La detención de varios concejales, asesores y funcionarios del Ayuntamiento de Marbella, acusados de graves delitos cometidos desde la institución, ha devuelto al primer plano de la actualidad informativa la sempiterna lacra de la corrupción en el desempeño de la actividad política.  La dimensión del escándalo ha llevado a la disolución de la corporación, una medida de excepción contemplada en la Constitución, aunque inédita durante sus veintisiete años de vigencia. El asunto ha suscitado un gran interés en toda lo opinión pública española. En Ceuta con más motivo. No en vano, el partido político afectado ganó las elecciones municipales en Ceuta hace siete años. Aún padecemos sus desmanes, e incluso alguno de sus correligionarios sigue ocupando puestos relevantes en el Gobierno de la Ciudad.

El fenómeno de la corrupción en el ámbito de la política ha sido extensamente analizado y debatido en nuestro país, entre otras razones porque este tipo de prácticas constituyen la principal causa de desprestigio del sistema democrático. Por ello sorprende que existan sectores muy amplios de la ciudadanía que todavía no hayan  asumido algunas conclusiones demasiado evidentes. En primer lugar, persiste la idea de desvincular a los votantes de las actuaciones de los representantes que éstos eligen. Hemos oído reiteradamente durante estos días que “el pueblo de Marbella no se merece esto”. Obvio error. El pueblo de Marbella ha encomendado en cuatro ocasiones, por mayoría absoluta, el gobierno de su Ayuntamiento a un grupo de granujas, encabezado por el delincuente Jesús Gil. Se merece todo lo que le está pasando y bastante más. Los individuos, y los colectivos, siempre son responsables directos de las consecuencias de las decisiones que adoptan en el ejercicio de su libertad. Pretender erigirse en espectador neutral de la realidad que uno previamente ha contribuido a configurar, es un síntoma inequívoco de inmadurez y cobardía.

Por otro lado, se abunda en la tesis de culpabilizar de la corrupción, exclusivamente, a sus autores materiales. De este modo, es imposible erradicarla. La corrupción se asienta, se extiende y se enquista cuando es tolerada socialmente. Todos los ciudadanos tenemos la obligación moral de combatirla. Nuestro voto, honrado, inflexible e intransigente, es el instrumento infalible para su aniquilación. Quienes por el contrario blindan de impunidad los actos de corrupción; y disculpan, consienten, amparan o muestran comprensión con este tipo de conductas, son cómplices, igualmente corruptos, que están pudriendo los principios en los que se fundamenta nuestra democracia. Desgraciadamente, en Ceuta, todavía no hemos entendido este sencillo corolario. Precisamente por ello, el PP se permite el lujo de convertirse en el refugio del GIL. Allí están acogidos y recogidos los que se paseaban por la Gran Vía de Ceuta aplaudiendo, jaleando y vitoreando al partido que hoy está en la cárcel ante el sonrojo y el bochorno de propios y extraños. El PP sabe que una gran mayoría de ceutíes no valora esta circunstancia a la hora de decantar su voto. Lo ha demostrado fehacientemente. Así, el PP oculta y blanquea todos los casos de corrupción cometidos por el GIL en nuestra Ciudad (la Manzana del Revellín, el contrato de URBASER, la nauseabunda gestión de EMVICESA que se comprometieron a investigar…); y protege a sus valedores, que hasta imparten lecciones de ética, otorgándoles un incomprensible protagonismo social. El mensaje que el PP está enviando a la sociedad ceutí desde el Gobierno de la Ciudad, es tan nítido como demoledor: la corrupción política es rentable. Quien la practica, se lucra y queda impune. Nos están condenando con su permisividad a vivir permanentemente enfangados. El respeto a la coherencia con los valores democráticos, y la fidelidad a la honestidad colectiva que nunca debimos perder,  nos impele a sancionarlos.