Un teléfono móvil publicado en la prensa local invita a obtener información sobre una promoción de viviendas de próxima construcción en la parcela denominada Huerta Téllez. El anuncio corresponde a una empresa privada de nombre prehistórico recientemente implantada en Ceuta. Al otro lado del auricular una voz amable desgrana las condiciones de la oferta. Una vivienda de ochenta y un metros cuadrados cuesta treinta millones de pesetas (veintinueve millones novecientas mil, para ser exactos). Respingo. No parece que Huerta Téllez guarde mucha similitud con Palm Beach. Pero estas son las cosas de Ceuta. Lo que, en principio, no debería ser más que una demostración más del característico abuso que sufren los ceutíes por todos los flancos, adquiere otra dimensión cuando se advierte que se trata de una promoción de viviendas protegidas, incluidas en el Plan de Vivienda 2005/2008, que con tanto entusiasmo y fruición difunde nuestro Gobierno, transformado en una peculiar versión institucional de "Manolo el del bombo". Además, en los impresos de solicitud que se facilitan en la oficina de la empresa privada, aparecen los anagramas de EMVICESA y de la empresa especuladora angelicalmente matrimoniados. Ya estamos ante un problema político.

La parcela en cuestión era propiedad municipal. Lo razonable es que EMVICESA, órgano especializado creado al efecto, hubiera asumido la construcción de las viviendas tal y como ha hecho con anterioridad en otras ocasiones con muy buenos resultados (Patio Páramo -quince millones por vivienda- o Avenida de Lisboa -doce millones-); pero los aires de modernidad introducidos por la corriente gilista en el Gobierno de Vivas, impusieron el criterio de que era mucho mejor (no sabemos todavía para quien, aunque ya se intuye con bastante claridad) ceder parte de la gestión del Plan de Viviendas a la iniciativa privada. Y así, por casualidad, recaló en Ceuta esta empresa procedente de Sevilla (del mismo lugar que el GIL rescató para mayor gloria de la política ceutí a la eminencia que hoy dirige los destinos de EMVICESA). Se refugio inicialmente en una asesoría regentada por un familiar directo del impenitente gilista. Por supuesto, por casualidad. Se quedó con la parcela a pesar de que ofreció menos dinero que otros aspirantes. Otra casualidad. Es curioso este axioma de la política local: el número de casualidades que se producen en torno a una gestión es directamente proporcional al volumen de recursos financieros que moviliza.

No obstante, la adjudicación de este pintoresco concurso fue recurrida y aún está pendiente de resolución judicial Ya en aquel momento, y como consecuencia de la polémica suscitada, algunas voces autorizadas vaticinaron que la clave de la operación estaba en activar cualquier "tipo de trampa" que permitiera eludir la obligación de vender a los precios máximos de protección oficial, con la obligada connivencia del poder político. Así ha sucedido. Según el propio informe de EMVICESA que consta en el expediente (uno de esos que tanto gusta exhibir a Vivas), esas viviendas no podrían superar, en ningún caso, los veinte millones de pesetas. Piden treinta. ¿Qué ha sucedido cuando se ha hecho público el desafuero? La reacción habitual. De repente, a todos se les ha puesto cara pánfilos y nadie sabe nada de nada. El Consejero de Hacienda, que acapara también el cargo de Presidente de EMVICESA en una decisión insólita (acaso para vigilar de cerca el negocio), tenía una oportunidad inmejorable de zanjar la controversia de una manera fácil, rápida y concluyente, aportando dos cifras: el precio máximo de las viviendas protegidas, y el precio al que se estén vendiendo los pisos. Sin embargo, se enredó en el improperio, limitándose a la descalificación y el desmentido de rigor, sembrando dudas e infundiendo sospechas. Como sarcástico colofón conminó a los ciudadanos a ejercer el control del cumplimiento de los contratos que firma el ayuntamiento. El Presidente, por su parte, siempre atento a intentar tapar con dignidad los continuos agujeros que van provocando los incompetentes (o demasiado competentes) que él mismo ha decidido incorporar a su Gobierno; ha declarado, con su cansino soniquete de ajada solemnidad, que si se confirman las irregularidades ellos serán los primeros en actuar. No es verdad. Porque, en este caso, la constatación de los hechos es extremadamente simple. Basta con que uno de esos integrantes de la interminable nómina de asesores ocioso haga una llamada a un número de teléfono, y pregunte. Prefiere fingir.