La educación ha vuelto a ocupar el centro de atención del debate político en nuestro país durante las últimas semanas. Es un fenómeno recurrente. Coincidiendo con la publicación de los indicadores sobre la calidad del sistema educativo (habitualmente negativos) se produce una tímida convulsión social alentada por remordimientos de conciencia tan súbitos como efímeros. Una vez reafirmada hipócritamente la premisa universal sobre la trascendencia de la enseñanza como motor del desarrollo social; y tras las estériles imputaciones mutuas  de rigor entre los partidos que se alternan en el gobierno de la nación, se abre el abismo de la soledad y la incomprensión en el que sólo se cultiva la desesperación de los agentes directos de la docencia rumiando su impotencia.

Esta actitud, generalizada, presenta en nuestra Ciudad perfiles más acusados y efectos más dramáticos. No en vano, Ceuta es la región española con el índice de fracaso escolar más elevado, superando en veinte puntos la media nacional (según el último informe oficial, el cincuenta por ciento de la población  escolar ceutí no supera la educación secundaria obligatoria). La mera enunciación de estos datos debería ser estímulo suficiente para que las administraciones concurrentes impulsaran una urgente movilización multidireccional en orden a extirpar una lacra de enorme alcance y profundidad. Sin embargo, ha ocurrido todo lo contrario. El silencio vergonzante se ha impuesto como única respuesta. Según la opinión del Gobierno de la Ciudad, refugiado en el argumento falaz de que no es competente en materia educativa, este hecho no merece siquiera  la celebración de una sesión plenaria (crearon una de esas comisiones inventadas para disimular que, evidentemente, no se ha reunido nunca). La Dirección Provincial justifica su pasividad alegando el escaso margen de maniobra del que dispone al ser un órgano exclusivamente ejecutivo. El Ministerio, distante e indiferente, carece del menor interés en el devenir de dos pequeñas ciudades que, además, le son notoriamente esquivas en sus preferencias electorales. Se limita a gestionar de  manera rutinaria y aséptica los mínimos legalmente exigibles.

De este modo, tal y como ha sucedido con el paro, el fracaso escolar ha sufrido un exhaustivo tratamiento de disipación dispensado en perfecta complicidad entre los dos partidos grandes. Eran dos purulencias que alteraban el estado de impoluta felicidad decretado por Juan Vivas. Así que lo ideal es hacerlas desaparecer del imaginario colectivo. Ya no existen. La fórmula es infalible. Se acondicionan soluciones parciales destinadas a las personas que tienen influencia en la sociedad para que no se sientan concernidas por estos problemas; mientras la mayoría silenciosa, integrada por la gente humilde, se ve impelida a arrostrar la dureza de los estragos que producen sumida en la sima de la resignación, sin voz, ni fuerza para la rebelión. En el primer caso (el paro), se reservan los empleos públicos, estables y muy bien remunerados, dejando la precariedad y el sufrimiento para los débiles. En el segundo (el fracaso escolar), se procuran una red de centros elitistas a modo de cordón sanitario, que garantiza buenas compañías y aislamiento de la conflictividad, abandonando a su suerte (mala) a quien no disponga de recursos para permanecer en los colegios privilegiados.

Pero el silencio sólo hace invisible la verdad. No la cambia. El paro y el fracaso escolar, tolerados irresponsable e interesadamente por el Gobierno de la Ciudad, siguen cavando una monstruosa zanja que parte nuestra Ciudad en dos mitades potencialmente antagónicas. Los promotores de esta perversa concepción de los fundamentos del modelo de Ciudad, egoístas sin escrúpulos, ensimismados en sus delirios de grandeza, se sienten ajenos a sus fatídicas consecuencias, porque cuando éstas tomen cuerpo en toda su intensidad, ellos ya estarán disfrutando de un plácido y gratificante retiro.