La coalición de partidos que aspira a representar al colectivo musulmán en las próximas elecciones, optó por repeler la intolerable ofensa racista que sufrió el pueblo ceutí, iniciada por una copla de Carnaval y agravada por la condescendencia del Gobierno de la Ciudad; con la convocatoria de una manifestación. Un pueril despropósito impropio de políticos responsables. Los fenómenos sociales se rigen por unos parámetros difíciles de conocer y controlar. Los estados de opinión colectiva se crean y deslizan con muy pocos datos objetivos y mucha carga emocional. Los conflictos raciales, que tienen su origen en la condición más miserable del ser humano y se proyectan a través de comportamientos tribales, obedecen inevitablemente al principio de acción reacción. Así, una reacción desmedida, equivocada o malinterpretada, se puede convertir en un punto de apoyo para quienes la orfandad argumental los sitúa ante el vértigo de su propia vergüenza. Por ello, los que asumen un rol de liderazgo social tienen la obligación de actuar al dictado del interés general, de un modo racional y reflexivo, y no arrastrados por impulsos primitivos o intereses particulares, en cualquier caso bastardos.

El Presidente de la Ciudad cometió un tremendo error al no asumir su responsabilidad con la firmeza que requería la situación. Su pasividad generó una reacción perfectamente evitable. Pero los convocantes de la manifestación han incurrido en un error de la misma naturaleza y equivalente dimensión. Es justo reconocer que la respuesta de gran parte de la sociedad ceutí, aunque lenta, estaba siendo positiva (dejando al margen la extraña e indefendible postura del PP). La condena de partidos políticos y entidades sociales de todo tipo, las líneas editoriales de los medios de comunicación más importantes, así como los pronunciamientos de líderes de opinión y ciudadanos en general, estaban consiguiendo que se impusiera la cordura y se generalizara el sentimiento de que lo sucedido era inadmisible. Incluso quienes inicialmente encontraban alguna excusa, comenzaban a cambiar de opinión. De hecho, hasta el Gobierno de la Ciudad, bien es cierto que de forma confusa y tardía, descalificó públicamente la penosamente famosa letra. En ese contexto, y como cierre definitivo de una herida que nunca se debió abrir, lo razonable era la realización de un acto unitario de fortalecimiento de la convivencia. Sin embargo, los partidos que se erigen en defensores en exclusiva de los musulmanes de Ceuta decidieron actuar en solitario, empecinados en patrimonializar la movilización, sin comprender que una manifestación tiene significado político desde su inicio. El modo de efectuar la convocatoria define ante la opinión pública su contenido. Y esta manifestación aparecía concebida como una protesta de musulmanes, excluyendo a muchas personas de otras confesiones que estaban dispuestas a secundar un acto similar. Cuando advirtieron la equivocación, procuraron adhesiones a “su” manifestación; pero en realidad ya se trataba de meras pirueta dialécticas sin eficacia posible, porque es una contradicción llamar a la unidad desde el sectarismo. Desgraciadamente, la manifestación estaba destinada a convertirse en un elemento más de división y confrontación, muy alejada de las intenciones que, cínica o ingenuamente, se enunciaban formalmente.

La manifestación resultó un indudable éxito de participación. Excelente rentabilidad electoral para sus promotores. El resultado político ha sido un absoluto desastre. Como cumpliendo escrupulosamente un guión predeterminado, los actos vandálicos han sepultado cualquier otra connotación o consecuencia. La impresión que ha quedado en la ciudadanía es la del pánico sembrado. Porque muchos ceutíes que conviven en paz y combaten el racismo, sintieron miedo e impotencia injustamente. Son baldíos los esfuerzos por deslindar la manifestación de los graves altercados de orden público (es tan inútil como el intento del Presidente de refugiarse en la naturaleza privada del Carnaval). Toda la ciudadanía tiene el pleno convencimiento de que si no se hubiera celebrado la manifestación no habrían ocurrido esas lamentables agresiones. La relación causa efecto que ha arraigado en la conciencia social es imposible desactivar. Y los responsables de la manifestación tenían la obligación de haber previsto esta contingencia. Ese es el sentido de la responsabilidad que cabe exigirle a un líder político. Ahora es muy sencillo escabullirse por la rendija del pulcro discurso de rechazo.

La conclusión de este inoportuno acto ha sido una inquietante pregunta que corre de boca en boca por toda la Ciudad, como un torbellino de aire fresco que alimenta los pulmones de los más reaccionarios, buscadores empedernidos de justificación para demostrar sus planteamientos: ¿Y ahora, qué?

Durante estas semanas hemos podido comprobar cómo una desquiciada rivalidad electoral amenaza con quebrar la columna vertebral sobre la que se articula nuestra convivencia. No se puede entender la obstinación en gobernar sobre un yermo moral en el que dilucidar un suicida enfrentamiento racial. No menoscaba en un ápice la dignidad de nadie el reconocimiento de los errores propios. Y en  este asunto se han cometido demasiados.  Pero aún estamos a tiempo. Es urgente recobrar la sensatez sin pasar facturas, sin recelos y sin rencor. Haciendo valer con hechos claramente interpretables por la sociedad que este pueblo no quiere seguir avanzando por la senda de la autodestrucción. La alternativa es ponerse a echar cuentas.