Los dos partidos grandes de ámbito nacional, PP y PSOE, cada uno a su estilo, han terminado desertando de la lucha por defender los intereses de Ceuta. Su claudicación ha arrastrado a una gran mayoría de ceutíes que se han reubicado en la acomodada trinchera de la contemplación melancólica, procurando dejar su destino individual a salvo de los avatares de un futuro incierto cada vez más inquietante. De este modo se está consolidando un modelo de Ciudad sustentado sobre una esquizofrenia social que amenaza movimientos deslizantes impredecibles. Unos por exceso y otros por defecto, a nadie parecen preocupar las enormes dificultades que sufren miles de familias ceutíes para satisfacer necesidades vitales; y las clamorosas deficiencias que padece nuestra Ciudad, sideralmente alejada de los parámetros mínimos de bienestar homologables al resto de comunidades españolas.

La incursión, aún breve y somera, en el espacio de las oportunidades públicas que se ofrecen a los ceutíes provoca una profunda desazón. El acceso a la vivienda es una quimera. Precios prohibitivos, dictados por una especulación desaforada cómplice del poder, arrebatan impunemente a la juventud su legítimo derecho a la emancipación. El empleo es un bien escaso administrado con usura por el Gobierno de la Ciudad. Produce grima comprobar la humillación a la que se ven sometidos ciudadanos honrados, viéndose obligados a figurar como fervientes aduladores de una turba de mediocridades para que ellos, o sus familiares, puedan trabajar. La sanidad espanta. En sentido literal. Todo el que tiene ocasión huye a la medicina privada o peninsular, ante el temor de ser atendido en las instalaciones del INGESA en condiciones deplorables (sólo salvadas por el comportamiento habitualmente ejemplar de los profesionales). Como sucede con la escolarización. Cada vez que se inicia un curso académico se desencadena un multitudinario, desesperado y frenético proceso por encontrar una plaza en la escuela privada. Pero todo tiene fácil solución. Basta con leer la prensa y regresar súbitamente al país de las maravillas.

El Gobierno de la Ciudad, henchido de su ensimismada felicidad, nos explica que ha puesto en marcha ciento treinta iniciativas en sólo cien días (treinta de ellos de vacaciones) que, según el sermón del Presidente, abarcan todos los ámbitos de la vida ciudadana y atienden las demandas fundamentales de la sociedad ceutí. Si tenemos en cuenta que alardean de llevar así más de seis años, a este ritmo lo más probable es que a partir de dos mil ocho tengan que empezar a resolver ya los problemas de otros municipios limítrofes.

No menos brillante y eficaz se ha mostrado el Gobierno de la Nación en su recorrido por los medios de comunicación. Entre la “magia semestral” de la sanidad y la “excelencia del sistema educativo” recientemente instaurada, nos ha deleitado con la presentación de los “mejores presupuestos de la historia”. No cabemos de gozo.

Decididamente el Delegado del Gobierno ha perdido el pudor, si se puede perder lo que nunca se tuvo. O bien ha llegado a la conclusión de que todos los ceutíes son rematadamente idiotas. Por ello, cuando llegan estas fechas, nos obsequia con un festival de cifras trucadas. Los mismos proyectos, que siempre se anuncian y nunca se materializan, reaparecen como viejos fantasmas para dar lustre a las cuentas falsas del Gobierno. Todo ello aderezado, como no,  con la cuota anual correspondiente de la inversión del hospital. Han tardado más de veinticinco años en empezar a construirlo. Y piensan estar otros veinticinco intentando rentabilizarlo electoralmente. Así, sumando lo que ya está hecho con lo que nunca van a hacer, nos quieren convencer de que Ceuta está a la cabeza de las prioridades del Gobierno. Indigesta desfachatez. Más curioso, por reaccionario, es el argumento en el que se apoya. Utiliza como ratio comparativa de la inversión el PIB regionalizado y el porcentaje de población. Desde una perspectiva mínimamente solidaria, ambos son parámetros perversos si se utilizan en términos estrictamente aritméticos, ya que una estimación basada en ellos sólo sería fiable partiendo de un nivel de infraestructuras y servicios públicos homogéneo. Evidentemente no es el caso. En España existe un fuerte desequilibrio territorial. Por ello, la medida justa del esfuerzo inversor debe computar los déficits estructurales que presenta cada comunidad. Comparando la inversión prevista con la inversión necesaria, los presupuestos destinados a Ceuta son, como siempre, los peores de España.