El servicio público de transporte marítimo que conecta Ceuta con Algeciras es objeto de permanente preocupación entre la ciudadanía. No en vano actúa como el cordón umbilical que nos une al conjunto de nuestro país. Esta preocupación, devenida en irritación generalizada, ha ido creciendo en la medida en que cada vez son más los ceutíes que tienen algún tipo de interés en la península como consecuencia de una progresiva mejora de su poder adquisitivo. El tráfico de residentes se ha intensificado notablemente por motivos muy diversos, que oscilan desde procurarse una  atención sanitaria de mayor calidad a disfrutar de una segunda vivienda, pasando por cursar estudios universitarios, efectuar compras a precios más competitivos o, sencillamente, encontrar ocio alternativo.

Los precios son prohibitivos y abusivos (excepto, incomprensible e injustamente, para los militares). Un escándalo. La condición de rehén a la que nos vemos sometidos, como consecuencia de la utilización forzosa de este medio de transporte, nos convierte en víctimas propiciatorias para generar unos beneficios desproporcionados que, no olvidemos, terminan en algún bolsillo. Convivimos con este fenómeno desde hace décadas. Ya es un clásico en tertulias y mentideros la crítica a los precios del billete de barco. Por eso resultan sorprendentes los revuelos que se producen cíclicamente en la opinión por el mismo motivo. Recientemente hemos asistido  a uno de estos torbellinos mediáticos que ha derivado en inofensivas iniciativas políticas. El detonante ha sido la supresión de las bonificaciones que venían practicando las compañías en temporada baja, coincidiendo con las vacaciones de Semana Santa. La vuelta a la cruda realidad ha soliviantado a una población que ya se había acostumbrado a unas condiciones muy favorables, sin indagar en las razones económicas que las habían inspirado. La protesta airada de los clientes es aceptable. Un incremento súbito y brutal de cualquier precio, provoca indignación. Pero lo que provoca repugnancia hasta la náusea es la reacción del Gobierno de la Ciudad, secundado por el PSOE, fingiendo ponerse al lado de los damnificados, cuando ellos son los responsables directos, y únicos, de cuanto está sucediendo. El truco para engañar a la opinión pública es desviar la culpabilidad a las compañías navieras. Definitivamente, han hecho del cinismo su modo vida.

En primer lugar, es conveniente dejar muy claro que las empresas navieras están actuando de manera ortodoxa, ajustándose a los parámetros normalizados de la política de precios que se aplica en el sector del transporte. Su referencia básica (su razón de ser) es la obtención del máximo beneficio posible. Reducen el precio para estimular la demanda cuando ésta decae, e incrementan el precio cuando la demanda se recupera. Es exactamente lo que hace RENFE con sus "días azules" desde tiempo inmemorial, las autopistas de peaje o cualquier empresa moderna de transporte aéreo. Si el precio no está intervenido, ¿cual es la razón para exigir moderación a estas entidades privadas? ¿Por qué se pretende que empresas privadas, que ni siquiera están radicadas en Ceuta, sean sensibles con los problemas de los ceutíes?

El origen del problema está en el modelo elegido, irresponsablemente, por la administración para prestar un servicio público esencial sin opciones alternativas. De manera errónea, y apoyado por una influyente corriente de opinión isntigada por las organizaciones empresariales, tanto el PP como el PSOE, aceptaron que la libre competencia (asegurando la presencia de una línea mediante concurso público) era el sistema ideal para mejorar precio y calidad. Era un planteamiento absurdo, porque en los casos de servicios de demanda muy rígida (como el que nos ocupa), las leyes del mercado no operan plenamente. Esto es, en términos económicos, una simpleza; por ello extraña la equivocación, e induce a sospechar que la vinculación entre los grupos empresariales beneficiados y los partidos políticos va más allá de lo confesable. Cedieron una mina de oro para que el interés particular la gestionara arbitrariamente, y sin restricciones de ningún tipo.

Lo cierto es que, en la actualidad, existen cuatro compañías prestando el servicio, y entre alianzas, absorciones, fusiones, acuerdos, "pules" y demás artimañas, la subida de precios no cesa. Esto ha sucedido con la anuencia, la protección, e incluso el impulso de los Gobiernos, tanto del PP como del PSOE; que han sido cooperantes necesarios del latrocinio. Así se explica que el inventario de actuaciones del Gobierno de la Ciudad en esta materia esté vacío.

La única manera de cambiar realmente esta dinámica es promover la intervención pública. Bien participando directamente en el mercado con una compañía pública que garantice precios asequibles; o bien mediante un contrato de servicios que permita la intervención de precios. Pero esto no ocurrirá, porque ni PSOE ni PP, tienen voluntad para ello. Ya conocen muy bien la desidia de este pueblo. Lanzan un discursillo lacrimógeno tan hipócrita como estéril, y a esperar que las críticas amainen. Los precios desorbitados continuarán asfixiando a los ceutíes, las charlas privadas seguirán salpicadas de aspavientos  y huera indignación, en espera de que lleguen las elecciones para correr solícitos a votar con disciplina y contumacia a los mismos partidos. Y es que el cinismo parece ser contagioso.