El equipo de Gobierno municipal, dirigido por el PP, ha aprobado los últimos presupuestos de este mandato, que estarán vigentes durante dos mil siete. Si ganan las elecciones, y se ejecutan tal y como están previstos, podemos vaticinar, sin miedo al error, que otros cuarenta mil millones de pesetas se habrán escurrido como arena entre los dedos sin incidir de un modo significativo en el conjunto de problemas, sobre todo de índole social y económica, que amenazan a la sociedad ceutí. Es el despilfarro consciente e inmoral como doctrina presupuestaria. Se diría que por nuestra Ciudad ni pasan los años, ni transitan las necesidades. La estructura de gastos e ingresos se conserva prácticamente intacta desde hace más de una década, a pesar de que durante este periodo las circunstancias han cambiado profundamente, y el volumen de recursos disponibles ha experimentado un incremento sustancial que amplía considerablemente las posibilidades de intervención. Son unos presupuestos irritantemente continuistas. A penas unos leves retoques anuales de escasa importancia, y las anodinas revisiones conforme a los incrementos de la inflación, han ido devaluando la principal herramienta de la política local hasta dejarla obsoleta e inservible.

Una primera característica sobre la que es obligado reflexionar es el injusto modelo de política fiscal que sostiene los ingresos. Es cierto que el sistema fiscal de nuestro Ayuntamiento, dominado por la excepcional capacidad recaudatoria del IPSI, deja un margen muy estrecho para la equidad. La imposición directa es inapreciable. Pero es precisamente este hecho el que aconseja extremar las medidas que permitan distribuir la carga fiscal de una manera más equitativa, atendiendo al poder adquisitivo de los contribuyentes. El Gobierno del PP hace lo contrario. No existe ni un solo mecanismo de corrección. En Ceuta, los parados pagan más impuestos que los multimillonarios.

Una segunda cuestión eternamente pendiente es la revisión de las tarifas del IPSI. El IPSI debe actuar, no sólo como palanca recaudatoria, sino como instrumento de política económica. Desde esta perspectiva debería cumplir dos objetivos básicos: alentar la actividad económica y aminorar el coste de los artículos de primera necesidad, prestando especial atención a la construcción y la vivienda. Sin embargo, el Gobierno siempre encuentra una excusa para eludir disciplinadamente este compromiso.

Por su parte, el gasto público está orientado en exclusiva a satisfacer los intereses del PP, que no son otros que perpetuarse en el poder para que sus afiliados y allegados, constituidos en clan, puedan seguir disfrutando de las prebendas que el habilidoso y abusivo uso de sus resortes les proporciona. El Presidente, fiel a ese nuevo estilo acuñado desde su acceso a la alcaldía, profuso en lo frívolo y desmesurado en lo superficial, a la vez que cobarde, huidizo y negligente ante los problemas de envergadura; ha ido replegando la política municipal hasta posiciones de absoluta inoperancia. Han convertido la institución municipal en un gigantesco y opulento Don Tancredo que observa impávido las miserias de la Ciudad mientras engulle enormes sumas de dinero en alimentarse a sí mismo. Un ente insolidario, carente de ambición y sensibilidad social.

Ceuta afronta el año dos mil siete acuciado por múltiples problemas. De entre ellos, podemos destacar en un orden de prioridades generalmente aceptado, los siguientes: la crisis económica, la escasez de vivienda, las desigualdades sociales y las dificultades de la juventud para desarrollarse con plenitud de derechos y oportunidades. Ninguno de ellos encuentra reconocimiento en el presupuesto municipal en términos que merezca tal consideración. Ni rastro, por inaudito que parezca. Al grito de “no es nuestra competencia”, última ocurrencia para legitimar la inhibición, se han distanciado con displicencia de todo aquello que hace sufrir a miles de familias ceutíes necesitadas.

Así, con estos criterios notoriamente adulterados, el gasto público se articula en torno a cuatro conceptos, centrados y concentrados en la única finalidad de ganar las elecciones: sueldos, subvenciones, contratos y propaganda. Uno. A tenor de las cuentas del PP (confiemos que equivocadas), tener contentos a los empleados municipales garantiza diez mil votos, imprescindibles para ganar por mayoría absoluta. Dos. Las subvenciones actúan como un artilugio de captación de votos tan antiguo como extendido y eficaz. Los derechos ciudadanos se transforman en subvenciones. Todo se subvenciona a cobro (voto) revertido. Tres. Una tupida, innecesaria y costosísima red de contratos y convenios con empresas privadas (en su inmensa mayoría peninsulares), sustituye servicios públicos eficaces por una miscelánea de intereses espurios y negocios bajo sospecha. Cuatro. Lo más escandaloso es la propaganda partidista costeada con fondos públicos. La clave de todo este entramado está en que los ciudadanos crean la versión de la realidad que suministra el Gobierno. Para ello, el aparato de propaganda (directa e indirecta) que han organizado es descomunal. Nunca visto, ni siquiera en Ceuta. Hasta la gestión más nimia, o las opiniones más inanes,  son presentadas como un acto de propaganda partidista acompañado de la mano y la sonrisa del Presidente, difundido masiva, exhaustiva e indecentemente a golpe de talón pagado por todos. La demás son gritos ahogados que se hacen imperceptibles para la mayoría silenciosa. Sigue siendo sorprendente la predisposición de nuestro pueblo a caer en el engaño en cualquiera de sus posibles modalidades.