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Cómodo caos urbanístico

Juan Luis Aróstegui

La gestión del Gobierno municipal del PP, durante el actual mandato, lleva camino de convertirse en un perfecto desastre. No deja de ser extraño. Manejan el presupuesto más elevado de la historia, y disponen de una mayoría absoluta impensable, de una oposición que apenas alcanza el calificativo de testimonial, y de los medios de comunicación genuflexos en vergonzosa actitud servil. Sin embargo, y de un modo inexplicable, se les percibe como acorralados, petrificados y desorientados. Carentes de iniciativa, liderazgo y vigor, van acumulando sucesivas frustraciones, fracasos y escándalos que se niegan a aceptar y corregir; permaneciendo aislados en su particular burbuja de pretendida inmunidad social, fabricada por la adulación de los interesados y la obcecación de los soberbios. Parece que todo lo confían a la contrastada falta de espíritu crítico del electorado ceutí, que todo lo absorbe con una naturalidad digna de la más reputada erudición parapsicológica.

El catálogo de despropósitos se hace interminable. De entre ellos, sin despertar un excesivo interés en la mayoría de la población, destaca la política urbanística. El urbanismo es uno de los componentes más trascendentes de la administración municipal, aunque su complejidad técnica lo aleja notablemente de la sensibilidad ciudadana. El desarrollo de una Ciudad, y su configuración futura, dependen de las decisiones políticas en materia urbanística, que además de representan una fuente de generación de riqueza de primera magnitud, a través de la especulación y las plus valías. Este hecho, evidente con carácter general, adquiere una especial relevancia en una pequeña Ciudad como Ceuta, siempre condicionada por sus reducidas dimensiones.

La situación del urbanismo en Ceuta no puede ser más caótica. En primer lugar porque está sometida a un marco legal precario e inseguro. El urbanismo está transferido a las Comunidades Autónomas (menos Ceuta y Melilla, por mor del extravagante estatuto pactado por PSOE y el PP). Los parlamentos autonómicos han desarrollado sus propias normas. Ceuta no ha podido hacerlo. La legislación supletoria está parcialmente derogada por sentencias judiciales, de manera que sus contenidos dependen de las interpretaciones, más o menos atinadas, del técnico de turno. Pero es que, además, el Plan General de Ordenación Urbana está vencido desde el año dos mil. Las prescripciones urbanísticas aplicables, datan del año mil novecientos noventa (cuando se aprobó inicialmente). Nadie conoce las razones por las que se demora la revisión del PGOU. La única noticia sobre este asunto es que han contratado a diversos arquitectos para que cada uno defina el planeamiento de un sector de la Ciudad, en una flagrante contradicción con la naturaleza del PGOU que se llama precisamente así, porque pretende dotar de coherencia al conjunto de la Ciudad. Este no es un problema menor. El PGOU, no sólo establece los usos, calificaciones y clasificaciones del suelo; que requieren una actualización ágil para dinamizar el crecimiento de la Ciudad conforme a los objetivos e intereses generales; sino que también determina las normas urbanísticas aplicables en cada caso. Muchas de las vigentes son confusas y otras ya están desfasadas u obsoletas.

La conclusión de este estado de la cuestión es que donde no hay orden, reina el desorden. Es exactamente lo que nos sucede. De ello se derivan dos consecuencias muy gravosas en términos políticos.

Una. No existe disciplina urbanística. La ausencia de autoridad se propaga con extraordinaria rapidez. Los ciudadanos saben que las construcciones ilegales proliferan ante la mirada cómplice del Gobierno. Así que cada cual construye donde, cuando y como quiere. La Policía Local, una vez anulada su capacidad de disuasión, ha quedado reducida a un rol de inofensivo apuntador, cuyos partes provocan la mofa de los propios denunciados, conocedores de su seguro destino como carne de archivo. La anarquía se expande ierrefrenablemente entre resignación, indignación, perplejidad e ironía.Dos. La concesión de licencias está siempre bajo sospecha. Las licencias urbanísticas, por los derechos subjetivos que generan, han de estar escrupulosamente reguladas en todos sus extremos. No debe quedar margen para la arbitrariedad. En Ceuta ocurre todo lo contrario. Entre el lío legislativo, y las deficiencias del PGOU caducado, solicitar una licencia de obra en nuestro Ayuntamiento es como apostar a la ruleta de la fortuna. La suerte está sujeta al criterio cambiante de los técnicos, los políticos, o de ambos simultáneamente. Se crea una situación de inseguridad jurídica intolerable. Que legitima la duda y la sospecha. Las diferencias de altura entre edificios colindantes, o los remates de los bloques con esa especie de cucurucho invertido (aumento de altura por encima de lo permitido mediante continuos "retranqueos", con el consiguiente incremento de beneficios), son pruebas irrebatibles de este fenomenal desconcierto, en el que el PP parece sentirse muy cómodo.