“Ceuta es una ciudad de gangsters y contrabandistas”. El autor de esta cita fue un alto funcionario del ministerio de hacienda destinado hace algunos años a nuestra Ciudad. La virulenta reacción social hizo que pagara tamaña ofensa con su inmediato traslado. En idéntico sentido, se acuñó una ingeniosa frase de origen apócrifo que aún goza de gran popularidad: “El derecho se queda en el estrecho”. Ceuta está siempre bajo sospecha. Por momentos se tiene la certeza de que todo cuanto se hace en esta Ciudad está teñido de trampa o ilegalidad. Es radicalmente injusto que Ceuta se vea condenada a soportar esta fama. Porque en Ceuta conviven muchísimas personas honradas que no tienen por qué resultar salpicadas por las conductas corruptas de otros. Desprendernos de esa fastidiosa vitola de Ciudad aranera debe ser un objetivo compartido, en cuya consecución hemos de emplearnos a fondo. Sin embargo, en muchas ocasiones, da la impresión de que, lejos de combatir este prejuicio,  nos sentimos a gusto chapoteando en el charco de la inmoralidad. Es la conclusión que se extrae del comportamiento del Gobierno de la Ciudad en relación con la obra de la Manzana del Revellín, ante la inminente ratificación de la sentencia que la califica como ilegal.

El caso es muy conocido. En una parcela que el PGOU destina a equipamiento cultural, una empresa privada, en connivencia con el Ayuntamiento, pretende construir ocho mil metros cuadrados de locales comerciales (el precio de mercado se sitúa en torno a un millón de pesetas el metro cuadrado). La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía es inapelable y demoledora. Reproducimos algunos pasajes. “”En este caso insistimos ante la extrañeza que supone encontrarnos con un sistema general, equipamiento cultual y espacios libres, de evidente carácter público, en parcela de propiedad privada, adquirida de la propia Ciudad Autónoma de Ceuta, que en parte se destina a usos terciarios, locales comerciales o centro comercial”. La traducción política de la expresión “extrañeza” es obvia. Otro. “Sin esfuerzo alguno se llega a la conclusión de que al otorgar una licencia de obra en que el uso económico terciario alcanza 8.707,45 metros cuadrados, estamos ante un uso distinto del dotacional, ya que no guarda relación de complementariedad alguna. Estamos ante un evidente centro comercial desvinculado de los fines culturales”. Termina la sentencia diciendo que la licencia de obra “es contraria al ordenamiento jurídico”.

El Gobierno de la Ciudad, por su naturaleza representativa, por el poder y la autoridad que ejerce, y por su indudable condición de referencia moral de la sociedad, tiene la obligación de defender el principio de legalidad en todas y cada una de la circunstancias, y de practicar la honradez como pauta de conducta ineludible. ¿Cómo debería haber reaccionado ante esta sentencia condenatoria? Reconociendo el fallo, pidiendo disculpas, exigiendo responsabilidades si hubiera lugar, y buscando una solución para reajustar el proyecto a la legalidad vigente. Pero el Gobierno de Ceuta es otra cosa. Como si pretendiera dar la razón a quienes tildan a Ceuta de Ciudad tramposa, se ha atrincherado obstinadamente en su oprobio, lanzando una brutal ofensiva contra quienes han obtenido la razón de los tribunales de justicia. El pronunciamiento oficial del Gobierno es un obsceno canto a la ilegalidad. No existe error alguno. Nada cambiará. Todo lo han hecho correctamente. Y lo volverían a hacer.

Con este disparatado discurso han arruinado cualquier posibilidad de imponer en Ceuta la disciplina urbanística que se aplica en el resto de ciudades españolas. Están legitimando a todo aquel ciudadano que construya al margen de lo dispuesto en el PGOU. Porque No hay ninguna justificación para utilizar dos varas de medir. Ciudad sin ley.

El partido político que ha presentado la denuncia (PSPC), y ha conseguido el reconocimiento favorable del Tribunal del Justicia, está siendo linchado por el PP en todas sus variantes (institucional, política y mediática).  El mundo del revés. Hiriente ironía. Quienes han cometido una flagrante ilegalidad se atribuyen la condición de víctimas ofendidas y prohombres, que luchan denodadamente por el interés general, mientras acusan de canallas y malvados a quienes defienden la legalidad (en este caso con éxito). Lo peor es que son demasiadas las personas que comparten este modo de pensar. Cínicos. Quizá Ceuta, en el fondo, no sea tan honrada como presumimos. Esto explicaría que nuestros gobernantes actúen de esta manera. Estériles adalides de la perversión. Los desesperados bramidos del senador desquiciado, errante en la búsqueda de una identidad política perdida, levantarán una efímera polvareda mediática, pero jamás  podrán evitar que su firma permanezca indeleble al pié de la licencia de la mayor obra ilegal de la historia de Ceuta.