El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de la nueva Ley del Suelo. Como era previsible, no contempla la capacidad de aprobación definitiva del planeamiento urbanístico para las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla. Es decir, el Gobierno de la Nación se sigue reservando para sí la última palabra sobre la ordenación del territorio en nuestra Ciudad. Otra servidumbre de estar regidos por un estatuto pintoresco urdido entre PP y PSOE para burlarse de los ceutíes, porque huelga decir que las diecisiete Comunidades Autónomas tienen competencias exclusivas en esta materia, y las ejercen sin tutela alguna. Este ha sido el desenlace lógico de un simulacro de negociación en el que el Gobierno de la Ciudad se ha limitado a hacer el  ridículo. Fiel al estilo servil y adulador del Presidente de la Ciudad, nuestra representación se esforzaba en transmitir un mensaje positivo y alentador sobre la marcha de las conversaciones, cuando era obvio que el PSOE no tenía la menor intención de alterar un ápice sus posiciones de partida.

Una primera aproximación, nos ofrece un diagnóstico diáfano. La situación actual es absolutamente injusta. No existe ni una sola razón política que pueda justificar que los ceutíes no dispongamos de plena capacidad para decidir el modelo de Ciudad en el que queremos vivir. Es un inaceptable menoscabo de nuestra soberanía. Y un insostenible agravio comparativo. Como ya es costumbre, los ceutíes tenemos otro derecho colectivo menos que el resto de pueblos españoles.

Lo que sucede es que esta vejación nos fue infligida de común acuerdo entre el PP y el PSOE. La norma no escrita en la Constitución, pero de eficacia plena en la práctica, dicta que cuando los dos partidos grandes (cada vez más parecidos en los asuntos relacionados con Ceuta) se unen, sus pactos se convierten en realidades política incuestionables. En su momento se concibió como una medida preventiva ante el riesgo de que la gestión del GIL pudiera producir un descalabro urbanístico irreversible. No es suficiente si asumimos el escrupuloso respeto a los principios democráticos. El GIL gobernó en Ceuta porque los ceutíes mayoritariamente así lo decidieron. Todos los gobiernos surgidos de unas elecciones democráticas tienen idéntica legitimidad. El del GIL, también. Otra cosa distinta es sentir vergüenza ajena (o propia, según los casos) por haber entregado el poder a una banda de desalmados delincuentes. Lo cierto es que desde mil novecientos noventa y nueve, y por la voluntad expresa de PP y PSOE, Ceuta tiene vigilada sus competencias urbanísticas.

Por este motivo resulta especialmente incómoda y cínica ahora la reivindicación del PP. Carece de la autoridad moral precisa para plantearla. El Gobierno de Ceuta reclama las competencias alegando que ya ha desaparecido el riesgo que dio origen al cambio legislativo, y que la vida política esta normalizada. Es media verdad. Porque en dos mil tres el PP ganó las elecciones locales con diecinueve concejales, disponía de mayoría absoluta en el Congreso, y no consideró oportuno modificar el escenario normativo que aún persiste. ¿Cómo puede decir el Presidente que la recuperación de las competencias obedece al interés general? ¿Quiere eso decir que el PP atentaba conscientemente contra el interés general? Cómo explicar de un modo convincente que se ha convertido  en importantísimo lo que antes era irrelevante. El PP ha llegado a tal grado de paroxismo y ensimismamiento que pretende moldear el interés general a su antojo y conveniencia, presentándolo como un dogma de fe que todos tenemos la obligación de creer sin objetar. Es fácilmente deducible que se trata de un interés exclusivamente partidario. Sólo buscan un camino expedito para gestionar el urbanismo atendiendo a sus propios intereses, para legalizar sus cambalaches, resolver sus cuitas, y rearmar el arsenal de prebendas para vigorizar su red de clientelismo electoral.

Por otro lado, la política desarrollada por el PP en materia urbanística, no es precisamente el mejor aval para su petición. Más bien todo lo contrario. Basten dos apuntes ilustrativos. Uno. La vigencia del PGOU expiró en el año dos mil. Su revisión acumula ya seis años de retraso sin ninguna justificación, favoreciendo así la inseguridad jurídica de los administrados y las maniobras de los especuladores. Dos. Una de las zonas más complejas, delicadas y suculentas de la Ciudad desde el punto de vista urbanístico es el puerto. Incomprensiblemente carece de los instrumentos de planeamiento que establece la ley. Todas las licencias allí concedidas son provisionales y discrecionales, dependiendo de la voluntad política. Terreno abonado para la especulación y la sospecha. A pesar de su aplastante mayoría absoluta, el PP no ha querido dotar al recinto portuario de la ordenación urbanística que exige la normativa vigente. ¿Qué interés tiene en mantener este agujero negro?