La democracia es el mejor sistema ideado para articular la capacidad de decisión colectiva. La mayoría, conformada coyunturalmente mediante una votación libre, otorga la responsabilidad de decidir sobre los asuntos públicos durante un periodo previamente pactado. Se establece así un mecanismo que, a fuerza de simple, se convierte en inapelable. La aritmética es indiscutible. Cualquier otro modo de expresión, que pretendiera contemplar y computar la extensa gama de matices y opiniones individuales, implicaría tal complejidad que haría inviable el funcionamiento de las instituciones y, por tanto, de la sociedad. Sin embargo, la aceptación de este corolario, no debe inducir a una interpretación equívoca o incorrecta. Es muy frecuente sobrevalorar en exceso la confianza que se deposita en una papeleta. En primer lugar porque las razones que incitan a cada individuo a votar a un determinado partido son muy diversas, e incluso contradictorias. Es absurdo establecer una relación causa-efecto unidireccional cuando en el origen conviven argumentos muy dispares. Pero es que además, la amplitud de las materias  y cuestiones sobre las que un gobierno toma decisiones en su gestión diaria, hace imposible que todos sus votantes coincidan con todas y cada una de ellas.  Debemos concluir, en consecuencia, que las mayorías tienen legitimidad para gobernar; pero ello no les confiere ni marchamo de infalibilidad, ni mucho menos, respaldo social mayoritario a cada una de sus decisiones. Incurrir en este error, voluntaria o involuntariamente, es una forma de pervertir la democracia. No se puede confundir la mayoría política con la mayoría social. Quien gobierna no debería perder nunca de vista una premisa muy útil: siempre está en minoría. Baste como ejemplo, el caso de Ceuta. Hemos agotado todos los calificativos para definir el triunfo electoral del PP, y a pesar de ello, hay más de treinta mil ceutíes con derecho a voto que no han votado al PP (ocho mil más de los que sí lo han hecho). Un dato para la reflexión.

Por otro lado, es obvio que el ejercicio del poder en democracia no es omnímodo. Más bien al contrario, está sometido a exhaustivos controles establecidos por el conjunto de la propia entidad política, concebida ésta como un proyecto intergeneracional con vocación de perdurabilidad. Existen unos límites nítidos y fácilmente exigibles, derivados del obligado cumplimiento del cuerpo normativo (emanado del mandato constitucional); pero existen, otros cuya detección y fiscalización es bastante más difusa e indeterminada, aunque no por ello menos importante: son los límites que impone la moral pública, definida como el acervo de valores propugnados por la sociedad. Una acción de gobierno plenamente democrática debe observar el cumplimiento de las leyes y ajustarse a los principios morales acuñados por la comunidad.

El Presidente de la Ciudad, probablemente asediado por la incontenible avaricia de sus conmilitones, y mermadas sus defensas intelectuales por el fuerte impacto del mortífero virus de la vanidad y la adulación permanente; ha perdido la perspectiva y ha tomado una deriva dominada por la laxitud  que lo está conduciendo al fango moral en plena orgía de poder. Sólo así se puede explicar la indecente política de nombramientos de cargos públicos. No se trata ya de los Consejeros y Viceconsejeros (evidentemente sobredimensionados), sino de una interminable serie de puestos semiclandestinos, ocultados entre la maraña administrativa del Ayuntamiento y las empresas municipales que, al margen de cualquier criterio racional, son utilizados para asignar enormes sueldos públicos en función, exclusivamente, de intereses personales, partidistas o ambas cosas. Entre asesorías estrafalarias y  bochornosos directores de la nada; a modo de sanguijuelas de los presupuestos,  succionan enormes cantidades de fondos públicos recaudados con gran esfuerzo de los contribuyentes, que se sustraen de programas y acciones sociales realmente necesarias. Es posible (aunque convendría estudiarlo con suficiente profundidad jurídica) que, legalmente, pueda designar cuantos cargos de confianza estime oportuno. Políticamente tiene un amplísimo respaldo electoral. Pero la ética y los principios ni se miden ni se alteran por el resultado de las urnas. Y lo que está haciendo el Presidente es de una inmoralidad difícilmente justificable, que debe estar provocando agrio estupor y gélido estremecimiento en todas las personas decentes, incluidos muchos de de sus propios votantes.

Este tipo de conductas, además, pueden terminar teniendo un coste en términos políticos que paguemos todos los ciudadanos. Paralelamente a este desenfreno, el PP ha denunciado públicamente que el Gobierno de la Nación mantiene una actitud remisa en relación con las transferencias que debe efectuar, acusándolo de poner en peligro la liquidez del ayuntamiento. Es muy complicado exigir desde el descrédito  moral, sin caer en el ridículo. Reclaman fondos costeados por los impuestos de todos los españoles (muchos de ellos aportados por salarios muy humildes), apelando a la solidaridad, para emplearlos en pagar infinidad de sueldos políticos, innecesarios, injustos e inmerecidos, a sus allegados. Llegara un momento en el que, con razón, recorten las subvenciones. Entonces llegarán los lamentos adornados por lágrimas de cocodrilo de quienes, precisamente, han sido los responsables de este saqueo.