El edificio conocido como la Manzana del Revellín, calificado como proyecto emblemático por el propio Juan Vivas,  y cuyo coste supera los cuarenta millones de euros, se está construyendo al amparo de una licencia de obras que ha sido declarada ilegal por sentencia firme. El Presidente ha reaccionado mostrando su satisfacción. Dice que está muy contento con la decisión judicial. Definitivamente, no hay hecho ni circunstancia capaz de perturbar la infinita felicidad que embarga a un hombre transubstanciado que ya levita por una dimensión ignota por la humanidad, ajeno a las miserias terrenales.

Lo que no ha explicado son los motivos que lo han inducido a aplazar durante más de cinco años este momento de intensa felicidad. La licencia se otorgó en agosto del año dos mil dos, bajo su mandato, y con su anuencia y beneplácito (aunque el autor material fuera el Consejero competente), a pesar de que sus asesores en materia urbanística le habían informado sobre la ilegalidad del proyecto. Una vez presentada la denuncia, decidió sacrificar su alegría, y contrató a un prestigioso gabinete de abogados al que ha pagado de decenas de millones de pesetas, para defender ante los tribunales la posición contraria. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el año dos mil cuatro, falló, dejando sin efecto la licencia por ser contraria al ordenamiento jurídico. Pero el abnegado Presidente fue capaz de contener la explosión de felicidad que se desató en su interior, y en lugar de acatar la sentencia, optó por recurrirla. Ahora la sentencia es firme. Ya no ha podido seguir escondiendo su júbilo. Por fin ha logrado su propósito. Ya no alberga dudas. Ahora es hombre plenamente feliz.

El Presidente de la Ciudad avaló y terminó de ejecutar uno de los casos de corrupción más estruendosos de la vida municipal contemporánea; que tuvo su origen en el Gobierno del GIL, y su continuidad con el Gobierno mixto entre el GIL y el PP, que ya presidía Juan Vivas en vergonzante camaradería con aquellos a los que él mismo había satanizado. Por su especial relevancia, conviene recordar las claves del asunto.

La parcela sobre la que se edifica la Manzana del Revellín era una propiedad municipal destinada por el PGOU (ratificado por la unanimidad de dos corporaciones) a "equipamiento cultural y espacios libres". El Gobierno del GIL, experto en especulación inmobiliaria y ávido de negocios, vende la parcela a una empresa privada amiga (que no desembolsó cantidad alguna), autorizándole a construir  más de ocho mil metros de locales comerciales (de un valor aproximado al millón de pesetas el metro cuadrado) vulnerando flagrantemente el Plan General de Ordenación Urbana. Dicho de un modo muy sencillo: dividieron en dos mitades la parcela, una para cumplir los fines del PGOU dando apariencia de legalidad, y otra para edificar un centro comercial, propiedad de la empresa afín. En el texto de la sentencia queda reflejada nítidamente la perplejidad de los jueces: "...insistimos por la extrañeza que supone, nos encontramos con un sistema general, equipamiento cultural y espacios libres, de evidente carácter público, en parcela de propiedad privada, adquirida de la propia Ciudad Autónoma". La conclusión era obvia, tal y como hace constar el tribunal: "estamos ante un evidente centro comercial, desvinculado de los espacios libres y del fin cultural, puesto que no existe proporción ni relación funcional que justifique tan extenso uso comercial para los fines públicos". Los argumentos que justifican la ilegalidad son aplastantes a fuerza de simples.

Cuando Juan Vivas fue elegido Presidente en dos mil uno, con los votos de quienes pergeñaron el pelotazo, la parcela estaba vendida pero aún no tenían licencia de obras. Era el momento de haber atajado tan execrable operación. Pero no ocurrió. Sospechosamente, quien conocía todos los entresijos del asunto, se había escandalizado con él, y lo había denunciado incluso en publicaciones de su partido, cambió bruscamente de opinión. Quizá tuviera algo que ver en este súbito cambio de actitud, que el principal protagonista de la corruptela (y que presumía, al parecer con razón, de controlar el "voto que faltaba" para que prosperara la moción de censura) fue nombrado Consejero y hombre fuerte del primer Gobierno de Vivas. Memorable foto de la primera piedra con la plana mayor del PP "poniendo la mano en el fuego por la honradez del siniestro personaje".

Y entonces emergió de entre la confusión, el socorrido "bien de Ceuta". Concepto subjetivo, abstracto, indefinido, e indemostrable; convertido en tabla de salvación intelectual y coartada para corruptos de toda condición y pelaje. Todo se hace siempre... "por el bien de Ceuta". De eso nos quiere convencer el Presidente de la Ciudad: le han regalado ocho mil metros cuadrados de todos los ceutíes a una empresa privada para hacer un fabuloso negocio, absolutamente ilegal... "por el bien de Ceuta". Cara de circunstancias. Meliflua voz de candidez, ingenuidad y bonhomía. Y pelotazo amortizado.

El Presidente debería saber, y practicar, que en un estado de derecho el concepto de "bien" es radicalmente incompatible con la transgresión de las leyes. Nada ilegal está bien. Ni siquiera en el caso de que tal circunstancia haya coadyuvado decisivamente a la instauración de su fantástico régimen de felicidad completa.