El Gobierno de la Ciudad, sacudido por la onda expansiva melillense y espoleado por su partido, ha pretendido transformar la inquietud de un colectivo de militares por un posible cambio de destino en un problema político de envergadura y trascendencia para Ceuta y su futuro. Es una reacción que no se compadece con su empalagoso discurso oficial. Los profetas de la mesura, la prudencia y el optimismo, insensibles ante hechos auténticamente espeluznantes, se han revuelto con inusitada virulencia contra una irrelevante decisión gubernamental de carácter técnico, que nadie ha sido capaz de demostrar, hasta ahora, que pueda perjudicar a la Ciudad.

Es muy sintomático que el PP haya prescindido de la reflexión argumentada, sustituyéndola por una obscena apelación a la emotividad para instigar una movilización social absolutamente injustificada.

Como cuestión previa, es necesario dejar constancia de que este asunto tiene su origen en el Plan de Organización de las Fuerzas del Ejército de Tierra, que fue aprobado hace dos años. La obligación del Gobierno de la Ciudad (saturado de asesores hasta el esperpento) y de los parlamentarios ceutíes (elementos decorativos de lujo), era haber analizado los fundamentos y objetivos del documento, y plantear los reparos u observaciones precisos si efectivamente incluyera medidas perniciosas para Ceuta. El silencio supone una aceptación implícita. Es más,  el Gobierno de la Ciudad siempre se ha manifestado plenamente identificado con todas y cada una de las decisiones del Ministerio de Defensa al que se ha dedicado a ensalzar hasta el sonrojo (podemos recordar el servilismo mostrado cuando se descubrió el espionaje a civiles). Para nuestro egregio presidente, todo lo que hace el ejército bien hecho está. Habrá que explicar muy bien esta excepción para que sea creíble.

En principio, no parece muy discutible la necesidad de reorganizar y modernizar las unidades del ejército de tierra para dotarlas de mayor operatividad y eficacia, en un nuevo contexto definido por otros parámetros técnicos y estratégicos. Si de ello se deriva una reestructuración de las plantillas actuales hay que asumirla con naturalidad como una servidumbre insoslayable de la función pública. Según la información más fiable ofrecida hasta el momento, la guarnición presente en Ceuta se verá incrementada en doscientos soldados, mientras que el número de mandos sufrirá un recorte de ciento cincuenta unidades. Dejando al margen posibles consideraciones de orden técnico, la operación de ajuste desde el punto de vista político es absolutamente inocua. Quizá por ello el PP, incapaz de mantener el debate en términos de racionalidad, lo ha desplazado al terreno de la sensibilidad buscando la complicidad de una ciudadanía muy vulnerable sentimentalmente. Es la invariable fórmula que tanto éxito electoral les ha proporcionado. Mienten. Palabras hermosas que sólo esconden intereses mezquinos. El PP ha dicho, con la intención de soliviantar  a la población, que la aplicación de este plan supone menoscabar la españolidad de Ceuta dejándola indefensa ante Marruecos, que implica un grave desarraigo de la población, y que provocará un enorme impacto en la economía local. Nada de esto se sostiene desde un análisis mínimamente serio y riguroso.

La españolidad de Ceuta no se va a dilucidar en un campo de batalla. Es impensable una acción militar de Marruecos contra España en las actuales circunstancias; pero aunque así fuera, los sistemas defensivos han sufrido notables cambios en el último siglo. Decir que la defensa de Ceuta depende del número de militares presentes en la Ciudad es una falacia impropia de personas que ocupan cargos de gran responsabilidad, entre otras cosas porque, en ese caso, habrá que convenir que cuando se redujo la tropa a menos de la mitad (gobernaba el PP) se estaba reduciendo en la misma proporción la garantía de españolidad. Un absurdo.

El impacto económico es inexistente. Es más, probablemente la demanda interna se vea incrementada, ya que aunque es cierto que las retribuciones de los mandos son superiores a las de los soldados, la propensión al consumo de éstos es mucho mayor. Las rentas más altas destinan una proporción más elevada al ahorro y a la inversión, normalmente fuera de Ceuta.

Es cierto que el desarraigo (de manera más acentuada entre los jóvenes) es uno de los problemas claves de nuestra Ciudad. Ojala nunca tuviera que emigrar ningún caballa de los que quieren de verdad a esta tierra. Desgraciadamente sucede con excesiva frecuencia. Y nos debilita. Pero no se puede presentar como un problema especial de desarraigo el hecho de que ciento cincuenta funcionarios cambien de destino. En primer lugar porque no es un número suficientemente significativo, o mejor dicho, no más que el de otros casos (recordemos el éxodo de jóvenes maestros ceutíes que sufrimos en su día). En segundo lugar porque aún no se conoce el grado de "arraigo" real (no económico) de los afectados. Y por último, porque dada su condición de funcionarios, no les está vedada la posibilidad de retornar si así lo desean.

Es perfectamente comprensible el nerviosismo, el enojo y la desazón de cualquier familia que de manera repentina se vea obligada a cambiar de residencia alterando su modo de vida; aunque en el caso de los militares este efecto debe estar atenuado, pues no en vano la movilidad forzosa es una característica intrínseca a su condición, que deben tener interiorizada y asumida, y que justifica, entre otras cosas, el disfrute privilegiado de viviendas públicas o la gratuidad de la travesía del estrecho. Lo que resulta estridente es que el PP pretenda conferir naturaleza de problema político a una situación que se vive a diario en Ceuta sin concitar la menor atención ni preocupación. Quizá la explicación está en la férrea y activa comunión que existe entre este colectivo y el PP. Los parados y jóvenes emigrados, sin filiación ni simpatías políticas declaradas, son invisibles. En realidad, como siempre, el PP se limita a defender su propio interés. En esta ocasión, un puñado de votos.