Una de las taras más pesadas que soporta nuestro pueblo es el terrible egocentrismo que impregna el comportamiento de sus integrantes. Existe una mentalidad individualista tan profundamente arraigada que hace imposible acometer con solvencia cualquier empresa colectiva. Sacrificio, generosidad o solidaridad son conceptos inexplorados que los ceutíes sólo conocemos por experiencias ajenas. Es muy probable que la causa de este estigma se encuentre en el sentimiento de provisionalidad generado por el elevado volumen de población de aluvión que jamás se ha comprometido con Ceuta como proyecto histórico. O en la inacabable acumulación de frustraciones que ha terminado por crear una sensación de impotencia, cuya consecuencia directa es la desvinculación del destino común y la búsqueda exclusiva del bienestar propio. Pero lo cierto es que, en todos los órdenes de la vida, los ceutíes practicamos una enfermiza división siempre explicada por intereses estrictamente particulares. En la actividad política se observa con exacerbada nitidez. Con el agravante de que sus lesivas secuelas son de mayor alcance y trascendencia. El confuso y enrevesado proceso de reforma de nuestro Estatuto de Autonomía es un perfecto paradigma de este modo de proceder.

El pasado treinta de junio expiró el plazo que la Junta de Portavoces había establecido para consensuar el texto de Estatuto de Comunidad Autónoma para Ceuta. Evidentemente no cumplieron su compromiso. Era lo previsible. Han transcurrido dos largos años desde que acordaron en el Pleno de la Asamblea, por unanimidad, que Ceuta debe ser Comunidad Autónoma y que estamos ante una oportunidad inmejorable de alcanzar este objetivo. Demasiado tiempo perdido. Más decepción y desesperanza.

En primer lugar, es preciso dejar constancia de que la probabilidad de que Ceuta acceda al rango de Comunidad Autónoma en esta legislatura es muy remota. Los indicios disponibles son categóricos. El Gobierno de la Nación se muestra frío, distante y esquivo sobre esta cuestión, en notorio contraste con su constante y ferviente aliento a otros procesos similares. El implacable chantaje de Marruecos surte un efecto disuasorio determinante. Sin embargo, esto no es óbice para que los representantes ceutíes cumplan con su cometido. Que no es otro que aprobar el nuevo Estatuto y presentarlo en las Cortes. Será a partir de este momento cuando podamos exigir las correspondientes responsabilidades políticas a quienes se obstinen en seguir cercenando el derecho de los ceutíes a forjarse un futuro digno en pié de igualdad con el resto de territorios españoles.

Pero lo que hasta ahora ha quedado meridianamente claro es que los partidos que nos representan en la Asamblea tienen otros intereses, radicalmente opuestos a los de Ceuta. No se puede interpretar de otra manera. La excusa que han ofrecido para justificar el bloqueo del proceso es el enfrentamiento entre PP y UDCE por unas desafortunadas declaraciones del Presidente de la Comisión Informativa que trata el asunto. Nadie en su sano juicio puede pensar que algo tan estúpido pueda arruinar una aspiración colectiva que dura cerca de treinta años, y que supone un paso decisivo para Ceuta desde una perspectiva histórica. La realidad que esconde esta farsa es el afán por visualizar la pugna ficticia que mantienen estos dos partidos políticos, beneficiarios de una estrategia electoral consensuada implícitamente, basada en plantear las próximas elecciones como una contienda entre musulmanes (representados por la incipiente coalición por Ceuta) y “españolistas” (representados por el PP). Al PP le interesa aparecer ante su electorado como la opción inflexible, única capaz de frenar el emergente poder musulmán. A la coalición que pretende representar en exclusiva al colectivo  musulman le interesa transmitir la idea de que no pacta el Estatuto porque no recoge las legítimas reivindicaciones de este sector de la población. Ambos se encuentran cómodos y confiados, sintiéndose ganadores en sus respectivos ámbitos. Suficiente. Ceuta puede esperar. El PSOE también se abona a la tesis de defender su interés partidista. Aunque en su caso es irrelevante. Se limita a disimular y animar cualquier brote de discrepancia o conflicto, con la intención de evitar que llegue un documento al Congreso que obligue a la dirección nacional de su partido a pronunciarse con sinceridad.  Triste panorama dominado por intereses mezquinos que se dilucidan en los entresijos de un nuevo engaño masivo al hastiado pueblo de Ceuta.