Un corte de suministro eléctrico en Barcelona, que sumió en un notable desorden la vida ciudadana durante unas horas, ha situado en el ojo del huracán mediático el modo y condición en la que se está prestando este servicio esencial en nuestro país, desde que los sucesivos gobiernos de PP y PSOE hicieran prevalecer los intereses privados de las compañías (sospechosamente vinculadas a los partidos), frente a los intereses generales de una ciudadanía cada vez más inerme ante los flagrantes e impunes abusos de las voraces cuentas de explotación de los poderosos emporios financieros.

Evidentemente, no todos los apagones son equivalentes desde la perspectiva de su tratamiento político. En un régimen calculadamente asimétrico la repercusión de los hechos se mide en función del peso específico de sus victimas. Por ello el apagón de Barcelona se revistió de escándalo y activó todos los resortes de control de opinión pública, generando un voluminoso y exhaustivo caudal informativo sobre este asunto. Entre los muchos datos aparecidos, el diario El Mundo, publicó una clasificación de apagones, elaborada utilizando la duración de los cortes de suministro en las capitales de provincia durante el año dos mil seis. Gracias a ello hemos podido añadir un nuevo blasón a nuestra inigualable trayectoria de región calamitosa, que por otra parte, era fácil intuir. Efectivamente, en primer lugar, y como indiscutible campeón nacional de apagones, emergía rutilante el nombre de Ceuta, doblando a Huelva que ocupaba el segundo lugar y cuadruplicando la media del país, situada en poco más de dos horas. La definición de esta felicidad hemipléjica instaurada como única verdad oficial, digna de los estudios sociológicos más eruditos (incluso antropológicos); se continúa perfeccionando así misma. Ya hemos conseguido ser la Ciudad con más paro de España, la de mayor fracaso escolar; la de menor número de viviendas y menos camas hospitalarias por habitante; la de menor número de estudiantes universitarios. Emotivo suma y sigue. Ahora, también, líderes de apagones. Un nuevo record que asumir con nuestra proverbial alegría y optimismo.

La caótica y desastrosa prestación del servicio de suministro de energía eléctrica en Ceuta, es una consecuencia lógica de la indecente política que practican las dos compañías implicadas (el fabricante y la distribuidora), pertrechadas tras la mendacidad y la hipocresía. Obtienen unos beneficios multimillonarios (superan los quinientos millones de pesetas al año) de un mercado cautivo, en el que disfrutan de una posición monopolística que ejercen con saña y ferocidad. Son conscientes de la exacerbada resignación que aprisiona a la ciudadanía ceutí (dispuesta a soportar lo insoportable), y de la negligencia culpable de las autoridades que actúan como cooperadores necesarios del latrocinio. Ensanchan su cuenta de resultados escatimando hasta límites moralmente delictivos las inversiones en reposición, renovación y modernización de las instalaciones y los equipamientos. Ahorran en mano de obra utilizando fraudulentamente la técnica de la subcontratación, y recortando derechos a los trabajadores. Todo es mezquindad, precariedad y sordidez. Excepto la facturación, siempre puntual y exuberante.

Este modo de comportamiento es sumamente criticable; pero al fin y al cabo no dejan de ser empresas privadas que persiguen como fin último el máximo beneficio, y que no se sienten concernidas por el bienestar de los ciudadanos. Lo que realmente resulta intolerable, es que la administración, que tiene la obligación de velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, permita que esto suceda. Es triste, aunque debería ser indignante, comparar la reacción de las autoridades en Cataluña y Ceuta ante el mismo problema. Allí se han multiplicado las iniciativas políticas para resarcir a la ciudadanía de los daños sufridos, y  para que las empresas afectadas penen por su culpabilidad. Aquí, en Ceuta, no salimos del ridículo. El gesto de mayor firmeza que hemos arrancado de nuestro Gobierno (al que todo le parece bien) fue anunciar la apertura de un expediente, del que la empresa se mofó públicamente, y que nunca se llegó a sustanciar. Jamás se ha aplicado una sanción. Es muy complicado explicar esta actitud connivente y complaciente sino es en clave de corrupción. Un ejemplo. Un alto directivo de una de estas compañías ha sido expedientado, previa denuncia, por construirse una vivienda para su uso privado, en una concesión administrativa, sin permiso, y con medios de la empresa. El organismo competente, a regañadientes, le ha impuesto una multa de… ¡ciento veinte euros! Obviamente quedó atónito ante tamaña severidad.