Se apagó la luz. Otra vez. Ciudad paralizada. La desesperación y la perplejidad secuestran arrebatadamente el estado de ánimo colectivo. Los más fieros, afectados, apremiados, sorprendidos o exaltados, maldicen profiriendo al infinito exclamaciones y exabruptos provocados por la impotencia, que amainan lánguidamente sin más eco que la frustración. Los demás ya han hecho costumbre. La resignación está profundamente interiorizada en una Ciudad sin nervio, laxa, sumisa y pusilánime.

El Presidente de la Ciudad ha reaccionado diligentemente. Anuncia en la primera página de todos los medios de comunicación la apertura de un expediente sancionador. Las carcajadas de la empresa concernida todavía se oyen. El pronunciamiento del Gobierno es tan escasamente convincente que deviene en ridículo. Toda la ciudadanía sabe perfectamente que no sucederá nada. El Presidente, también. Pero el titular de prensa deja a salvo su reputación formal de gobernante sensible con los problemas ciudadanos. El perjuicio presente y futuro a los ciudadanos es secundario.

Lo realmente dramático es que no se trata de una excepción. Los servicios esenciales para la colectividad están gestionados por empresas privadas, absolutamente ajenas al interés de la población. La codicia en forma de beneficios empresariales desmedidos, castiga severamente a los ciudadanos con la imprescindible connivencia del poder político. Pertrechados con falaces argumentos basados en la eficiencia de la empresa privada, ocultan un soberbio entramado de intereses económicos que convierten los servicios públicos en un inmenso caladero de corrupción. Así mismo, se invoca la capacidad de sanción y de rescisión del contrato por parte de la administración como garantía de la defensa de los intereses generales. La realidad es muy distinta. Las sanciones son insignificantes en lo económico y tan complejas en su aplicación que carecen por completo de capacidad disuasoria. La rescisión de un contrato de servicios público es, sencillamente, una fabulación con tintes de leyenda urbana administrativa.

Las evidencias que correlacionan la adjudicación de los servicios públicos con intereses políticos, desbordan todos los dispositivos de encubrimiento. Algunos ejemplos muy dolientes, y especialmente significativos, son nítidamente ilustrativos.

Uno. Las navieras, que prestan el servicio público de transporte marítimo del estrecho, obtienen de los Presupuestos Generales del Estado miles de millones de pesetas anuales. Maltratan a los ceutíes sin pudor. Ninguna administración asume responsabilidades. Ante las exigencias ciudadanas sólo saben responder con evasivas e irrelevantes justificaciones de orden técnico tan tediosas como inanes. La debilidad mostrada por PSOE y PP frente a este problema, y sus magníficas relaciones con los dirigentes empresariales, inducen a reconocer, sin mucho esfuerzo, una perversa vinculación.

Dos. La distribución de energía eléctrica se encuentra en poder una empresa privada sin titulo legal alguno que soporte la adjudicación. Obtiene en torno a quinientos millones de pesetas anuales de beneficio en régimen de monopolio. Sin embargo, sus instalaciones son obsoletas cuando no ilegales. Ceuta es la única Ciudad de España (quizá de Europa) en la que todavía existen tendidos eléctricos aéreos similares a los que se ven en las exposiciones fotográficas que muestran escenas de la postguerra. No es una frivolidad estética. Las consecuencias son los incesantes apagones que alteran constantemente la armonía de la vida cotidiana. El Gobierno de la Ciudad, responsable directo de este servicio, no mueve un solo músculo.

Tres. El servicio de limpieza cuesta más de dos mil millones de pesetas anuales. Un contrato de diez años de duración, que fue otorgado sin concurso público. Un informe jurídico por aquí, una memoria técnica por allá, y como por arte de prestidigitación, el contrato más voluminoso del Ayuntamiento, y el servicio público más próximo al Ciudadano, queda en manos (o bolsillos) de la empresa amiga sin tener que competir con otras ofertas. Los incumplimientos de las condiciones contractuales engrosan los beneficios a la vez que ensucian la Ciudad. El Gobierno ejerce de esperpéntico espectador privilegiado que, cuando la presión mediática o social es insoportable, amenaza con inofensivas sanciones que se pierden en la noche de los tiempos.

Conociendo el sentido de la autoridad que inviste a nuestro Presidente, enérgico donde los haya y pródigo en la adopción de decisiones comprometidas, lo más probable es que termine poniendo una estatua a cada una de estas abnegadas empresas en agradecimiento a la perseverante tortura que nos hacen padecer.