La exageración intensa y continuada conduce siempre al esperpento, concebido éste como una desfiguración de la realidad, sustituida por hechos grotescos y extravagantes. Este fenómeno, aplicable a todos los órdenes de la vida, se produce en la política de un modo mucho más ostensible. La impunidad con la que actúan los partidos políticos con respecto al engaño, los induce a practicar desaforadamente toda suerte de artimañas para alcanzar sus propósitos. La ética de la mentira se ha adueñado del espacio político. La Asamblea de la Ciudad de Ceuta, convertida en un esperpento, es un caso paradigmático. El PSOE y el PP se están aficionando a burlarse de los ceutíes sin el menor escrúpulo. La experiencia les ha hecho interiorizar que el ceutí es un pueblo fatigado e indiferente, carente por completo de espíritu lucha, al que resulta extremadamente sencillo manipular y zarandear. Se sienten cada vez más cómodos chapoteando entre mentiras. Así ocurrió con la aspiración de dotar a Ceuta de un Estatuto de Comunidad Autónoma. Se aprobó en el Pleno por unanimidad. Transcurridos tres años de enredos y patrañas, descubrimos que era una estafa. Pero no sucedió nada. Ellos apelaron con la solemnidad fingida de los farsantes a un nuevo plazo, y los ceutíes lo aceptaron con resignación y en riguroso silencio. Algún quejío disperso. Los hombros encogidos. Y las encuestas favorables. ¡Funciona! Faltar al respeto a la ciudadanía resulta gratis total. Repetimos la fórmula.

Ahora han acordado, también por unanimidad, una iniciativa legislativa para solicitar la ampliación y extensión de las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social. Evidentemente, esta propuesta no se va a tramitar antes de las elecciones, por lo que el fiasco implícito sólo se hará patente cuando los ciudadanos no dispongan de su herramienta de evaluación (el voto); pero ya han cosechado una extensa colección de opiniones laudatorias en periodo electoral. Es lo único que importa.

Los más generosos lo han tildado de acontecimiento histórico. Es cierto. Nunca antes se había puesto en marcha este mecanismo. Entre otras razones, porque se trata de una auténtica estupidez. La inclusión de la “iniciativa legislativa”  en el Estatuto tuvo su origen en la necesidad de dar respuesta a la fuerte presión popular que ejerció el movimiento autonomista exigiendo igualdad de derechos con otras Comunidades Autónomas, y en consecuencia, capacidad legislativa. El entonces Gobierno del PSOE, obstinadamente contrario a esta demanda, procuró maquillar el texto lo mejor posible para poder defenderlo ante la ciudadanía con un cierto decoro. Por ese motivo introdujeron esta figura (de nombre parecido) que, en la práctica, carece de virtualidad, ya que son los Grupos Parlamentarios del Congreso los que, en definitiva, tienen la capacidad decisoria; siendo irrelevante quien sea el promotor de la propuesta.

Si fuera verdad que PSOE y PP (cuyos Grupo Parlamentarios del Congreso suman más del ochenta por ciento del Pleno) están de acuerdo en ampliar y extender las bonificaciones, como se debería deducir del acuerdo plenario suscrito por los mismos partidos, la “iniciativa legislativa” sería absolutamente innecesaria. Lo que ocurre es que están mintiendo. Los antecedentes en este sentido son taxativos.

El PSOE, no sólo se opone rotundamente a la ampliación, sino que está estudiando muy seriamente suprimir las bonificaciones existentes en la actualidad. Para justificarlo ha encargado un informe, dicen que técnico, que se comprometió a presentar en febrero y que aún no se conoce. El propio Delegado del Gobierno, cuando se iniciaron las conversaciones de la Mesa por la Economía, advirtió de que insistir en la ampliación de las bonificaciones era un obstáculo insalvable porque el Gobierno no lo aceptaba bajo ningún concepto. Todas y cada una de las manifestaciones del entorno del PSOE sobre esta cuestión han sido negativas. Salvo, ¡qué curioso!, la votación del Pleno.

No es más edificante la actitud del PP, que tuvo oportunidad de hacerlo cuando gobernaba y no quiso. Posteriormente, el Grupo Parlamentario del PP ha tenido ocasión de presentar esta iniciativa en el Congreso, y no lo ha hecho. El Gobierno de la Ciudad ha podido incluir esta materia en sus negociaciones con el Gobierno Central, pero no ha sido así. Incluso en la polémica suscitada en su día entre los sindicatos y el actual Delegado del Gobierno sobre esta y otras medidas económicas, prefirió quedarse al margen. Ahora, dos meses antes de las elecciones, ¡curiosamente!, lo plantean como una prioridad.

No habrá ampliación ni extensión de las bonificaciones. Ni PSOE ni PP tienen voluntad de ello. Pero eso lo sabremos con seguridad cuando pasen las elecciones. De eso se trata. Se han hecho así mismos unos consumados trileros del calendario.