La universidad se ha convertido en el centro del debate político en nuestra Ciudad durante las últimas semanas. En principio, esta debería ser una buena noticia. Aunque hablar de problemas fundamentales en Ceuta no califica con mucha precisión (existen tantos y tan variados que es muy complicado establecer un orden de prioridades); lo cierto es que la discriminación que padece la juventud caballa en esta materia, constituye un foco de preocupación cada vez mayor. En primer lugar por la tremenda injusticia que supone el hecho de que, en el siglo veintiuno, personas perfectamente capacitadas no puedan acceder a la universidad por motivos económicos; y por otro lado, porque el éxodo de talento es un factor de desarraigo que Ceuta pagará muy caro, si no sabemos detenerlo a tiempo. Son razones suficientes para que los partidos políticos y las instituciones se implicaran concienzudamente  en hallar una salida a una situación insosteniblemente fosilizada que sólo guarda parangón con imágenes retrospectivas de infausto recuerdo. Por ello, un debate clarificador y constructivo; cuyas conclusiones comprometieran y vincularan a todos los estamentos concernidos; debería ser saludado con optimismo, e incluso euforia. Sin embargo, y como es desgraciadamente habitual, en realidad estamos asistiendo a un estéril pugilato electoral en el que lo único importante es dilucidar quien conseguirá engañar a más ciudadanos en el periodo que media hasta que llegue el momento de votar. Ni se explican con rigor los fundamentos del problema, ni se abordan con realismo las alternativas viables. Es la mentira como herramienta política utilizada intensivamente hasta la impudicia.

El Gobierno de la Ciudad, consciente de que los mensajes simplificados y atractivos prenden con facilidad en la opinión, independientemente de su verosimilitud, ha escogido como argumento central de su posición política la construcción de un Campus Universitario en el antiguo cuartel del cincuenta y cuatro. No explica en qué consiste, ni como funciona. No hace falta, suena bien por sí mismo, y la inmensa mayoría de la población que no conoce (ni tiene por qué) los entresijos de la administración educativa, lo percibe como una iniciativa extraordinaria. Objetivo cumplido. A pesar de que saben que mienten  con estrépito. En las condiciones legales y administrativas actuales, determinadas entre el PSOE y el PP conjunta y solidariamente, la construcción de un Campus Universitario en Ceuta es irrealizable (otra cosa muy distinta es cambiar de local). El modelo universitario de Ceuta, basado en una política educativa asistencial de la Universidad de Granada, data de la España de Franco. Desde entonces se ha aprobado la Constitución, los Estatutos de Autonomía y un amplio conjunto de leyes específicas que regulan el funcionamiento y la financiación de las universidades en nuestro país. Ceuta, ajena es este cambio drástico, ha permanecido como un apéndice residual y pintoresco, sin molestar y sin importar (como la conocida anécdota del soldado y el banco pintado). Madrid sigue enviando unas transferencias económicas acordadas hace decenios a la Universidad Granada, que ésta administra siguiendo la misma rutina. Romper este decimonónico corsé no es fácil. El Ministerio de Educación, legalmente, no tiene competencias en la gestión de las Universidades, y por tanto declina toda responsabilidad sobre esta cuestión; y la universidad de Granada no puede invertir sus presupuestos en una Ciudad que está fuera de su ámbito territorial, que obligatoriamente es la Comunidad Andaluza.

Los ceutíes, como en tantísimos asuntos y ocasiones, nos hemos quedado en tierra de nadie. Desplazados y obviados. Los traidores mancomunados, PSOE y PP, que nos impusieron un Estatuto inconstitucional e injusto, rehuyen ahora la responsabilidad de sus consecuencias. Quieren minimizar los efectos nocivos de vivir al margen del desarrollo del estado de las autonomías y tapar sus vergüenzas, mendigando para ello componendas, chapuzas y apaños carentes de consistencia y rigor.

La solución definitiva al desfase de Ceuta en oferta de estudios universitarios, requiere sustanciales modificaciones normativas que permitan acomodar al marco jurídico que regula el funcionamiento de la educación universitaria, la creación de la Universidad de Ceuta, una vez consensuado el modelo que mejor se adapte a las condiciones presentes y futuras de nuestra Ciudad. El Estatuto de Autonomía se presenta como una magnífica oportunidad para desbloquear políticamente esta cuestión. Pero desgraciadamente depende de los mismos protagonistas. Que ya han demostrado con creces que, en su orden de prioridades, el interés de los ceutíes ha quedado relegado a un lugar muy remoto.