El éxito más rotundo y trascendente del PP durante su hegemonía política en Ceuta ha sido la absoluta aniquilación del espíritu crítico de la ciudadanía. Ha conseguido que la vida pública sea un anodino transcurrir, en el que cualquier disparate, dislate o corrupción se contempla con pavorosa naturalidad. El pueblo ceutí es rehén de un estremecedor escepticismo vital, generado por la impotencia, la incredulidad y la desafección; que anula toda capacidad de reacción. La creencia generalizada es que ningún esfuerzo colectivo merece la pena.  Las cosas son así, y no se pueden cambiar. Por eso aceptan un Gobierno que tenga la Ciudad bonita por fuera, aunque esté podrida por dentro. Los cuantiosos recursos públicos invertidos en múltiples variantes para desactivar a la sociedad civil han surtido el efecto deseado. Los ciudadanos ya no critican la corrupción, sino que se limitan a esperar (o exigir, según los casos) que les toque el turno a ellos para solventar sus problemas personales.

De este modo, se suceden ante nuestra vista hechos escandalosos, dignos de drástica reprobación social, que son tratados con inaudita indiferencia por la sociedad devenida en un implícito cómplice de las fechorías. Tal es el caso de las transmisiones de las concesiones administrativas que se están produciendo en el Puerto.

Desde hace mucho tiempo, las numerosas naves industriales y comerciales que están ubicadas en el recinto de la autoridad portuaria, han dejado de estar vinculadas a la actividad que le es propia a esta institución. De hecho, en su conjunto, constituyen uno de los polos más atractivos del tejido comercial de la Ciudad. El incremento del valor experimentado por los establecimientos allí radicados, ha convertido a la zona portuaria en terreno abonado para una muy golosa especulación inmobiliaria. Es fácil comprobar el dinámico y constante trasiego de usos y propietarios. No son gratuitos. Cada una de estas operaciones supone un negocio de muchos millones de pesetas. Nada sería reprochable si se tratara de parcelas privadas cuyos propietarios ejercen el legítimo derecho a disponer de ellas libremente. La cuestión cambia radicalmente cuando resulta que el propietario es una administración pública, en este caso la Autoridad Portuaria, que las gestiona como concesiones administrativas.

Este régimen está perfectamente regulado en el ordenamiento jurídico. La administración competente cede, temporalmente, un uso de dominio público a una persona o empresa para desarrollar una actividad afectada por el interés general a cambio de abonar un canon estipulado. Una vez concluido el periodo fijado, o cuando el concesionario decide cesar en la actividad, la concesión revierte a la administración que puede, si lo estima conveniente, renovarla u ofertarla a otros demandantes. Así mismo, se puede autorizar la transmisión entre particulares durante la vigencia de la concesión con determinadas condiciones; pero sólo si existen razones de interés general que lo justifiquen.

¿Qué está sucediendo en el Puerto de Ceuta? Los titulares de las concesiones actúan como si fueran dueños de la propiedad, y especulan con ella obteniendo enormes beneficios a costa del patrimonio de todos los ciudadanos y con el consentimiento expreso de la autoridad portuaria, que siempre autoriza las transmisiones.

La forma correcta de proceder, atendiendo a las prácticas de buen gobierno y al interés general, sería que la Autoridad Portuaria rescatara las concesiones que dejan de explotar los adjudicatarios, y en caso de existir una plusvalía por la adjudicación a un nuevo concesionario, se tradujera en un ingreso de la institución con el que podría financiar obras o servicios públicos. ¿Por qué renuncia la autoridad portuaria a los ingresos (cientos de millones) que genera su propio patrimonio en beneficio de empresarios privados? Nadie quiere responder a esta pregunta. Ni gobierno (PP) ni oposición (PSOE). En esta materia también hay un pacto de sospechoso silencio entre el PSOE y el PP. Evidentes e inconfesables intereses comunes.