Juan Luis Aróstegui Ruiz es Licenciado en Económicas. Director del IES Puertas del Campo, Secretario General de la Unión Provincial de Comisiones Obreras en Ceuta (CCOO) y Fundador del Partido Socialista del Pueblo de Ceuta (PSPC) del que actualmente es Coordinador de Política Municipal. Fue concejal y diputado de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta entre 1.987 y 1.999, ostentando el cargo de Concejal de Economía y Hacienda entre Octubre de 1.988 y Mayo de 1991 en el Gobierno de PSOE-PSPC-CDS.
Columnista semanal de "El Faro de Ceuta" desde el año 2.001, con una sección titulada "El Dardo de los Jueves", donde da su visión sobre temas políticos y socialres, de actualidad o con repercusión en nuestra Ciudad. En el año 2.002 publicó un libro "Ceuta, a corazón abierto", en el cual se mostraba una selección de esos escritos publicados cada Jueves. |
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El Dardo de los Jueves
Ceuta, 3 de abril de 2008
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Sucia Limpieza
Juan Luis Aróstegui
El contrato que vincula al Ayuntamiento con la empresa que presta el servicio de limpieza pública es un segundo noray (el primero es la Manzana del Revellín) en el que se amarró el voto de censura que propició el asalto de Juan Vivas a la presidencia. El mismo sector del GIL que gestionaba la infame operación urbanística, había pergeñado una modificación del contrato de limpieza que elevaba considerablemente su importe y lo prolongaba en el tiempo, convirtiéndolo, de hecho, en una nueva adjudicación que soslayaba el precepto legal de la libre concurrencia de oferta. El PP era consciente de la ilegalidad que se estaba produciendo; pero aceptó continuar con la tramitación del expediente porque ésta era una de las condiciones exigidas por los tránsfugas para sumar el voto decisivo. El Gobierno, como en el asunto de la Manzana, se limitó a fabricar una coartada (con sus correspondientes informes técnicos) para encubrir la corruptela. En este caso, inventaron una auditoria (que nadie vio) y una ridícula encuesta (que nadie verificó). Lo cierto es que la empresa adjudicataria hizo un negocio redondo, alguien (más o menos conocido y huido) también; y el Gobierno de Vivas quedó lacrado por un pecado original emanado de la más vil corrupción del que nunca podrá desprenderse. Eligieron el poder frente a la ética. Por otro lado, se da la circunstancia de que la empresa en cuestión forma parte de un potentísimo grupo empresarial, con influyentes tentáculos políticos, que está muy bien considerado y tratado por el PP local (y nacional). Esta simbiótica relación, genera un complejo entramado de ramificaciones en diversos ámbitos y sectores, que facilita una gestión flexible e intercambiable de los movimientos financieros para adecuarlos a los intereses coyunturales de quien los administra, sin dejar rastro y sin mermar los beneficios empresariales en su conjunto. Como consecuencia de estos hechos, todo cuanto sucede en relación con el contrato de la limpieza pública está siempre rodeado de opacidad, misterio y sospecha. No ha sido una excepción la decisión del Gobierno de la Ciudad de participar, por primera vez, en la negociación del Convenio Colectivo del sector, garantizando en la propia Mesa las subidas salariales pactadas entre trabajadores y empresarios, cuando la huelga convocada se hacia inminente. La situación planteada por la huelga de limpieza no deja de ser una trampa diabólica. En efecto, la huelga se promueve contra la patronal que es la única competente para acordar las condiciones laborales con sus trabajadores; pero los efectos de la huelga no recaen sobre las empresas (a las que poco o nada les importa el estado de suciedad de la Ciudad) sino sobre la institución pública que es la titular del servicio, pero que, paradójicamente, no tiene capacidad de decisión en la negociación. Es absurdo. Aunque un absurdo cuyo único responsable es el Gobierno por elegir un modelo de gestión indirecta para un servicio público de estas características. Ante una tesitura difícil, el Gobierno, en un evidente exceso de confianza motivado por su autoconciencia de impunidad, optó por intervenir directamente, asegurando a las empresas la revisión de los contratos y trasladando a las arcas municipales los incrementos salariales (notoriamente superiores al IPC). La oposición ha calificado dicha actuación como ilegal. Con toda la razón. Es indiscutible. El Gobierno no puede asumir compromisos económicos más allá de la limitación impuesta por su propio contrato que, en este caso, es el IPC. La polémica está servida. El Gobierno se pertrecha tras un argumento de orden moral: la sensibilidad hacía un colectivo de trabajadores que faena en un sector muy duro, que presta un servicio esencial, y cuyas retribuciones son manifiestamente mejorables; añadiendo que los beneficios empresariales no se verán alterados. El razonamiento sería aceptable, incluso por la oposición, si fuera verdad. Pero no lo es. En primer lugar, porque tendría que haber demostrado que la empresa carece de margen para absorber los nuevos costes salariales. Resulta inaudito que se haya mantenido un debate económico sin aportar una sola cifra. El Gobierno, para ser creíble, tendría que haber desmenuzado la cuenta de explotación de la concesión, desglosando los costes reales del servicio y cuantificando el beneficio que obtiene la empresa. Y en ese contexto, explicar sus decisiones. Su oscurantismo y nerviosismo delata suciedad. Por su parte, es rotundamente falso que el Gobierno se sienta sensibilizado con los problemas de los trabajadores. Si hubiera sido así, cuando aprobó las dos modificaciones del contrato, habría establecido por su propia iniciativa los salarios dignos que ahora dice, cínicamente, defender. Tuvo la oportunidad y no lo hizo. El Gobierno lo que ha hecho, única y exclusivamente, es pagar para evitar la huelga y salvar su imagen. La obsesiva preocupación. Los compromisos clandestinos alcanzados por el Gobierno con el grupo empresarial (que conserva indemne su enorme beneficio), se irán materializando en el futuro sibilinamente dosificados para burlar todos los controles administrativos. El Gobierno ha comprado ilícitamente su tranquilidad hasta después de las elecciones. Por último, una anécdota curiosa. En el Pleno de la Asamblea estaba defendiendo la posición del Gobierno la Consejera de Medio Ambiente. De repente, el Presidente irrumpe, y para zanjar el asunto, asume personalmente la responsabilidad de la decisión. No aportó ni más ni mejores argumentos que la Consejera. ¿Por qué lo hizo? A la vista de que la ilegalidad era irrefutable, recurrió a la vía mesiánica. Lo que es ilegal para una mortal (la Consejera), y por tanto inaceptable; es comprendido, justificado, y hasta alabado por la ciudadanía si el acto proviene de alguien investido de una autoridad moral muy superior para el que las leyes no pueden ser obstáculo alguno. Esto sucedió después de haberse fotografiado con las tropas españolas desplegadas en Kosovo en un intento patético de emular al Presidente de los Estados Unidos. Si alguien no lo remedia urgentemente, este hombre termina hablando con Dios.
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