El ejercicio del poder desde una posición electoral exageradamente hegemónica, como es el caso del PP en nuestra Ciudad, comporta el riesgo cierto de que queden inoperantes los fusibles que protegen el sistema democrático de los abusos y atropellos de los gobernantes. Un apoyo social desbordante mal digerido por sus receptores, puede provocar en éstos un estado de levitación o delirio que los lleve a difuminar, cuando no borrar, el contorno de la legitimidad que otorgan las urnas. Resulta extremadamente pernicioso que quien administra la autoridad no se sienta concernido por los límites que establecen los fundamentos democráticos, elevando a la categoría de legítimo cuanto emane de su voluntad. La intensidad con la que actúa este fenómeno suele ser inversamente proporcional a la formación intelectual de los afectados. Por ello, y tomando en consideración las características del grupo humano elegido por el PP para gestionar su nueva mayoría absoluta, era fácilmente previsible que el Gobierno de la Ciudad se convirtiera en una víctima propiciatoria de este modo de patología política. A penas unas semanas han bastado para confirmar las predicciones más pesimistas.

Dos hechos (o más bien incidentes) ocurridos recientemente, ilustran con una gran nitidez expositiva este proceso degenerativo que se desarrolla silente y soterradamente, auspiciado por la condescendencia cómplice del Presidente.

Uno. Respuesta de un miembro del equipo de gobierno ante la publicación de una noticia incómoda en un medio de comunicación: “a éste, le cortamos el grifo”. Refleja con extraordinaria fidelidad el criterio y las prioridades que informan la distribución el gasto público en versión PP. Son los amos de la caja, y la utilizan como un instrumento más al servicio de sus propios intereses, frecuentemente espurios. La convicción con la que pronunció la sentencia, y el hecho de que se tratara de un personaje de segunda fila neófito en su cargo, denotan una práctica habitual interiorizada hasta el extremo de formar parte de la cultura del partido. La reiteración o las analogías no restan gravedad. No debemos acostumbrarnos a convivir con la corrupción. Destinar los impuestos de los ciudadanos a coaccionar, chantajear o sobornar a los medios de comunicación, con el fin de domesticarlos y eludir las críticas, no sólo es una ignominiosa mutilación del derecho esencial a una información libre, sino que supone además una intolerable malversación moral de fondos públicos.

Dos. Un ciudadano demandante de empleo, se siente agraviado por una resolución, que le priva de un puesto de trabajo al que piensa que tiene derecho. Al hacer patente su disconformidad, recibe la siguiente contestación del responsable político: “como se te ocurra protestar o denunciar, no vuelves a trabajar en Ceuta en tu vida”. Como émulos de los regímenes autoritarios más depravados, imponen el miedo como garantía de su permanencia en el poder. Han desaparecidos reservas, reparos y cautelas. Impera la ley de la mafia. El derecho es un eufemismo estético neutralizado por la venganza contra quienes se niegan a aceptar sumisamente las arbitrariedades de los que, no gobiernan, sino que mandan.

No son casos aislados imputables a sus protagonistas. Es un estilo de gobierno que se impone irrefrenablemente. Se sienten investidos de impunidad porque piensan que la opinión pública, absolutamente entregada a su causa, convalidará todos sus actos por execrables que sean. Así, la institución ha sido invadida por una plaga de matones de escasa talla, que exhiben la amenaza como único argumento, blandiendo su inmensa mayoría absoluta como razón inapelable para justificar sus desafueros.