La transición de España hacia la democracia ha sido objeto de múltiples análisis habitualmente repletos de loas y alabanzas. El espíritu de la transición se ha identificado con valores esenciales a los que se les otorga la categoría de permanentes e inmutables, como si constituyeran el único fundamento útil para la forja de estados democráticos. De este modo se ha sustanciado un compromiso de tergiversación, cuya finalidad es reforzar la autoestima colectiva del pueblo español, que fue incapaz de conquistar la democracia, hacer justicia, sanear la podredumbre enquistada en los aparatos del estado al servicio de la dictadura, y asumir la condición de ciudadanos libres. Porque la realidad de este proceso fue otra bien distinta. El volumen de la conciencia crítica era extremadamente exiguo; y una inmensa mayoría, amorfa y subyugada, terminó aceptando un pacto infame impuesto el franquismo para no perder el poder, y homologarlo con los regímenes de los países más desarrollados. Nuestro sistema democrático nació con un conjunto de malformaciones que afectan a sus principios básicos hasta desnaturalizarlo. Como máximo paradigma de este fenómeno, cabe destacar que el Jefe del Estado sigue siendo aquel que impuso Franco por su voluntad. La maquinaria represiva, en esencia corrupta, quedó intacta y blindada frente a los cambios políticos. No es de extrañar que durante la democracia hayan sido condecorados y ascendidos  los policías que torturaban a estudiantes y trabajadores por cometer el delito de pensar. Por eso el triunfo electoral del PSOE en mil novecientos ochenta y dos supuso una frustración histórica sin parangón para quienes confiaron en que aquel partido podría haber implantado definitivamente la democracia. Con estrepitosa urgencia se convirtieron en una segunda marca de los poderes económicos y políticos de la dictadura, limitándose a ponerles un rostro más acorde con los nuevos tiempos.

La peor consecuencia de aquel fiasco, es que ha castrado la oportunidad de que los españoles puedan desarrollar el concepto de ciudadanía en su plena extensión.  En España la libertad se practica desde una concepción muy raquítica porque no se asimila que el poder del estado reside en la ciudadanía. La conciencia de súbdito permanece incrustada en el ADN del pueblo español, que acepta con naturalidad la existencia de controles de poder por encima y al margen de los ciudadanos.

Todo esto ha quedado nítidamente reflejado en los hechos ocurridos en nuestra Ciudad en relación con el espionaje militar practicado ilegalmente a la sociedad civil.

Unos documentos filtrados desde el interior de la Comandancia General de Ceuta demuestran la existencia de un operativo dedicado, entre otras cosas, a mantener una base de datos sobre las actividades políticas y privadas de las personas que desempeñan cualquier tipo de rol social. Su razón de ser, teóricamente, es el control de actuaciones relacionadas con movimientos islamistas y la posible implicación de miembros de las fuerzas armadas en actividades delictivas. Pero, aprovechando la coyuntura, siempre es interesante que el Ejército disponga de sus propias fuentes de información. Y teniendo medios e inmunidad no hay motivo para renunciar a ello. Se corrobora el aforismo: “información es poder”. Por ello, desde tiempo inmemorial, el Ejército dispone de un caudal de información de la sociedad civil de Ceuta, obtenido de forma ilícita. Es un asunto de extrema gravedad porque supone un atentado a los derechos fundamentales de los ciudadanos cometido desde el Gobierno de la Nación y financiado con fondos públicos. Un escándalo. Es cierto que la aparición de los documentos probatorios obedece a determinadas circunstancias aún no aclaradas y, sin duda, espurias. Pero esto es una simple anécdota en comparación con la trascendencia de la trama puesta al descubierto.

Ante esta situación, lo razonable hubiera sido, por parte del Ministro de Defensa, un reconocimiento de los hechos, el desmantelamiento del operativo en cuestión, y el compromiso público y cierto, de erradicación definitiva de este tipo de prácticas. Sin embargo, se ha actuado en dirección totalmente opuesta, ejecutando un plan de higiene que permita blanquear políticamente al Ministro. Uno. Se elige un chivo expiatorio al que se castiga sin piedad, y sobre el que se deja caer injustamente toda la responsabilidad. Nadie puede creer que un teniente coronel, con menos de un año de antigüedad en Ceuta se dedique, por propia iniciativa a espiar a la sociedad civil. Dos.  Se reconstruye una realidad alternativa edulcorada y con visos de verosimilitud utilizando para ello todos los resortes posibles (más o menos legales). Se ha ideado una secuencia que admite un desliz, por supuesto aislado e insignificante, que se solventa con una disculpa privada. Tres. Se arremete con saña buscando el autor de la filtración. La amenaza de arruinar la vida a los implicados, es la mejor manera de evitar que sigan apareciendo documentos comprometedores. Cuatro. Se extiende un manto de silencio institucional. Es una vergüenza que este modo de actuar proceda de un ministro que se llama socialista, y pertenezca a un Gobierno que se permite el lujo de alardear continuamente de sus convicciones democráticas.

Pero más lamentable es la reacción de la ciudadanía ceutí. El eterno miedo reverencial al estamento militar que sufre nuestra Ciudad, y que algunos pretenden presentar como admiración, congela el ánimo de la opinión, que prefiere no sentirse aludida. Comportándose como dóciles súbditos impotentes, asumen que se vulneren sus derechos fundamentales, como se si tratara de un gesto inofensivo. Incapaces de comprender que una sociedad vigilada no puede ser libre. En consonancia con este espíritu decadente y depresivo, las instituciones locales y los partidos políticos que las gobiernan (como no, PP y PSOE, cada vez más unidos) han quedado mudos e inmóviles. El Gobierno de la Ciudad dice que no se pronuncia porque “corresponde al ámbito militar”. Otra evidencia de la inconsistencia de un Gobierno políticamente extinguido a fuerza de anodino. Ya veremos qué opinan cuando vean que uno de esos papeles involucra a uno de sus máximos dirigentes en negocios inmobiliarios. El PSOE, dejando a un lado al personaje marginal y estrafalario que pulula por la Plaza de los Reyes, se ha manifestado como la famosa chirigota: “¿Yo?, lo que diga mi mujé…” En este caso, su Ministro. Provocan nauseas los discursos de estos adalides postizos de los valores progresistas que no resisten el menor contraste con sus propias conductas.

Como hace treinta años, los que defienden la democracia y la libertad siguen siendo pocos.