Uno de los éxitos más notables de la clase política dirigente es haber convencido a los ciudadanos de que los fundamentos de la acción de gobierno, y en especial las estructuras presupuestarias en las que estos descansan, son inmutables. Un pacto implícito e invisible entre los llamados “partidos de la alternancia”, apoyado en el estigma ancestral de la dificultad del pueblo español para consolidar un sistema estable, ha ido inculcado a lo largo de casi tres décadas en la opinión la convicción de que el margen en el que se mueve la política es muy estrecho. En definitiva, las “cosas son como son”. Ya no existen cambios radicales. Este fenómeno se puede apreciar con intensa nitidez analizando la incongruente coincidencia entre PSOE y PP en la política económica. ¿Se puede comprender que dos partidos que se tildan de antagonistas puedan compartir el mismo modelo económico, que define y determina la jerarquía de poder, el reparto de la riqueza, las relaciones laborales, y la política retributiva de la inmensa mayoría de la sociedad? Por absurdo que parezca, así es. Peor, aún. Se acepta con asombrosa naturalidad, como si no existiera alternativa posible. Este extraño modo de concebir la política  se ha extendido a todos los ámbitos. También ha llegado a nuestro ayuntamiento. El presupuesto del Ayuntamiento de Ceuta asciende a más de cuarenta mil millones de pesetas anuales. Es una cantidad muy seria. Y sin embargo, cuando se plantean iniciativas que pueden contribuir a resolver los problemas reales de los ciudadanos siempre se descalifican alegando la imposibilidad de financiarlas. El mensaje enviado pertinazmente por el Gobierno, y asimilado sumisamente por la población, es  que el presupuesto está íntegramente comprometido y si no se hacen más cosas es porque no se puede. Otra vez, las “cosas son como son”. La ciudadanía, lógicamente, desconoce las entrañas del presupuesto, e interioriza resignadamente la consigna del poder. Por ello se sobresalta cuando se le formulan planteamientos inéditos, originales y audaces que ponen el dedo en la llaga de sus preocupaciones más sentidas.

Así ha ocurrido con la propuesta presentada por el PSPC de subvencionar con trescientos sesenta euros mensuales, durante diez años, a aquellos nuevos matrimonios que adquieran una vivienda. Sobran los argumentos para justificarla. El acceso a la vivienda se ha convertido en un drama para los jóvenes que pretenden independizarse, que buscan la realización de un proyecto familiar digno;  y que su situación laboral (siempre precaria en los primeros años) les impide afrontar el coste desproporcionado de una vivienda (motivado por el dominio que los especuladores ejercen sobre el poder político). Estas personas necesitan soluciones efectivas e inmediatas, no más promesas prendidas en interminables calendarios incumplidos por definición. Es una auténtica demanda social, porque no sólo incumbe a las familias afectadas directamente, sino que favorece el arraigo de la población, mejora la calidad de vida y eleva la autoestima colectiva. En consecuencia, debe incorporarse a la política de vivienda como un elemento dinamizador con la calificación de prioritario. El mero anuncio ya ha ocasionado un fuerte impacto, y la reacción popular no deja lugar a dudas sobre el acierto de la idea. Suscita comentarios y valoraciones por doquier. Cunde una incredulidad expectante ¿Pero esto es posible? ¿Cómo se paga? El Gobierno les ha hecho creer que no existe presupuesto para este tipo de actuaciones, y que si no se hacen estas cosas es porque no se puede. Gran patraña. Como demuestran unos números muy sencillos. La medida en cuestión tiene un coste aproximado de ochocientos millones de pesetas para los próximos cuatro años (partiendo de los datos estadísticos de los matrimonio de los dos últimos años). El coste anual de un cargo público está en torno a los veinticinco millones de pesetas en cuatro años. Es decir, suprimiendo treinta y dos cargos políticos del ayuntamiento (teniendo en cuenta que hay más de ochenta, todavía quedarían ¡cuarenta y ocho!), se pueden financiar las pretendidas subvenciones a la vivienda.

Ahora se trata de elegir ¿queremos que con nuestros impuestos los jóvenes ceutíes puedan gozar de autonomía para desarrollar dignamente sus proyectos familiares, o preferimos que se siga engordando la nómina de políticos inútiles que se llevan un inmerecido sueldo por simple hecho de ser aduladores o intrigantes en el aparato del partido que gobierna? Cada ciudadano, con su voto, decide.