El nuevo modelo de financiación autonómica es uno de los argumentos clave de la presente legislatura que se encuentra, en estos momentos, en su fase más efervescente. Asistimos a un debate muy intenso y abierto en el que se confrontan simultáneamente ideas (partidos)  e intereses (territorios), resquebrajando los bloques habitualmente monolíticos. En todos los medios de comunicación aparece información profusa al respecto, repleta de estudios comparativos y simulaciones en función de las distintas alternativas que se analizan. En ninguno de ellos aparece Ceuta. Esta es la premisa inicial que conviene constatar para no inducir a error a los ciudadanos. Ceuta no se ve afectada por el modelo de financiación autonómica, porque no es una Comunidad Autónoma y carece de capacidad legislativa para aplicar los instrumentos esenciales del sistema. Es cierto que los partidos políticos responsables de este desprecio histórico (PSOE y PP) consienten que un representante de Ceuta y otro de Melilla se sienten en la mesa de negociación. Es una forma piadosa de no hurgar en la herida, y ahorrarse la explicación de por qué dos partes del territorio español están marginadas y tratadas como colonias. Pero, evidentemente, su participación no alcanza siquiera el grado de testimonial, es más bien, lastimera.  El desmedido afán por fingir lo que no somos conduce a situaciones y afirmaciones grotescas. El Consejero de Hacienda anunció públicamente, con un boato casi ridículo, que la prioridad del gobierno es el equilibrio presupuestario; sin mencionar que, en materia económica, Ceuta se rige por la misma ley que todos los ayuntamientos de España, y que uno de sus preceptos imperativos es mantener el equilibrio presupuestario. Presentar una obligación legal como una opción política es una falta de respeto a la ciudadanía, de cuya ignorancia abusan con saña.

Lo que si es verdad es que, coincidiendo con la reformulación del modelo de financiación, se revisarán las cantidades que el Estado debe transferir a Ceuta y Melilla en el futuro. La discusión, en nuestro caso, se circunscribe exclusivamente a la determinación de una cifra. Eso no quiere decir que sea un asunto baladí. Tiene una gran importancia. Y, por tanto, es preciso tratarlo de una manera seria y responsable. Es decir, aportando argumentos solvente y convincentes,  lo que exige una cuantificación detallada del coste de los servicios públicos en su grado óptimo de prestación, y una estimación rigurosa del volumen de recursos que administra la institución. Pero hasta el momento, el Gobierno  sólo ha sido capaz de exponer una sonrojante retahíla de obviedades. Ni un solo dato que permita hilvanar un razonamiento. Este lamentable modo de abordar la cuestión obedece a la particular estrategia del Presidente que se basa, exclusivamente, en "pedir dinero, cuanto más mejor", independientemente de su posterior aplicación. Ya lo puso de manifiesto al reconocer que los informes enviados a las instituciones europeas estaban convenientemente manipulados para justificar con más fuerza la demanda de fondos.  Por el mismo motivo se ha apresurado a promover el consenso. El Gobierno sólo ofrece consenso cuando es incapaz, por sí mismo, de satisfacer sus intereses partidistas, que es lo único que persigue. Para llevar a cabo sus pelotazos, disparates y atrocidades no cuenta con nadie. Está tendiendo una trampa maligna. Quiere utilizar al PSOE de Ceuta como ariete contra su propio Gobierno, o dejarlo en evidencia como partido que no defiende los intereses de Ceuta en caso contrario. Siempre sale ganado. O dinero o votos.

El Presidente de la Ciudad transmite la idea de que "conseguir" dinero para Ceuta es bueno en cualquier caso y circunstancias, sin tomar en consideración ni el origen ni el destino de los fondos. Este planteamiento es de una obscenidad nauseabunda. Y supone una mezquina agresión al principio de solidaridad que tan a menudo invoca y tan insistentemente reclama a  los demás.

Ceuta es una Ciudad con enormes carencias, que arrastra un acusado déficit de servicios públicos, generado por el abandono de los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP. Efectivamente, ante esta tesitura, la aplicación del elemental principio de solidaridad contemplado en la Constitución, convierte a Ceuta en legítima acreedora de los fondos precisos para nivelar tan injusto desequilibrio. Ahora bien, esta reivindicación no se puede plantear con la suficiente carga de razón si, previamente, el Gobierno no es capaz de demostrar la correcta utilización de las transferencias que ya recibe (una cantidad muy elevada); y de situar el esfuerzo fiscal de sus habitantes al mismo nivel que el de otros territorios. Porque lo primero que es preciso comprender es que el dinero solicitado proviene de los impuestos que aportan los españoles (con los que debemos ser solidarios), en muchos casos con gran esfuerzo, y deja de aplicarse a otros usos alternativos en lugares en los que también existen muchas necesidades. Es una puerilidad pretender que Ceuta sea el ombligo del mundo. La solidaridad bien entendida se practica en doble dirección.

En este sentido, la política del Gobierno de la Ciudad es impresentable. En primer lugar, el sistema impositivo que aplica es profundamente injusto y regresivo. El nuevo pago de la tasa de alcantarillado, vinculado al consumo de agua, es una  prueba irrefutable. El esfuerzo fiscal exigido a miles de contribuyentes de posición económica muy acomodada es ínfimo. Y en términos comparativos, muy inferior a la media del país. Es muy peligroso incurrir en el error de pasar de "agraviados" por las peculiaridades condiciones de Ceuta a insaciables parásitos "privilegiados".

Peor aún es la evaluación de la eficiencia del gasto público. No se puede pedir dinero para mejorar los servicios públicos, mientras se despilfarran miserablemente millones de euros en enchufar amigos, multiplicar hasta el infinito los altos cargos, pagar favores políticos, manejar medios de comunicación, comprar votos, adjudicar contratos innecesarios (o más caros de lo debido), patrocinar todo tipo de francachelas, saraos, viajes y dispendios para mayor gloria de unos vanidosos gobernantes sin la menor sensibilidad social...

No es moralmente lícito que el Gobierno proyecte la imagen de Ceuta como una ciudad egoísta e irresponsable, que busca dinero avariciosamente para que unos cuantos disfruten de privilegios desproporcionados, utilizando como coartada a los desfavorecidos para justificar el dinero que ellos mismos malgastan después en caprichos y fruslerías. No todos los ceutíes, afortunadamente, pensamos así.

La fórmula es muy sencilla: exigir a los ciudadanos con justicia y  gastar con pulcritud. Atendiendo prioritariamente a las necesidades sociales y siendo austero en los conceptos superfluos. A partir de ahí, sí se puede reivindicar con dignidad y decencia. El PP está en otro menester. Exprimir las arcas públicas sin pudor y en beneficio propio mientras dure el momio.