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Una dramática normalidad

Juan Luis Aróstegui

Ha comenzado el curso escolar bajo el signo de la normalidad, según ha sentenciado la administración educativa. Probablemente lleven razón. Si como tal entendemos que continuamos sufriendo los mismos problemas de siempre sin que nadie se haya tomado la molestia de procurar alguna solución. Desgraciadamente, es normal que no exista el menor interés por la política educativa ceutí. Cada nuevo dato conocido sobre el rendimiento académico se convierte en un duro mazazo para nuestra autoestima colectiva (el último, es que el número de jóvenes ceutíes que cursa estudios universitarios es tres veces menor que el de la media española). Sin embargo, la constatación de este estrepitoso fracaso ya no conmueve a nadie. Nos están acostumbrando a considerar los problemas políticos como irremediables designios del destino. En este caso, la indiferencia se ve acentuada por el hecho de que la educación nunca ha contado entre las prioridades de la opinión pública. En la mejor de las hipótesis, cada familia se ocupa, exclusivamente, de que sus hijos estén en el aula, tengan "buenas compañías" y promocionen de curso. Más allá de estos modestos objetivos individuales, el mundo de la enseñanza se convierte en un galimatías inescrutable para la inmensa mayoría de la ciudadanía. Así se explica la ausencia de la presión social necesaria para que la administración reaccione. La inercia conformista anquilosa y deteriora el sistema situándolo en el camino hacia el colapso.

El PSOE y el PP, por la cuota de responsabilidad que les corresponde, se niegan a reconocer la realidad; pero lo cierto es que la causa fundamental del cúmulo de deficiencias que aquejan a la educación local, reside en la marginalidad en la que quedaron Ceuta y Melilla desde que todas las Comunidades Autónomas gestionan en exclusiva las competencias educativas.

El modelo actual está diseñado de modo que, partiendo de unas condiciones mínimas, cada Comunidad asume las decisiones políticas, establece las pautas administrativas, y gestiona los recursos, en orden a responder adecuadamente a las demandas de su territorio. En este contexto, Ceuta y Melilla, están absolutamente desplazadas. Porque no existe una previsión sobre cómo suplir el vacío que provoca nuestro "aconstitucional" régimen político. El Ministerio se ha reorganizado de conformidad con las atribuciones que le corresponden en este nuevo escenario. Ceuta y Melilla permanecen como una especie de competencia residual y exótica, similar a la misión cultural exterior, atendida rutinariamente por funcionarios que se limitan a cumplir con los procesos administrativos imprescindibles para sostener la estructura elemental del servicio. No existe política educativa para Ceuta. Sólo muy de vez en cuando, y con la única intención de hacer propaganda partidista, algún cargo del ministerio pronuncia un discursillo tan demagógico como efímero sobre los problemas de Ceuta. El llamado Plan Integral es un incontestable paradigma de esta forma de proceder. Presentado bajo una aparatosa parafernalia de marcado matiz político, se ha ido diluyendo hasta desaparecer por completo. Las consecuencias de esta anómala y precaria situación alcanzan a todos los ámbitos de un servicio público esencial, en teoría, e ignorado en la práctica.

En lo estrictamente profesional, es conveniente recordar que los profesores de Ceuta y Melilla son los únicos de España que no tienen reconocida la capacidad legal para negociar sus condiciones laborales. Sólo un subterfugio, auspiciado por la insistencia sindical, ha permitido establecer un singular y alambicado canal de negociación, cuya efectividad está sujeta a la condescendencia de la administración. Como prueba de ello, podemos citar la suspensión injustificada de las dos últimas reuniones previstas, y la paralización inexplicada de los asuntos pendientes. Los profesores de Ceuta y Melilla, por circunstancias ajenas a su responsabilidad, están condenados a sufrir una permanente discriminación.

