Coincidiendo con la finalización del curso político se celebró un encuentro entre una representación del Gobierno de la Ciudad, encabezada por su Presidente, y los agentes sociales que habían suscrito un documento sobre medidas de reactivación económica, hecho público ya hace algunos meses. Debió ser una reunión de la Mesa de la Crisis, destinada a consensuar objetivos, marcar las pautas de actuación y coordinar los esfuerzos, para intentar superar la crisis económica; pero la ausencia de la Delegación del Gobierno impidió que tuviera carácter decisorio, y que de ella se pudieran extraer conclusiones en forma de acuerdos. Es ocioso decir que el conjunto de competencias que ejerce el Gobierno de la Nación en Ceuta en materia económica, convierten a su Delegación en un interlocutor esencial, sin cuyo concurso es imposible ningún tipo de avance. Quedó, por tanto, como una sesión de análisis conjunto en la que se hizo un diagnóstico general de la situación, y se examinaron algunas de las alternativas planteadas desde la óptica de su viabilidad a corto plazo. El resultado de esta reflexión compartida es muy desalentador. Espesura y desconfianza. Todas las oportunidades que se vislumbran para sustituir al actual modelo económico, amortizado y obsoleto, presentan tal cúmulo de dificultades, sobre todo de índole política, que terminan alojándose en el terreno de las utopías. A pesar de ello, no debemos caer en el desánimo.  Es momento de reorientar nuestra capacidad reivindicativa explorando otros horizontes más fértiles. Tres propuestas.

Una. Es preciso redefinir el estatus de Ceuta en Europa. Quizá ha llegado la hora de solicitar la inclusión en la unión aduanera procurando conservar algunas especificidades básicas. Existen dos poderosas razones que avalan esta iniciativa. Por una parte, la constatación de que tanto el comercio como el turismo, que son sectores estratégicos de la economía ceutí en cualquier caso, sólo pueden despegar mediante un marco adecuado de relaciones con Marruecos que en las condiciones actuales es inviable. Las negociaciones bilaterales con Marruecos están contaminadas por las pretensiones anexionistas, haciendo estéril cualquier esfuerzo en esta dirección. Marruecos podrá aliviar o intensificar la presión en función de sus prioridades coyunturales; pero sus intenciones últimas son inalterables; y estaríamos siempre a expensas de sus movimientos tácticos, despojando de la necesaria seguridad a cualquier decisión de tipo económico. Sin embargo, un acuerdo alcanzado por la propia Unión Europea sobre el funcionamiento de la zona fronteriza de Europa en Africa, de mucho mayor rango y alcance, podría disuadir a Marruecos de su voluntad de hostigar permanentemente a Ceuta. Por otro lado, es una certidumbre el hecho de que todos los organismos de la Unión Europea ven con un recelo cada vez mayor los regímenes excepcionales. La tendencia a la homogeneidad es inexorable en un proceso tan complejo como la construcción europea. Las actividades amparadas en disposiciones que se apartan de la norma (como es el caso de las reglas de origen) están sometidas, siempre bajo sospecha, a una atosigante red de controles que convierten el desenvolvimiento de las empresas  en una tortura burocrática de la que lo más sensato es desistir. Parece más práctico buscar otras soluciones encuadradas en la reglamentación europea normalizada.

Dos. En el actual contexto económico, el acceso de Ceuta al rango de Comunidad Autónoma adquiere una importancia capital. Sería muy conveniente que el nuevo Estatuto (en el hipotético caso de que se llegara a aprobar) contemplara el conjunto de disposiciones que garanticen la estabilidad de determinados elementos esenciales para el desarrollo económico y social de la Ciudad. No olvidemos que los Estatutos de Autonomía pertenecen al denominado “bloque constitucional” y su cumplimiento vincula a todas las instituciones del estado. El blindaje debería comprender, al menos: Un volumen de inversión pública suficiente para saldar la deuda histórica acumulada por el déficit de equipamientos; los fondos y normas para abordar con solvencia el problema de la inmigración; la financiación en términos homologable al del resto de comunidades de la institución local; políticas activas de empleo a largo plazo; y los elementos básicos del régimen económico y fiscal especial, entre los que cabe destacar el plus de residencia.

Tres. Es necesario exigir al Gobierno de la Nación un mayor grado de compromiso con nuestra Ciudad. Ceuta se tiene que movilizar con determinación y contundencia. No podemos seguir impasibles ante el burdo escarnio del que estamos siendo objeto. La actitud indolente del Delegado del Gobierno refleja con extraordinaria precisión la política abandonista del PSOE. Ni siquiera tuvo la decencia de acudir a la reunión con los agentes sociales a explicar sus puntos de vista. Lo más probable es que no tenga. El personaje se pasea de aquí para allá, ufano y dicharachero, ajeno por completo a los agobios de trabajadores y empresarios, como si nada de lo que sucede tuviera que ver con el Gobierno que él indignamente representa. La gestión del Gobierno del PSOE en materia económica es desoladora. Ni una sola acción que merezca tal consideración. Pero aún hay algo más inquietante. De manera clandestina han iniciado la operación para desmontar una de las pocas medidas contra la crisis que con tanto esfuerzo conseguimos arrancar de la administración central: la bonificación de las cuotas de la seguridad social; que además de aliviar los costes empresariales, financia un plus salarial para muchos trabajadores locales. De un modo sorprendente han enviado a una inspección general de servicios, adscrita a una nueva agencia para la evaluación de la calidad de los servicios públicos, con la intención de fiscalizar la medida en cuestión. De los primeros contactos sólo se puede llegar a la conclusión de que están buscando una justificación para suprimirla. Si lo terminan llevando a efecto, habrán logrado, brillantemente, reducir el sueldo a más de tres mil trabajadores, como buenos socialistas que son.