Los denominados servicios sociales, antaño reservados al ámbito privado y estimulados exclusivamente por la conciencia individual, han sufrido en su concepción una profunda transformación hasta convertirse en un componente esencial de la actividad de las instituciones públicas. Las políticas sociales constituyen la  materialización del principio universal de la solidaridad, sobre el que descansa la vertebración de la sociedad moderna. Por ello, la opinión reivindica con insistencia y determinación una atención adecuada y digna a las personas necesitadas, y exige una lucha constante e irreversible contra la exclusión social en todas y cada una de sus modalidades. La fuerte presión ejercida por la ciudadanía para caminar en esta dirección, ha propiciado que los servicios sociales hayan adquirido la condición de políticas ideológicamente trasversales. Hasta los partidos de derechas, portadores de los idearios más reaccionarios, tradicionalmente opuestos a intervenir desde los poderes públicos en los problemas sociales, han claudicado terminando  por aceptar este corolario.

Este afortunado cambio de mentalidad, acompañado por el exponencial crecimiento económico de los últimos años; han permitido movilizar un importante volumen de recursos financieros hacia este objetivo, de forma que todas las Comunidades Autónomas, y el propio Estado, disponen de una oferta de serviciales sociales plenamente consolidada y operativa que se perfecciona continuamente. La magnífica iniciativa del PSOE, concretada en la nueva Ley de Dependencia, es un avance cualitativo de gran valor que refleja con nitidez el compromiso de la sociedad española con los colectivos más vulnerables.

Sin embargo, y como tantas veces, nos tenemos que preguntar las razones que impiden que nuestra Ciudad se incorpore con normalidad a los cambios y tendencias que alumbran el progreso y la modernidad. Otra lacerante excepción. El modelo de servicios sociales que presta el Ayuntamiento de Ceuta se sitúa en parámetros vigentes en la España de la postguerra. La carencia de una red pública, es suplida por una política de donativos, limosnas y subvenciones que el “Alcalde del pueblo” (o persona delegada) reparte desde su atalaya de arrogancia e indignidad sin más criterio que su  interés más o menos confesable.

No se debe a un problema económico. El ayuntamiento de Ceuta gestiona en torno a cuarenta mil millones de pesetas anuales. Es un presupuesto muy generoso, con margen más que suficiente para satisfacer correctamente las demandas sociales. No es justo que una institución capaz de despilfarrar inmensas cantidades de dinero en las cosas más superfluas (evaluar el presupuesto municipal desde una perspectiva social, produce una grima difícil de superar); no disponga de los instrumentos mínimos de protección social, en una Ciudad en la que las necesidades en esta materia se desbordan en orden creciente. Programas como el Salario Social, u otros similares implantados en todas las Comunidades Autónomas hace años, aquí son rechazados con desdén por un Gobierno, convencido de ocultar su indecente inhibición con una abusiva manipulación de porcentajes disparados desde sus potentes medios como balas contra la solidaridad. Han descargado su responsabilidad sobre un conjunto de entidades religiosas y asociaciones de voluntarios que despliegan una encomiable labor en la más absoluta precariedad, y a las que pagan poco, tarde y mal. Lo que debiera ser un servicio ordinaria de la administración, dotado de plantillas suficientes y estables para desarrollar una carta de servicios sociales establecida mediante un amplio consenso entre partidos políticos y entidades afectadas; es una amalgama inconexa de convenios temporales, una incesante rotación de profesionales con contratos precarios percibiendo sueldos exiguos, planes de empleo intermitentes, locales inadecuados (prestados), recursos materiales insuficientes (cedidos), y como característica dominante, la agobiante incertidumbre de saber si se podrá atender (o no) al día siguiente a los beneficiarios. Cruel contraste con la obscena opulencia exhibida en otros menesteres, por un Gobierno insolidario cuya máxima y casi absoluta prioridad, es su propia imagen.