No corre mejor suerte la política de recursos humanos del personal de administración y servicios. El funcionamiento de la Dirección Provincial descansa en el exacerbado sentido de la responsabilidad de un grupo muy reducido de funcionarios, que se multiplican para desarrollar una labor muy por encima de sus obligaciones, sin reconocimiento alguno, con el apoyo de docentes allí destacados, para evitar el cierre por falta de personal. Por otro lado, resulta inconcebible que la administración no pueda garantizar funciones tan básicas como la apertura material de los centros, o la ejecución tareas administrativas tan simples como la matriculación del alumnado, por la escasez de las plantillas. En los institutos, el suplido corre a cargo de los equipos directivos. Hacen de ordenanzas, auxiliares administrativos, o lo que corresponda, según los casos. El único remedio aportado hasta la fecha, es la asignación a los centros de efectivos de distintos programas de empleo, que terminan desempeñando unas funciones que tienen legalmente prohibidas. Este deprimente desbarajuste, que se prolonga ya durante demasiado tiempo, es perfectamente conocido por el Gobierno, que lo consiente y mantiene, mostrando un absoluto desprecio por nuestra Ciudad y una intolerable falta de respeto por los empleados públicos que son víctimas de él. Todo esto sucede ante la displicencia o impotencia (no se sabe qué es peor) de los responsables políticos locales, entretenidos con sus ridículas batallitas mediáticas y sus oscuras elucubraciones paranoides.

Pero, sin restar importancia a estos hechos, lo realmente grave son los problemas que afectan a la práctica docente directa. Ceuta y Melilla son los únicos territorios españoles que no tienen instituido un Consejo Escolar. Carecemos de un órgano en el que diagnosticar nuestras necesidades educativas y planificar las estrategias mas acertadas para garantizar unos niveles de calidad aceptables. Nadie se ocupa de analizar las adaptaciones precisas para ajustar los instrumentos disponibles a los objetivos deseables. Nos limitamos a desarrollar los mínimos establecidos en la legislación básica, aunque se haya demostrado fehaciente y reiteradamente que nos conducen a unas cifras de fracaso escolar escandalosas. Entre la imposibilidad legal de elaborar normas propias, y la desidia de la administración central a la hora de legislar medidas específicas para Ceuta, nos seguimos rigiendo por un conjunto normativo desfasado y obsoleto. Un caso de especial trascendencia es el de la política de escolarización, amparada por un decreto genérico con diez años de antigüedad, que no contempla los cambios de la realidad social que se han producido desde entonces. Una sencilla comprobación de los listados de alumnos de cada uno de los centros, descubre de un modo taxativo, el dramático proceso de segregación escolar que se viene gestando, cada vez con mayor claridad e intensidad. La administración, lejos de corregir esta tendencia, se ha convertido en su mejor artífice y principal valedor. Sumando los intereses particulares de unos, la complicidad de otros, y la pasividad de los restantes, estamos consolidando una red de centros dual cargada de perversidad. Ante la indolencia general, parece que todos estemos dispuestos a aceptar como modelo de escolarización la agrupación de alumnos según su procedencia étnica. El resultado final será la existencia de centros para musulmanes (públicos) y centros para cristianos (privados), de momento, en los niveles de enseñanza obligatoria. Esta práctica va acompañada de una malvada asociación de ideas que induce a extender entre la sociedad la injusta convicción de que es una división entre centros malos (públicos) y buenos (privados). Los centros públicos quedan estigmatizados y sometidos a una paulatina pérdida de prestigio, que no se corresponde en absoluto con la realidad, pero que desmotiva y desmoraliza al profesorado. Los efectos de este fenómeno son demoledores, no solo desde la perspectiva educativa, sino por su innegable repercusión social, y en última instancia, política. Estamos perfeccionando el modelo de convivencia que el Presidente de la Ciudad presume de exportar, a pesar de que hace ya unos decenios fue erradicado de Sudáfrica, que era el último país en el que estaba implantado.