El Gobierno de la Ciudad está  inmerso en una dinámica de subversión de todos y cada uno de los valores éticos que deben informar la actividad política. Sin explicación aparente (o confesable) se está convirtiendo, de manera muy meritoria, en un sólido referente de la pedagogía de la corrupción. La última proeza en esta materia, liderada por el propio Presidente, ha sido la exaltación pública de las virtudes del transfuguismo.

El equipo de Gobierno de la Ciudad (notoriamente desproporcionado) está saturado de elementos procedentes de ideologías contrarias al PP, en especial del extinto GIL, partido que se caracterizó durante su corto recorrido en Ceuta por denostar con una fuerza inusitada al PP en general, y a sus principales dirigentes en particular. Para rematar la perplejidad, el Presidente designa como cargo de su máxima confianza, haciendo funciones de comisario político al uso, a un militante del PSOE. Las críticas surgen a borbotones. En primer lugar, es muy difícil digerir que para gestionar un Ayuntamiento de setenta y seis mil habitantes (la mitad del término municipal de Algeciras), un partido con tres mil afiliados y diecinueve concejales necesite, además de mil cuatrocientos funcionarios y setecientos empleados de empresas municipales, una interminable lista de Consejeros, Viceconsejeros, Directores Generales, Directores Técnicos, Asesores, Gerentes y un Gabinete "Técnico", todo ello muy generosamente remunerado. Evidentemente, el interés de tan desmesurada nómina de cargos políticos reside en los propios beneficiarios, no en el interés general (tan manoseado por el Presidente). A este respecto no conviene olvidar, nunca, que tan monstruoso gastos público es sufragado por los impuestos de los ciudadanos, en muchos casos, con un gran esfuerzo personal. La costumbre no legitima la ignominia. Pero es que, además de esta obvia exageración, carece por completo de sentido que los cargos públicos sean reclutados al margen de la ideología que profesan. El fundamento esgrimido por el Gobierno para justificar este hecho es que "hacen bien su trabajo" y que "todo el mundo tiene derecho a cambiar de forma de pensar". Son argumentos falaces que esconden una preocupante quiebra de principios.

Uno. La política ni puede ni debe ser considerada un trabajo. La profesionalización de la actividad política es una perversión en sí misma. En la administración trabajan los empleados públicos. Los políticos sólo ejercen la capacidad de decisión, atendiendo a los criterios ideológicos o programáticos establecidos por los partidos políticos y avalados por los votantes (precisamente por ello no se les exige una cualificación especial). Es cierto que determinados puestos (muy pocos) requieren una dedicación a tiempo completo y ello justifica una retribución; pero de ahí a convertir en profesional a todo aquel que se hace amigo del jefe de turno, media un abismo.

Dos. Quizá lo más grave que le puede ocurrir a la política es que la despojen de su carga ideológica. La política sin ideas es tan solo un mezquino trasiego de intereses. Por eso el transfuguimo es un veneno letal, que se combate con firmeza desde las más profundas convicciones democráticas. No se puede transmitir a la ciudadanía que un mismo individuo pueda defender públicamente un postulado ideológico y su contrario impunemente. La credibilidad del sistema se resiente. Las personas están en su perfecto derecho de cambiar sus pensamientos (aunque sea poco probable una vez alcanzada la madurez intelectual). Pero no es lícito ni pudoroso hacer ostentación pública de la incoherencia y la contradicción. Los conversos pueden ocupar un lugar muy digno en la vida interna de los partidos, realizando imprescindibles tareas domésticas o aportando sus iniciativas a la conformación del ideario. Pero esto nunca sucede. Curiosamente, los mutantes siempre saltan de despacho en despacho, de cargo en cargo, de sueldo en sueldo y de prebenda en prebenda. Porque los tránsfugas son, exclusivamente, individuos desvergonzados, sanguijuelas del poder, cuya única intención es mantener sus privilegios a costa de lo que sea. Ese "lo que sea", que siempre se mueve por el lado oscuro, es lo que debería explicar el Presidente a los ciudadanos, en lugar de blandir la laxitud moral como norma básica de conducta.