El régimen económico y fiscal especial constituye una pieza básica del armazón legal sobre el que se sostiene nuestro proyecto de Ciudad. Es una patente histórica y un axioma de futuro. Y sin embargo, se observa una creciente debilidad en sus anclajes, auspiciada por la desidia o el desinterés de los dos partidos grandes que se alternan en el Gobierno de la Nación.

La consolidación definitiva, garantizando su seguridad jurídica, recomendaba la aprobación de una ley específica que refundiera, ordenara y sistematizara el conjunto de medidas que en la actualidad se encuentran dispersas y sometidas a una provisionalidad siempre amenazante. Está posibilidad fue desechada por el Partido Popular alegando que un texto de estas características no superaría los filtros impuestos por la Unión Europea, y que era más práctico seguir empleando la técnica del camuflaje. El PSOE sí era partidario de la ley. Al menos en campaña electoral. Hasta el extremo de que presentó, y explicó, en Ceuta un borrador. Ganaron las elecciones, y la promesa, como es habitual, se escurrió por el sumidero del olvido.

Una alternativa interesante consistía en incluir los aspectos esenciales del régimen especial en el nuevo Estatuto de Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta que éste hubiera pasado a formar parte del llamado bloque de constitucionalidad, alcanzando el mayor rango jurídico posible en nuestro país. Tampoco pudo ser. El pacto de traición sellado implícitamente entre PP y PSOE para condenar indefinidamente a Ceuta a la marginalidad, abortó el sueño de los ceutíes de ver cumplida la Transitoria Quinta.

De este modo, lejos de fortalecer los asideros políticos y legales de este sistema compensatorio, se está consintiendo el progresivo deterioro que provoca su obsolescencia. Como ejemplo muy claro podemos comprobar la situación del Plus de Residencia de los trabajadores de la empresa privada, cada vez más cuestionado y ya excluido de muchos sectores y empresas ante la indiferencia general.

En idénticos términos de inquietud podemos hablar de las bonificaciones a las cuotas de la seguridad social. Este mecanismo alivia la cuenta de explotación de más de mil empresas locales, mejorando su competitividad; y eleva el salario de unos cuatro mil trabajadores. Esta es la última aportación al perfeccionamiento y actualización del régimen económico y fiscal de Ceuta. Es justo reconocer el mérito al Gobierno del PP que lo implantó. Pero lo hizo a regañadientes. Por ello, la norma que lo sujeta es muy inconsistente, está sometida a condiciones muy subjetivas de continuidad y se aplica de manera discriminatoria porque sólo afecta a cuatro sectores productivos. Lo razonable hubiera sido aprovechar esta legislatura para afianzar esta medida. Ampliando su ámbito de aplicación, aumentando el porcentaje de bonificación, y reforzando su estabilidad. Ha sucedido todo lo contrario. El Gobierno de la Nación, claramente posicionado en contra de las bonificaciones (pero disimulando) ha encargado un informe para justificar su supresión. El informe es demoledor. Está escondido para no levantar una polémica electoralmente inoportuna. Pero el peligro es inminente.

El Gobierno de la Ciudad se ha desentendido del problema. Antes de las elecciones municipales aprobaron, con las consiguientes fanfarrias mediáticas, una moción para presentar una iniciativa legislativa que ampliara y extendiera las bonificaciones (un hito histórico, decían, con ese desmesurado boato provinciano que los acompaña). Se desvaneció con el recuento electoral revelándose como una mentira más.

Ahora se limitan a "chupar rueda" (expresión extraída del mundo del ciclismo, con la que se designa una actitud parasitaria, buscando sacar provecho del esfuerzo ajeno) de Melilla. Y esperan agazapados a que los movimientos reivindicativos de Melilla puedan dar sus frutos. Nuestro Presidente y su cohorte de miopes (alguno), aduladores (muchos) y corruptos (pocos pero muy influyentes) bastante ocupados están en intentar trasladar el mercado central a la Manzana del Revellín sin que se note demasiado el pelotazo.