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Otro pelotazo

Juan Luis Aróstegui

La democracia española se sostiene sobre principios éticos muy frágiles. Una de sus características más notables es la asunción de la corrupción como un elemento consustancial de la actividad política. En España no se sanciona  electoralmente. Frases exculpatorias como 'todos son iguales' o 'todos hacen o harían lo mismo', son argumentos suficientes para hundir la corrupción en las profundidades del orden de prioridades hasta hacerla irrelevante para el cuerpo social. Es otra de las consecuencias de haber construido una democracia desde los cimientos de una dictadura corrupta en esencia, sin depurar las pertinentes responsabilidades históricas. La ciudadanía tiene la absoluta certeza de que todos los partidos se financian ilegalmente. Es una obviedad al alcance de cualquier observador. Y sin embargo, a nadie parece importarle. Atrás quedaron aquellos tiempos en los que sectores los sociales más  comprometidos con la honradez intentaron librar una batalla perdida de antemano contra el latrocinio institucional.

La aceptación de la corrupción como instrumento de financiación de partidos políticos y palanca de enriquecimiento de cargos públicos, ha conllevado la creación, por consenso, de un espacio de impunidad en el que los artífices de los negocios subterráneos se desenvuelven cómodamente, blindados ante las acciones judiciales, y revestidos de respetabilidad ante la opinión pública. Un enorme caudal de dinero manchado fluye por las cloacas de la vida pública, ocultadas tras la parafernalia de los araneros discursos oficiales. La maquinaria se ha perfeccionado de modo que los autores materiales de las fechorías están siempre a salvo de toda contingencia. Uno de los factores claves de este proceso  ha sido la generalización del procedimiento de 'concurso' para la adjudicación de los contratos de obras, servicios y suministros. La subasta era un sistema basado en criterios objetivos insoslayables que no admitía manipulación. La mejor oferta ganaba. No era necesario pagar a los políticos. Precisamente por ello ha caído en desuso. Ahora todos los contratos suculentos se tramitan por 'concurso', lo que significa que se adjudican atendiendo a parámetros subjetivos de valoración arbitraria. El resultado se ajusta como un guante a la voluntad predeterminada de los políticos que, previamente, han pactado la comisión con la empresa ganadora. La decisión se fundamenta formalmente en un informe técnico que exonera de toda responsabilidad al político. Los técnicos también quedan liberados porque a nadie se le puede obligar a ser un buen profesional.  Añaden la coletilla 'según nuestro leal saber y entender', y ahí se pierde el rastro de una posible acción judicial. Es imposible demostrar la intención que subyace en una opinión. El procedimiento es infalible. El político que se beneficia de la adjudicación elige a los técnicos que elaboran el informe. Si el informe no cuadra, se cambia de técnico. O se cambia al técnico.

Hace pocas fechas hemos tenido la oportunidad de comprobar la eficacia de este artilugio administrativo. La autoridad portuaria ha adjudicado un concurso consiguiendo demostrar, con su informe técnico correspondiente, que es más favorable una oferta que hace perder a la institución pública más de dos mil millones de pesetas. Portentoso.

El conocimiento de este 'modus operandi', es el que despierta toda clase de justificadas sospechas y suspicacias ante la descubierta operación de privatización de ACEMSA, por concurso, de la que sólo falta por fijar el momento idóneo (salvo que la presión social los haga desistir). ACEMSA es una empresa que opera en régimen de monopolio, prestando un servicio esencial de consumo obligatorio por todos los ciudadanos, lo que garantiza los ingresos sin riesgo empresarial alguno (mil doscientos millones de pesetas al año). La inversión del pretenciosamente llamado 'ciclo integral del agua' ha sido financiada con fondos públicos; y la plantilla de profesionales no puede ser sustituida, al menos, a corto plazo. ¿En qué se puede beneficiar el Ayuntamiento de una posible privatización? Evidentemente en nada. Es más, los beneficios de la nueva empresa deberán ser sufragados por los usuarios, subiendo las tarifas o reduciendo costes mediante la consiguiente precarización  del servicio. ¿Dónde está el interés de la privatización? En los miles de millones que escaparán al control público, de los que se desviarán pingues comisiones que irán a parar a bolsillos particulares. Eso sí, con su impecable informe técnico. Otro pelotazo disfrazado de interés general, eficacia y otras solemnes zarandajas.