El indecente juego de rol que protagonizan los dos partidos grandes, a modo de cansina, intensa e interminable campaña electoral, ha situado bajo el foco de la atención informativa la política de vivienda en nuestra Ciudad. Como empieza a ser dramáticamente habitual, el PSOE y el PP sólo llevan razón cuando se insultan mutuamente. En efecto, ambas administraciones se están mostrando absolutamente inoperantes ante uno de los problemas básicos de Ceuta. No existe voluntad política de acometer con rigor esta cuestión. Los ínfimos avances registrados en los últimos diez años constituyen una prueba irrefutable de esta negligencia culpable. Los programas de inversión que se han puesto en marcha, dotados con presupuestos muy exiguos, obedecen a la inercia de planes de ámbito nacional. Pero en ningún caso se han tomado en consideración las peculiaridades de Ceuta que, también ene este caso, requieren un tratamiento específico.

Todos los segmentos del sector inmobiliario están seriamente perjudicados por circunstancias de diversa índole. No obstante, por representar una dimensión política de mayor relevancia, y por ceñirse más estrictamente a las competencias de las administraciones implicadas, nos centraremos en el acusado déficit de viviendas sociales. El PGOU aprobado en 1.992, cifraba la necesidad de viviendas sociales en 4.000 unidades. Desde aquella fecha (han pasado catorce años) y según la estadística oficial publicada por el propio ayuntamiento, se han construido setecientas viviendas de este tipo (ninguna desde 1.999). Una simple operación aritmética nos indica que, a este ritmo, tendrían que pasar ochenta años hasta alcanzar un nivel óptimo en este parque de viviendas, suponiendo que las condiciones de la población se mantuvieran constantes. Los datos son inapelables y dejan desnudos los discursos falaces de quienes han dirigido de manera nefasta la política de vivienda durante los últimos años. Es decir, el PSOE y el PP.

La escasez de viviendas asequibles para los sectores económicamente menos favorecidos de la sociedad, actúa en una doble dirección provocando efectos demoledores desde la perspectiva de los intereses generales. Una. Resta credibilidad a la tan sobada política de integración social. La cohesión social no puede quedarse en un hermoso concepto abstracto que todos alaban y nadie practica. La vivienda y el empleo  configuran el eje central de una eficaz acción integradora. Es muy difícil convencer de la existencia de una voluntad real de  integración social a quienes viven hacinados en chabolas o infraviviendas sin más horizonte. Combatir la marginación comienza por dotar a cada familia de una vivienda digna. Dos. Los jóvenes conforman el otro sector de población afectado de un modo más acentuado por la ausencia de una política activa de viviendas sociales. Independizarse, en Ceuta, para cualquier joven es una auténtica quimera. La falta de interés en construir viviendas accesibles, está desarraigando a la juventud ceutí. Es una invitación al suicida éxodo masivo que castra el futuro.

Estas reflexiones nos llevan a la conclusión de que la inversión en viviendas sociales debería ser una prioridad para nuestros gobernantes. Ahora tenemos una excelente oportunidad para comprobarlo. El PP ha hecho pública su propuesta de elaborar un Plan Especial que incluya las inversiones más necesarias. Simultáneamente, el PSOE ha anunciado la intención del Presidente del Gobierno, en su futura visita, de comprometerse con medidas concretas para Ceuta. Si fueran ciertos estos pronunciamientos, la solución estaría servida: basta con ceder al ayuntamiento las parcelas ociosas que mantiene injusta e innecesariamente el ministerio de defensa en nuestra Ciudad; consignar en los Presupuestos Generales del Estado las cantidades precisas (en torno diez millones por vivienda); y construir por la vía de urgencia, en el espacio de cuatro años, tres mil viviendas de protección oficial. Es tan fácil que no se hará. Para el PSOE y el PP es más rentable vivir del cuento buscando votos.