Está de moda hablar de educación. La tramitación de la Ley Orgánica de Educación inspirada por el partido gobernante, ha provocado una intensa y ácida polémica sobre el sistema educativo español, que se desarrolla en diversos ámbitos y desde múltiples perspectivas. La observación atenta del proceso en curso nos conduce a dos conclusiones. Una. La educación se aborda desde una atalaya de frivolidad que produce pavor. Las más osadas teorías se fundamentan en simples anécdotas o tópicos vulgares. Nadie se detiene a pensar que la educación es una actividad científica, y como tal tiene un sustrato metodológico objetivo que es preciso conocer; y por otro lado, que es imposible evaluar con seriedad, sin disponer de los elementos de juicio necesarios y suficientes, los efectos de una acción educativa que tiene por destinatarios a millones de personas absolutamente diferentes en sus capacidades, actitudes, motivaciones, condiciones socioeconómicas y circunstancias ambientales, para las que no existen, por tanto, ni recetas unívocas, ni reglas uniformes, ni criterios homogéneos (ejemplo: se oye, a menudo, dictar sentencias inapelables sobre el sistema con el único aval de que “los alumnos pasan con cuatro suspensas”; pero no se comprende la infinidad de casos que se esconden tras un hecho aparentemente tan simple, porque cada alumno es un universo de circunstancias singulares, que resulta inútil cuadricular).

Dos. La educación no interesa a los partidos políticos. Es sólo un reclamo electoral. Se utiliza como un pretexto atractivo para convencer a la ciudadanía de que el partido adversario es una calamidad. Desgraciadamente, ése es el límite intelectual del enfrentamiento. Los discursos que se pronuncian desde las tribunas políticas y desde los medios de comunicación, no guardan ninguna relación con lo que sucede en las aulas. Son mundos paralelos. Los profesores y alumnos viven una realidad en la escuela y los políticos se entretienen inútilmente ensimismados en su entelequia particular. Sólo así se puede explicar que dos leyes coincidentes en sus postulados fundamentales, sean presentadas por sus autores como propuestas radicalmente antagónicas, determinantes de modelos alternativos. El devenir de la vida académica en los centros, antes con el PP, y ahora con el PSOE, es idéntico. Asistimos a una enconada pugna en la que únicamente se dirimen intereses partidarios y económicos. La educación queda orillada. Entre otras razones, porque no se puede cambiar la educación con leyes. Las actitudes, la motivación, la ilusión, las prioridades personales, la concepción de la vida, en definitiva, no se impone en un boletín oficial.

Pero entre tanto dislate, despropósito y necedad, revestidos de argumentos sugerentes susceptibles de conectar con la ciudadanía, ha llamado especialmente la atención la encendida defensa de la enseñanza pública escenificada por el Presidente del Gobierno en el Congreso y retransmitida por la televisión pública. Una inconmensurable desfachatez.

El Gobierno de la Nación sólo tiene competencias educativas en las Ciudades de Ceuta y Melilla. En consecuencia, y si las categóricas aseveraciones del Presidente del Gobierno tuvieran algún atisbo de verdad, la enseñanza pública en estas dos ciudades gozaría de un trato preferente. La realidad es diametralmente  opuesta. La enseñanza pública en Ceuta esta sometida a un severo proceso de descrédito tolerado y alentado por la propia administración que dirige el Presidente del Gobierno.

La calidad de los centros no se mide por la idoneidad de sus instalaciones, ni por la dotación de recursos materiales, ni siquiera por el nivel del claustro de profesores. En estos aspectos la enseñanza pública de Ceuta es infinitamente superior a la enseñanza privada. Son el prestigio y la consideración social los que imprimen el sello de calidad a una institución educativa, ya que de ellos se derivan el flujo y la calidad del alumnado que nutre cada uno de los centros. Desde esta óptica los colegios e institutos públicos en Ceuta están cada vez más cuestionados. Existe la percepción, que se extiende imparablemente, de que en los centros públicos se concentran todos los alumnos conflictivos. Las familias de más elevado estrato económico, o de mayor cuota de influencia social, huyen de la enseñanza pública para proteger a sus hijos de las malas compañías, y se refugian en los centros privados, en los que consiguen blindarse de los ambientes contaminados, pagando gustosamente incluso el precio de recibir una educación notoriamente más deficiente. Esta aberración se agrava por la facilidad y frecuencia con la que se identifican los términos conflictivo y musulmán. Siempre, por supuesto, precede la farisaica coartada liberadora de la mala conciencia: “yo no soy racista, pero…”.

Todo esto no es fruto del azar. Es la consecuencia de una política de escolarización racista y segregadora, auspiciada, sostenida y ejecutada por una administración hipócrita, que presume de defender la escuela pública para arrancar los votos de los progresistas, pero que practica los métodos discriminatorios más reaccionarios y deleznables.