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Becas e incompetencia

Juan Luis Aróstegui

El Gobierno de la Ciudad, según el Reglamento aprobado por el PP, niega la ayuda al estudio a aquellos alumnos que repiten curso. Sin ninguna otra consideración. Es una exhibición de falta de sensibilidad asombrosa. Sin ser un experto en materia educativa, es fácil concluir que los motivos que conducen a un joven a repetir curso son muy variados. Igualar a todos en el rechazo es radicalmente injusto. Esta crítica ha suscitado un debate público en el que ha participado el Gobierno de la Ciudad. Su posición se ha sustentando sobre dos argumentos. El primero de ellos es que la educación no es competencia del Ayuntamiento. El segundo es que, a pesar de esta circunstancia, el Gobierno del PP ha elevado de manera muy cuantiosa el volumen de recursos destinados a becas, hasta alcanzar la cifra de setenta millones de pesetas de lo que, al parecer, se sienten muy satisfechos. Una nueva demostración de desprecio a la inteligencia de la ciudadanía. La habilidad del PP ha para dispensar a los ceutíes un trato de idiotas irredentos, con evidente éxito, es digna de una investigación en el campo de la psicología social. Ejemplo. Esta formulación se hizo simultáneamente al anuncio de la solicitud del Presidente de la Ciudad de una Conferencia de Presidentes para analizar la propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía de Cataluña. No deja de ser extravagante que el Gobierno de Ceuta se considere así mismo competente para estudiar un proyecto de Estatuto de otra comunidad, y sin embargo, no lo sea para mejorar una política que atañe de forma muy directa al sistema del bienestar social de los ceutíes.

Es innecesario explicar que el concepto político de "competencia" no es hermético. Admite grados y modos muy diversos. Y resulta obvio que todo aquello que tiene una incidencia relevante sobre aspectos esenciales de nuestra Ciudad es competencia de quienes nos gobiernan. En una u otra medida, en uno u otro sentido. Pretender inhibirse ante la situación actual y evolución futura del sistema educativo local, es un ejercicio de absoluta irresponsabilidad.

Ceuta es la Ciudad de España con el índice de fracaso escolar más elevado. Esta es una realidad que ya ha encallecido en la conciencia colectiva. Debería estremecer; pero la impotencia y la indiferencia han conseguido acomodarla, y ya convivimos con ella con naturalidad. Somos la Ciudad con el menor porcentaje de alumnos cursando bachiller, y por supuesto, estudios universitarios (tres veces inferior a la media nacional). Seguimos impertérritos. Al profundizar en esta estadística, reconocemos, además, un problema de orden político de primera magnitud. Existe una gran disparidad de resultados académicos entre los alumnos musulmanes y los de otros colectivos. Es una afirmación incontrovertible que el fracaso escolar se concentra en el colectivo musulmán. Si ponemos en concordancia este dato con el hecho de que es también este colectivo el que padece en mayor medida los rigores de la pobreza y la marginación, llegamos a la conclusión de que las deficiencias de nuestro sistema educativo están propiciando y ampliando una fractura social de consecuencias muy traumáticas. Si no somos capaces de promover una efectiva igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos, en el acceso al mercado laboral y a los puestos de responsabilidad, se irá configurando una organización social, basada en una jerarquía étnica, que no se corresponde con la estructura demográfica. Este modelo amorfo y desequilibrado es una garantía de conflictiva inestabilidad.

Por ello, todas las iniciativas destinadas a corregir las desviaciones e imperfecciones del sistema educativo deben tener la consideración de prioritarias para ambas administraciones. Aceptando esta premisa, y comprendiendo la envergadura del reto planteado, colegimos que al menos los objetivos más asequibles deben quedar resueltos con determinación. Entre ellos destaca, como el más elemental, facilitar a todos los jóvenes el material necesario para estudiar sin que ello suponga un coste insoportable para las economías domésticas. Ahora no sucede así. Las becas que se conceden son insuficientes en su dotación (oscilan de doce mil quinientas a veinte mil pesetas) y excesivamente restrictivas en los criterios de adjudicación. El Gobierno de la Ciudad debería reflexionar serenamente sobre esta cuestión e impulsar un cambio profundo en su política de ayudas al estudio, para adecuarla con mayor precisión a las necesidades reales de los sectores de población más desfavorecidos. No es lícito que se declaren incompetentes, y presuman de generosos por setenta millones anuales. ¿Acaso son competentes para pagar más de cien millones en un año al periódico El Pueblo, que no lee nadie, y sólo sirva para que ellos mismos se regodeen en su propia propaganda" ¿Acaso son competentes para despilfarrar más de ciento cincuenta millones de pesetas anuales en financiar un club profesional de fútbol sin que nadie sepa para qué" No vendría mal un rearme de sensibilidad y una rebaja sustancial de los niveles de hipocresía.