Juan Luis Aróstegui Ruiz es Licenciado en Económicas. Director del IES Puertas del Campo, Secretario General de la Unión Provincial de Comisiones Obreras en Ceuta (CCOO) y Fundador del Partido Socialista del Pueblo de Ceuta (PSPC) del que actualmente es Coordinador de Política Municipal. Fue concejal y diputado de la Asamblea de la Ciudad de Ceuta entre 1.987 y 1.999, ostentando el cargo de Concejal de Economía y Hacienda entre Octubre de 1.988 y Mayo de 1991 en el Gobierno de PSOE-PSPC-CDS.

Columnista semanal de "El Faro de Ceuta" desde el año 2.001, con una sección titulada "El Dardo de los Jueves", donde da su visión sobre temas políticos y socialres, de actualidad o con repercusión en nuestra Ciudad. En el año 2.002 publicó un libro "Ceuta, a corazón abierto", en el cual se mostraba una selección de esos escritos publicados cada Jueves.







El Dardo de los Jueves
Ceuta, 27 de marzo de 2008
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Informe técnico
Juan Luis Aróstegui
 

"Tenemos cuatro años para hacer lo que nos de la gana". Esta frase, tosca y casi soez, pronunciada por el máximo dirigente del PP en Ceuta, sintetiza con rotunda nitidez el espíritu que impregna el comportamiento del Gobierno de la Ciudad. Es el modo de concebir la política de una camada de sujetos sin escrúpulos, ávidos de poder, que explotan la indiferencia de los ciudadanos para lograr unos ingresos (legales, ilegales o inmorales), unas prebendas y una posición social que por sus méritos personales jamás habrían podido ni imaginar. Ayunos de ideales y principios, se prestan a  un impúdico intercambio de corruptelas que los blinda mutuamente ante cualquier atisbo de sanción o intento de depuración; pero que al mismo tiempo, los deja atrapados irremisiblemente en su maquiavélica red. Es un código muy similar al  que rige en la mafia.

El cuerpo electoral se entrega con generosidad a las siglas del PP (aún viviendo de los réditos del Islote Perejil) y a la atractiva personalidad de Juan Vivas. Es el deslumbrante e hipnótico escaparate tras el que se oculta una enorme ciénaga de mezquinos intereses particulares librando un feroz combate para saquear los fondos públicos. Ya apenas quedan excepciones. Tras la más insignificante gestión se esconde una trapacería. Actúan así porque se sienten seguros en su impunidad. Saben que los ciudadanos viven al margen de sus trapisondas y que, aunque lleguen a conocerlas, serán disculpadas o minimizadas por la mayoría en aras a otros valores (materiales) más apreciados. La moral pública en Ceuta ha llegado a un nivel de degradación  difícil de asumir sin avergonzarse.

Lo que todavía permanece como interrogante es la razón que ha llevado al Presidente a propiciar esta situación. No se sabe si ha sido víctima de un singular "síndrome de Estocolmo", si se ha visto superado por el aparato de su propio partido, o si por el contrario está poniendo en práctica un meticuloso plan inteligentemente premeditado. Lo cierto es que, de un modo extraño y sorprendente, él está siendo plenamente partícipe de este indecente festival de la arbitrariedad. Identifica su voluntad con la ley natural. No existen límites para sus deseos. Y, además, pretende (utópicamente) que su imagen quede impoluta.  Para ello ha descubierto como herramienta infalible el celebérrimo "informe técnico". Cualquier decisión, por disparatada que sea, incorpora su correspondiente informe técnico que la convierte ante la opinión pública en un prodigio de seriedad y cabalidad. Así nos hemos encontrado cómo sendos informes técnicos han conseguido que Ceuta sea una Comunidad Autónoma (al parecer por analogía); y que el ayuntamiento sea propietario de la parcela sobre la que está el mercado central, aunque figure en el Registro de la Propiedad con otro titular. Son ejemplos muy recientes de lo que ya es un bochorno habitual.

El método es muy simple. Si el informe es externo, el truco consiste en ir elevando el precio hasta que el dictamen coincida milimétricamente con las intenciones del pagador. Uno de los informes claves del traslado del mercado a la Manzana del Revellín, tuvo que ser reelaborado cuatro veces hasta que, finalmente, sus párrafos definitivos (dictados telefónicamente desde el propio ayuntamiento) consiguieron dar cobertura adecuada al dislate. En caso de que el expediente requiera la existencia de un informe interno, se recurre a la asfixiante presión sobre los empleados públicos. Abusando de la confianza, de la precariedad en el puesto de trabajo, de los incentivos económicos o de las expectativas de promoción profesional; enfrentan al indefenso funcionario a la tesitura de plegarse a la voluntad del poder o buscarse el destierro administrativo en cualquiera de sus más crueles modalidades. Los encargos se hacen ya siempre bajo la misma consigna: "Hazme un informe que diga que..."

Todos los signos externos corroboran la versión de que el Presidente ha iniciado una política de "tierra quemada" (cuyo exponente más sintomático es la irresponsable hipoteca de los futuros presupuestos), de la que no queda a salvo ni la labor de los funcionarios, cuya credibilidad no ha vacilado en arruinar si con ello se procura eficientes coartadas para sus turbios manejos.

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