Los ceutíes estamos asistiendo a una orgía de perversión política muy difícil de digerir. Los gobernantes locales han perdido por completo el respeto a la ciudadanía, a la que zarandean como un inservible muñeco de trapo, en la certeza de que apenas nos queda un ápice de dignidad que nos induzca a rebelarnos ante los hechos que vulneran los principios básicos de una sociedad democrática.

La habituación a la perplejidad ha ido agotando la capacidad de reacción de la sociedad ceutí, hasta su absoluta extinción. Las conductas más insólitas, que provocarían pavor en cualquier otra comunidad civilizada, son asimiladas con una naturalidad pasmosa. No hace muchas fechas, ese patético personaje que deambula por la Ciudad empeñado en ridiculizar la función de Delegado del Gobierno, se permitía el lujo de declarar: “Yo soy el Gobierno de la Nación”. Semejante exhibición de soberbia y deformación de los valores democráticos, emulando al mismísimo Calígula, sólo es concebible en la mentalidad de un fascista empedernido. En condiciones normales, este individuo habría durado cinco minutos en el cargo. Ceuta es otra cosa. Aquí, quien tenga poder de intimidación dispone de licencia ilimitada para el dislate.

Pero esto ha quedado reducido a la categoría de simpática anécdota en comparación con la última hazaña del Presidente de la Ciudad. Ha hermanado el Ayuntamiento de Ceuta con el PP de Andalucía. Antológico. Hace ya algún tiempo que nuestro Presidente, con una notable sobredosis de vanidad y en estado de permanente excitación provocado por el fervor popular que despierta su persona, inició un peligroso camino que le ha de conducir desde su condición de alcalde a la de iluminado caudillo. Se trata de una desviación psicológica caracterizada por la identificación de las personas con las instituciones. Quienes sufren esta patología, interiorizan el ejercicio del poder hasta el extremo de considerar la institución como un componente más de su personalidad. Que el Presidente, otrora hombre lúcido y cabal, haya terminado transitando por rutas imperiales, con los principios hechos añicos y desprovisto de sentido común, es digno de la más concienzuda investigación. Sin embargo, esta explicación psicológica ni justifica ni resta gravedad a la decisión política en cuestión.

Resulta indignante en grado superlativo que el Gobierno de la Ciudad haya tenido la osadía de establecer un vínculo de hermandad entre nuestra institución más representativa, la de todos los ceutíes, y un partido político. Por definición, las instituciones pertenecen a toda la sociedad, ya que son órganos del poder del pueblo; mientras que los partidos, por su propia naturaleza, representan sólo a una parte de la sociedad en la que operan. En consecuencia, es moral y políticamente incompatible un hermanamiento entre el todo y una parte; porque se conculcan los derechos fundamentales del sector de la sociedad que no comparte ideario con el partido político. El Presidente reitera hasta la saciedad que el Gobierno de la Ciudad representa a todos los ceutíes. Debe ser coherente con esta sentencia.

Muchos ciudadanos de Ceuta, representados por el Gobierno de la Ciudad, nos negamos rotunda y categóricamente, a ser hermanos de un partido político cuyo Presidente de Honor fue un ministro de la dictadura de Franco, que colaboró activamente con la tortura y tiene las manos manchadas con la sangre  de condenados a muerte por el franquismo. Los militantes del PP son muy libres de aceptar semejante atrocidad. Son muy libres de hablar de libertad y manifestarse en defensa de la vida, mientras  permiten que los presida honoríficamente (sarcástica utilización del concepto honor) quien ha practicado la tortura y la pena de muerte por motivos políticos. Pero lo que no pueden hacer, bajo ningún concepto, es obligarnos a los demás a compartir sus miserias. A los que sentimos repugnancia por el PP no tienen derecho a hermanarnos con él, indirectamente, mediante una flagrante apropiación indebida de las instituciones. El Presidente de la Ciudad, como militante del PP, se puede hermanar con absoluta libertad con quien estime pertinente; pero como Presidente de la Ciudad tiene la obligación de no malversar la representatividad política que tiene conferida. Si aún les quedara algún vestigio de honestidad, romperían el acuerdo y pedirían disculpas.