un prevaricador impenitente, que no se sometía al imperio de la ley? Evidentemente no. Lo que ocurre es que la limitación de los incrementos salariales, considerada como medida de política económica, no cercena radicalmente la autonomía de cada administración para la gestión de sus competencias, y por ello, la misma disposición establece los casos, circunstancias y supuestos de excepcionalidad. Al amparo de ellos se han firmado múltiples convenios y acuerdos que han rebasado reiteradamente la fatídica barrera del dos por ciento. ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué ahora el Gobierno se agarra con la desesperación de un náufrago a una nimia estipulación soslayada habitualmente con enorme facilidad? La verdad que subyace bajo el discurso legalista es muy diferente. La transfiguración obedece a que el Ayuntamiento está muy debilitado económicamente. La política de generosidad desmedida e indiscriminada de Juan Vivas ha contribuido de manera muy significativa a sus excelentes resultados electorales; pero ha terminado por colapsar el circuito financiero. La imparable acumulación de compromisos de gasto irreversibles, materializados en nóminas, contratos, convenios y subvenciones de toda condición y pelaje, han agotado el margen de maniobra. Descartada por impopular una subida de impuestos, sólo queda encomendarse a los socorridos "planes de ahorro". Pero es imposible corregir una deformación estructural de esta magnitud y naturaleza con leves retoques en insignificantes gastos superficiales.

Otra actitud errática actúa como acelerador. El Gobierno se niega a reconocer esta situación, porque piensa que hacerlo implicaría una merma muy estimable en su credibilidad, un fuerte deterioro de su imagen y la devaluación de uno de sus más eficaces activos electorales. La estrategia consiste en disimular a toda costa aparentando que nada ha cambiado, y que las decisiones económicas controvertidas (presentes e inmediatamente futuras) tienen otra motivación. La opinión pública no debe percibir, bajo ningún concepto, el estado crítico de las finanzas municipales, en espera de que un anhelado y milagroso aumento de las transferencias estatales permita recomponer la figura. Pero esta forma de proceder no es inocua. No se puede exigir a los demás comprensión, prudencia, moderación y responsabilidad, si previamente no se admite la crisis. Es el propio Gobierno el que estimula la presión sobre el gasto público presumiendo públicamente de que no existen dificultades.