El Gobierno ha comprometido su propia razón de ser en una gestión monográfica que gira en torno a la macro operación urbanística y patrimonial, que se pretende desarrollar en el centro de la ciudad, y cuyos proyectos básicos (la manzana y el soterramiento) están sustancialmente afectados por notorias sospechas de corrupción. El prestigio y la credibilidad, acumulados por el Presidente durante su brillante trayectoria política, se están invirtiendo en revestir de buena práctica de gobierno lo que no es más que una impúdica trama de intereses espurios. Es difícil explicarse lo que está sucediendo sin dudar de la integridad moral de sus protagonistas. De manera sorpresiva y vertiginosa se han comenzado a producir hechos insólitos, presididos por la opacidad y la precipitación, que amenazan con colapsar el desenvolvimiento financiero de la institución durante décadas. El Presidente ha traicionado sus principios y liquidado su talante. Un reguero de hipotético dinero sucio subyace bajo la perplejidad. A pesar de la omnímoda influencia mediática que ejerce sin escrúpulos este Gobierno, es muy complicado ocultar toda la verdad cuando la trapacería se desborda a raudales. La ciudadanía se cuestiona, cada vez con más indignación, las insolventes explicaciones que ofrecen los demudados portavoces gubernamentales. Esta imprevista reacción popular ha desatado los nervios del entorno presidencial, hasta provocarle un febril estado de paranoia. Ya suenan los clásicos argumentos genuinos de los caudillos mesiánicos, que se identifican a sí mismos con el pueblo y los destinos históricos.

El último episodio de esta patología institucional es la anunciada existencia de una "mano negra". Acusación acompañada de sentencias lapidarias contra quien tenga la osadía de oponerse a los proyectos del PP. Todo ello porque el Ministerio de Hacienda ha advertido al Ayuntamiento de que la parcela del actual mercado, sobre la que se proyecta el soterramiento, pertenece al patrimonio del Estado. Tal y como figura en el registro de la propiedad. ¿Cómo es posible que una observación tan obvia e insignificante provoque una reacción tan iracunda? El tiempo es la clave en todo este asunto. Están obsesionados con finalizar la obra en esta legislatura. Cualquier incidente que pueda demorar sus planes les irrita y convulsiona. Extraño. Depende. El soterramiento del tráfico por la Plaza de la Almina es la obra pública más cara de la historia de Ceuta (se calcula que puede alcanzar los quince mil millones de pesetas, aunque el precio de partida sean trece mil). En estos momentos el Ayuntamiento no dispone de capacidad para afrontar su financiación, por eso han elegido el denominado "método alemán", que permite diferir el pago hasta que la obra esté concluida, incluso sabiendo que no se ajusta a la legalidad: este procedimiento está reservado para el estado y las comunidades autónomas (Ceuta no lo es); sólo es de aplicación para carreteras, túneles y otras infraestructuras de medio ambiente (el soterramiento no lo es); excluye expresamente las obras de demolición (en este caso se incluyen); y no admite la acumulación de obras (como la adecuación de la manzana del revellín para ubicar el mercado). Por inverosímil que parezca ya se conoce el nombre de la empresa que va a resultar ganadora del concurso que aún no se ha convocado. Sólo cuando se produzca el acto del abono comenzará a girar la ruleta de la fortuna. De ahí el interés en que esta eventualidad se produzca antes de las elecciones, ya que en caso contrario puede verse alterado el colectivo de potenciales agraciados.

Para enmascarar este espeluznante complot se han envuelto en la bandera del "interés general", el "bienestar de los ceutíes" y el "futuro de Ceuta". Palabras que en boca del PP cada vez suenan más huecas, más cínicas, más falsas. El interés general de Ceuta no lo pueden definir tres personas y tres empresas en sórdidas salas de hotel. Aunque tengan muchos votos. Las ideas que pueden hipotecar el futuro en uno u otro sentido, requieren información, reflexión y debate público. En caso de materializarse las intenciones del Gobierno, se habrán invertido más de treinta mil millones de pesetas en la zona comprendida entre la Plaza de la Constitución y la Plaza Ruiz (sin contar con las obras ya realizadas) ¿Puede permitirse este lujo una Ciudad cuyas barridas periféricas carecen de los equipamientos más elementales? ¿Es lícito desatender las necesidades básicas de miles de ciudadanos para satisfacer la vanidad o el interés de un grupúsculo de políticos megalómanos, presuntuosos y ensoberbecidos?