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La Privatización del Interés Público

Juan Luis Aróstegui

El principio fundamental que debe inspirar toda acción de gobierno es la defensa del interés público. Las personas que coyunturalmente tienen asignada la responsabilidad de administrar el patrimonio común de la sociedad, tienen la obligación de proporcionar a la colectividad el máximo rendimiento económico y social derivado de su explotación. Este elemental modo de proceder, en Ceuta, parece convertirse en una lejana utopía.

La utilización del patrimonio público como fuente de enriquecimiento privado es uno de los métodos más extendidos y rentables de corrupción política. El mecanismo es muy simple: alegando cualquier tipo de excusa disfrazada de bien común, más o menos presentable según el grado de cinismo, se cede una porción del patrimonio de todos los ciudadanos a una empresa próxima al Gobierno de turno. Esta, a través de la correspondiente enajenación, se apropia de los beneficios, habitualmente cuantiosos, que debería disfrutar el pueblo, como legítimo titular del patrimonio injustamente esquilmado. En nuestra Ciudad abundan los ejemplos. Cómo máximo exponente, y ocupando un lugar vistoso y preferente, se sitúa la Manzana de Revellín; pero hay muchos más. Recordemos el caso Preosa (la Autoridad Portuaria entregó toda la ampliación del Muelle de Poniente a un empresario amigo, que la parcelo y vendió a precio de oro). La lista se hace interminable. Según todos los indicios, un nuevo eslabón amenaza con añadirse a la putrefacta cadena. Se encuentra en fase de concurso la concesión administrativa para la explotación del puerto deportivo. Sólo se ha presentado una oferta. Ganará.

En primer lugar, resulta asaz incomprensible que se haya elegido el modelo de gestión indirecta para prestar este servicio. La empresa privada llamada a quedarse con la concesión no aporta absolutamente nada. La inversión la ha financiado el erario público. Carecen de especialización (la empresa se ha constituido ex profeso para concurrir al concurso). Los trabajadores son los que vienen realizando las tareas desde hace más de quince años. Lo lógico es que fuera la Autoridad Portuaria la que gestionara directamente el Puerto Deportivo, garantizando de esta forma el cumplimiento de los fines sociales que deben ser, en cualquier caso, prioritarios.Pero esto no es lo más sorprendente. La concesión administrativa, bajo el eufemístico epígrafe de "instalaciones complementarias", autoriza la construcción, y por supuesto venta, de un edificio de tres plantas de locales comerciales que se extiende desde el Poblado Marinero hasta el CAS.

De este modo, la explotación del Puerto Deportivo queda relegada a un segundo plano, absolutamente irrelevante, y se convierte en una fastuosa operación urbanística valorada en decenas de millones de euros. Cuando las cosas se hacen así, la sospecha es inevitable. Un proyecto de esta naturaleza, que supone un enorme impacto en el centro de la Ciudad (se conecta mediante tres puentes con el Paseo de Las Palmeras), no puede deslizarse clandestinamente escondido tras un concurso para vigilar embarcaciones deportivas. Requiere un previo e insoslayable debate político, en el que se analicen sus repercusiones en el diseño de las zonas comerciales y su incardinación en la planificación del desarrollo urbanístico. Y llegado el caso de que la iniciativa se estime de interés general, habrá que explicar por qué las plusvalías multimillonarias que va a generar la venta de esos locales deben quedar en poder de una empresa privada, en lugar de incrementar los ingresos de la Autoridad Portuaria, con los que podría mejorar sus equipamientos y servicios. Una vez más se ha privatizado el interés público. Con demasiado dinero de por medio. Y en silencio.