BLOGS

Un caso repugnante

Juan Luis Aróstegui

Una de las características más incomprensibles de la sociedad ceutí es el modo en que hemos interiorizado la corrupción, hasta el extremo de acostumbrarnos a convivir con ella inevitablemente como si se tratara de una cualidad consustancial con el ejercicio de la política. En Ceuta, la corrupción practicada desde el poder ya solo indigna y subleva a una minoría cada vez más exigua. La inmensa mayoría la asume con una pasmosa naturalidad. Este hecho encuentra su justificación, no en una condición innata de los habitantes de este lugar, sino en una prolongada trayectoria de tolerancia e impunidad que ha terminado por ocupar un espacio vital de la conciencia colectiva. Durante demasiado tiempo, los ceutíes hemos comprobado cómo los protagonistas de casos flagrantes de corrupción política, no sólo no eran sancionados o proscritos, sino que han promocionado socialmente, se han enriquecido y han desempeñado cargos relevantes, ante la rendición, por conveniencia o cobardía, de quienes tenían la posibilidad y la obligación de haber castigado con severidad este tipo de conductas. El legado ético que estamos transmitiendo a las futuras generaciones produce una mezcla de estupor y desasosiego difícil de asimilar.

De esta forma, los actos de corrupción en sus diversas manifestaciones, grados, matices o versiones, saturan la vida pública de nuestra ciudad, saldándose con efímeros e inofensivos comentarios privados, en el mejor de los casos. El tratamiento que la administración dispensa a esta relevante cuestión, evoca los tiempos de la dictadura. La mejor forma de combatir la corrupción es el silencio. Es la aplicación a la política del viejo refrán: "ojos que no ven, corazón que no siente". El Gobierno de la Ciudad considera que es preferible acunar a los corruptos y proyectar una imagen de tranquilidad social, aunque sea ficticia, antes que actuar con firmeza y limpiar las cloacas del sistema, con el consiguiente coste en términos de escándalo público. Así, entre la benevolencia impuesta a los medios de comunicación, y la ineptitud de los partidos de la oposición, la corrupción fluye libremente tras la más absoluta opacidad. Exponemos un ejemplo suficientemente ilustrativo.

Hace unos meses, llegó a diversas instituciones una denuncia anónima sobre algunos hechos delictivos supuestamente acaecidos en la empresa EMVICESA. La gravedad de lo denunciado obligaba a poner en marcha una investigación seria y a fondo. Como sucede a menudo con este tipo de casos, muchos de los hechos son indemostrables, aunque exista una certeza moral de verosimilitud. Pero en esta ocasión, una de las fechorías, que solo admite el calificativo de repugnante, quedó fehacientemente demostrada. Cuando se entregaron las viviendas de la Estación de Ferrocarril, un grupo de desaprensivos, "disfrazados" de empleados públicos de EMVICESA (no confundir con los excelentes profesionales que prestan allí sus servicios), decidieron saquear a las familias adjudicatarias, en su mayoría muy humildes, sustrayéndoles diez mil pesetas a cada una para obtener unos fondos extras con los que costearse caprichos y diversiones. Es fácil imaginar el momento de emoción de estos ciudadanos que, por fin y por primera vez, iban a acceder a una vivienda digna. Desconocían, como es lógico, los trámites administrativos y hubieran pagado diez mil o cien mil pesetas que les hubieran pedido unos funcionarios desde una ventanilla pública. Al parecer, el dinero recaudado de manera infame, abusando de la ignorancia de gente sencilla, servía para todo tipo de juergas y francachelas, que encabezaba uno de aquellos insignes políticos de la Costa del Sol importados al precio de doce mil votos. Existen pruebas documentales de estas operaciones de cobro ilegal. El Gobierno de la Ciudad tiene perfecto conocimiento de ello. Pero se mantiene al margen. No ha depurado ninguna responsabilidad. Todos los implicados continúan disfrutando de su confortable y bien remunerada posición. A los ciudadanos expoliados nadie les ha devuelto el dinero hurtado desde la propia administración. La opinión pública ni sabe ni quiere saber. El Gobierno tendrá su particular criterio sobre cómo abordar este asunto; pero permanecer impasible ante el atraco a un grupo de ciudadanos de modesta condición económica, cometido desde una dependencia municipal con alevosía, no deja de ser una modalidad de corrupción.

¿Los grupos de la oposición? Deben seguir entretenidos minutando el tiempo que salen por la televisión.