El presupuesto del Ayuntamiento se ha convertido en un petrificado rehén de los arraigados complejos de la clase política local. La gestión de los últimos gobiernos ha estado teñida de improvisación e inseguridad en las convicciones; pero sobre todo ha estado muy condicionada por una concepción miope de la política, que la considera como una actividad efímera vinculada al destino personal de sus actores. No se piensa más allá de la próxima convocatoria electoral. Por este motivo nunca se han tomado decisiones drásticas- Ni siquiera comprometidas. El miedo a la crítica, el pavor a los grupos de presión y el pánico a los medios de comunicación, han propiciado que cada nuevo gobierno haya consolidado todas las decisiones del precedente, por disparatadas que éstas fueran, sumando sus particulares aportaciones a este descomunal lastre que ha alcanzado cotas insoportables. Así se ha pergeñado una política presupuestaria irracional que ha terminado por reducir extremadamente el margen operacional del gasto público, hasta hacerlo prácticamente inexistente. Esta dinámica se observa con extraordinaria nitidez en la política de recursos humanos. Las plantillas de la administración local (tanto del Ayuntamiento como de las empresas municipales) se han ido configurando y aumentando mediante incorporaciones por tandas de afinidades de los sucesivos equipos de gobierno. El que llega mantiene a los anteriores y añade los suyos. Pero esta anomalía no sólo se produce en materia de personal. La política de subvenciones y contratos está infectada por idéntico virus. Una vez que se contrae un gasto por primera vez a iniciativa o por interés del político de turno, queda establecido de manera perenne, y sometido a la inercia rutinaria de la revisión del IPC anual, sin reparar en su eficiencia económica, su rentabilidad social o su incidencia sobre el devenir de las inquietudes colectivas. La conclusión es que un presupuesto portentoso por el volumen de recursos que moviliza (cuarenta mil millones de pesetas anuales) no dispone de suficiente capacidad de intervención efectiva sobre cuestiones básicas que afectan al conjunto de la ciudadanía. Estamos hipotecados por gastos absurdos, infames o superfluos. Impúdico despilfarro.

Ceuta, acosada por múltiples insuficiencias de muy diversa índole, no se puede permitir el lujo de renunciar miserablemente a un instrumento tan valioso como el presupuesto del Ayuntamiento. Por consiguiente, es necesario revisar a fondo su estructura. Partir de cero. Redefinir objetivos y establecer las prioridades atendiendo a un diagnóstico más actualizado de la realidad social de nuestra Ciudad.

Una de estas nuevas prioridades, ahora desatendida, debe ser invertir en el talento de los jóvenes caballas. El factor humano es nuestro auténtico capital de futuro. Por ello es imprescindible y perentorio resolver definitivamente el problema del acceso de los ceutíes a la universidad. No puede quedar ni un solo estudiante ceutí con potencial intelectual para ello privado de la oportunidad de cursar una carrera universitaria acorde con su vocación y preparación por falta de medios. Los principios que enarbolamos con fruición deben ser algo más que palabras grandilocuentes que embadurnan empalagosos discursos estériles. En pleno siglo veintiuno, y en una sociedad que presume de moderna, la igualdad de oportunidades es sólo una falacia para anestesiar conciencias. Los hijos de familias acomodadas puede elegir carrera y universidad, y suspender cuantas veces sea preciso. Los hijos de familias humildes se han de conformar con aceptar la limitadísima oferta local, y en el mejor de los casos, acceder a una beca muy modesta (que no alcanza ni remotamente para financiar el coste de un curso universitario), exigiéndosele, además, que apruebe sin fallar. Profundamente injusto. Socialmente repugnante. Es inadmisible que se sigan produciendo estos agravios comparativos mientras el Gobierno de la Ciudad tira el dinero a manos llenas en bobadas. Cualquier ciudadano con un mínimo de sensibilidad sufriría arcadas al comprobar la enorme suma de recursos desperdiciados en gastos innecesarios. El Ayuntamiento debe asumir el coste íntegro de los estudios universitarios (incluyendo la residencia en la península) de aquellos jóvenes de familias de economía modesta que tengan capacidad para estudiar una carrera. De todos sin excepción. Este sí que es un verdadero programa de inversión para el futuro de Ceuta.