La política de integración es la clave de bóveda del proyecto de Ciudad que debe ser Ceuta en el Siglo XXI. Esta idea, inicialmente difusa y posteriormente discutida, se ha ido consolidando y asumiendo, venciendo resistencias a golpe de realismo, hasta alcanzar la categoría de axioma. En la actualidad ya nadie duda que el futuro de Ceuta estará condicionado por la capacidad que tengamos de fusionar, en un tejido social único, dos comunidades cuantitativamente equivalentes y culturalmente muy diferentes. Nos enfrentamos a un proceso extraordinariamente complejo y difícil, para el que además no existen pautas o modelos preestablecidos que nos indiquen el camino. Estamos condenados al error. Los problemas intrínsecos a toda tentativa de armonización étnica o cultural  (es complicadísimo cohesionar concepciones distintas de los valores que sustenta la sociedad, e incluso del propio sentido de la vida) se agudizan en el caso de Ceuta por la acción de factores externos, poderosamente desestabilizadores, que suponen una amenaza constante que en ocasiones se adivina casi definitiva. Por un lado, la actividad de agentes promarroquíes cuya razón de ser es impedir que los musulmanes residentes en Ceuta se sientan ceutíes y españoles de corazón. Sin escrúpulos de ningún tipo, Buscan el enfrentamiento y alimentan el odio. Explotan la vulnerabilidad económica y social de muchos desfavorecidos para transformarla en sentimientos radicales que beneficien los intereses de Maruecos. Cuantas más turbulencias haya en Ceuta, más eco encuentran las reivindicaciones soberanistas de Marruecos. Por otro parte, todavía siguen apareciendo viejos fantasmas, surgidos de la noche de los tiempos en los que el racismo era práctica habitual en el modo de entender las relaciones sociales, y que propinan zarpazos letales a las bases de la convivencia.

Esta delicada situación nos obliga a todos los ceutíes sin excepción, pero de forma más enfática a quienes han asumido roles de relevancia social, a asumir un firme compromiso por luchar contra el racismo, promover la tolerancia y trabajar con denudo por romper las barreras psicológicas que aún nos separan. Trascender de la coexistencia a la convivencia es un reto insoslayable que reclama el concurso de todos.

En concordancia con esta pretensión, a los partidos políticos, instituciones y entidades sociales se les debe exigir que todos los asuntos que de alguna manera puedan poner en peligro el proceso de integración o debiliten la convivencia, sean tratados con una especial sensibilidad. Aunque sólo sea por instinto de supervivencia. Por eso duele en exceso comprobar cómo el esfuerzo de tantos ceutíes por avanzar en la dirección correcta, afanados en fortalecer una convivencia real fraguada sobre el principio de igualdad, se ve permanentemente frustrado por acciones irresponsables de partidos políticos que anteponen sus mezquinos intereses electorales a corto plazo. Como en un dramático remedo del sufrimiento de Penélope, tejemos y destejemos continuamente, mientras el horizonte se nos aproxima inexorable vaticinando un abismo de incomprensión en que se quedarán sepultadas nuestras esperanzas.

Recientemente hemos padecido otro episodio de esta patología social. La acusación pública de “persecución de los soldados musulmanes por parte del ejército”, representa una nueva decepción, en la que los partidos UDCE e IU han actuado de manera rematadamente errática, favoreciendo precisamente lo que dicen denunciar. El racismo se combate con intransigencia y rigor. Son dos elementos indisociables. Ante a cada hecho racista es preciso actuar con determinación y contundencia. No cabe la disculpa, ni la comprensión, ni la tolerancia, ni la permisividad. Pero la intransigencia exige, a su vez, rigor. Porque las acusaciones de racismo genéricas, ambiguas, no probadas o inconsistentes; sólo sirven para confundir los términos, proporcionar coartadas y, en última instancia, para fortalecer a los enemigos de la convivencia y descalificar a quienes luchan contra el racismo desde una profunda convicción moral.

El ejército se ha convertido en una válvula de escape frente al paro para muchos ceutíes de origen musulmán a los que les está vedada cualquier otra opción de empleo. La profesión militar está desempeñando una importante función como estabilizador social. En consecuencia, y tomando en consideración que en Ceuta no sobran oportunidades, tenemos la obligación de cuidarla y protegerla. Si el ministerio de defensa tiene conocimiento de la existencia de casos de deslealtad en el seno de las tropas, tiene la obligación ineludible de extirparlos sin contemplaciones, porque la seguridad es un bien esencial que no admite concesiones. Del mismo modo, cualquier caso de racismo que se detecte debe ser denunciado con fuerza, para que sea corregido de inmediato, y se depuren drásticamente las responsabilidades a que hubiera lugar. Pero ambas cosas deben hacerse desde la más estricta sujeción al sentido de la responsabilidad; sin difundir absurdas encuestas alarmistas de escaso valor científico, u opiniones insolventes, en un caso; y sin desplegar una estruendosa campaña en el vacío, en otro. Quien actúe de otro modo estará oficiando de inconsciente dinamitero.