Unas sorpresivas declaraciones procedentes de Melilla sobre el futuro tratamiento de las competencias educativas en ambas Ciudades Autónomas, han desencadenado un debate tan intenso como desordenado, del que se han extraído muy pocas conclusiones válidas. Una de las razones de tanta esterilidad es la confusión terminológica ocasionada por la utilización indistinta de los conceptos competencias, transferencias y gestión, que si embargo son radicalmente diferentes. Otro elemento perturbador, es el empeño de los coautores del estatuto actual (PSOE y PP) en transmitir a la opinión la idea de que este amorfo texto legal está muy próximo a los del resto de Comunidades Autónomas (con la intención de no evidenciar la marginalidad a la que nos han sometido) y por ello aparentan plantear un debate similar al que se entabla en otras comunidades. Puro teatro.

Una premisa inicial que conviene asentar taxativamente es la imposibilidad de que Ceuta y Melilla puedan ejercer las competencias en materia educativa mientras estén regidas por cartas municipales disfrazadas de estatutos. La explicación es muy sencilla. El ejercicio en exclusiva de competencias como la educación conlleva la obligatoriedad de legislar; ya que la legislación básica, vinculante, única competencia estatal, que tiene por finalidad establecer los requisitos mínimos y garantizar los mecanismos de cohesión, debe ser desarrollada posteriormente por los parlamentos autonómicos mediante disposiciones con rango de ley. Ceuta y Melilla son los únicos territorios que están privados de capacidad legislativa propia y en consecuencia no pueden desarrollar la legislación básica quedando atrofiado el modelo. La única solución ante esta imprevisión del mapa autonómico educativo es que las competencias en Ceuta y Melilla se ejerzan, de modo subsidiario y residual, por el Ministerio de Educación y Ciencia (como los centros españoles en el exterior y los dependientes del ministerio de defensa). Una estructura ministerial, que está diseñada exclusivamente para desempeñar funciones de planificación, coordinación y alta inspección, se ve en la tesitura de asumir una especie de apóstrofe que tiene que gestionar sin los recursos humanos suficientes, careciendo de los circuitos administrativos adecuados y sin la vocación política precisa. Ceuta y Melilla son un cuerpo extraño en el conjunto del sistema. Esta situación no es inocua. Deteriora sensiblemente la calidad de la enseñanza que se imparte en nuestra Ciudad, acumulando desfases que nos distancian progresivamente de los parámetros medios del Estado.

Es razonable que, en estas circunstancias, se haga ostensible la inquietud de amplios sectores de la comunidad educativa por superar estas deficiencias estructurales. Lo que ocurre es que el margen de maniobra es muy estrecho. Sólo existen dos posibilidades.

La primera de ellas es la denominada “encomienda de gestión”. Consiste en que una administración (el ayuntamiento) gestione las competencias que tiene asignada otra (la administración central). Es una fórmula prevista en la Constitución, pero inexplorada hasta ahora. Un síntoma inequívoco de su escasa operatividad. Mantener las condiciones legales y políticas actuales, y delegar las funciones administrativas, no resolvería ninguno de los problemas fundamentales que padecemos; y además sería origen de nuevos conflictos, incrementando la burocracia y exigiendo un ejercicio de coordinación, probadamente infructuoso.

La segunda alternativa es la incorporación de las competencias educativas en un hipotético Estatuto de Comunidad Autónoma.  Pero los dos partidos de ámbito nacional ya se han apresurado a decir que, en caso de que hubiera reforma del Estatuto (hecho éste que no se producirá); no incluiría las competencias en educación. PSOE y PP, que rivalizan duramente en casi todos los órdenes de la política española, siempre se convierten en fraternales e indestructibles aliados para postergar a ceutíes y melillenses. Los argumentos empleados para ello son de una miseria intelectual supina. Según ellos, son competencias de un coste muy elevado, que los ineptos ceutíes no estamos preparados para ejercer. En primer lugar, es necesario aclarar que el hecho de que un estatuto contemple una competencia no implica la obligación de aceptar, ni siquiera de solicitar, su transferencia. La Constitución impide expresamente que se pueda imponer a un territorio una competencia que éste no quiera asumir. Por lo tanto, la decisión de excluir las competencias en el Estatuto estaría obturando esta vía durante toda su vigencia (habitualmente contada en décadas), condenando a Ceuta a un ostracismo educativo indefinido; mientras que su inclusión se limitaría a ofrecer una oportunidad, susceptible de ser aprovechada cuando política, técnica y económicamente se considerara conveniente. Sin mayor compromiso.

Por otro lado, resulta insultante ese discurso paternalista de los dos partidos grandes, que reiteradamente nos dispensan un trato de ciudadanos acomplejados. ¿Existe algún motivo esotérico por el que una Comunidad pequeña, de trescientos mil habitantes como La Rioja, se pueda auotoorganizar sin dificultad y con eficacia, y Ceuta no pueda hacerlo? Lo cierto es que ni PSOE ni PP confían en los ceutíes. Se fijan en las personas que ellos mismos ponen al frente de las responsabilidades políticas y se asustan. En esto no les falta razón. Pero la clave está en que ambos partidos, en lugar de considerar la administración como un pesebre para todos aquellos mediocres cuyo único mérito es medrar en las cloacas de los partidos, se apliquen en designar para los cargos públicos a personas capacitadas y valiosas que en Ceuta, evidentemente, también existen. Pero eso es pensar en los intereses generales. Mucho pedir a dos partidos que, hace tiempo, suprimieron ese principio de su manual de instrucciones.