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Ideas sobre el Estatuto

Juan Luis Aróstegui

El Gobierno de la Ciudad, a la vista de las circunstancias, ha decidido prorrogar el plazo ya prorrogado para elaborar el proyecto de Estatuto que debe dar cumplimiento al acuerdo plenario de aplicar la Transitoria Quinta de la Constitución. De poco valdrá esta prolongación si no obedece a una pretensión sincera de revitalizar el debate público al respecto. Urge un cambio brusco en el ritmo, la intensidad y la dirección.Una primera cuestión a resolver es la propia definición de la institución. Sobre ella, y por razones obvias de técnica jurídica y procedimientos políticos, es más que conveniente una coincidencia plena con el Estatuto melillense. Y resulta un tanto extraño e inquietante el término elegido por el autor del borrador de Melilla (no utiliza la expresión Comunidad Autónoma, que sería lo correcto, sino "Ciudad Autónoma con naturaleza jurídica equivalente a una Comunidad Autónoma"). La unificación de criterio sobre esta materia tendría que ocupar un lugar de privilegio en la agenda de la inminente cumbre entre ambos Gobiernos (que no ciudades).Con la intención de fomentar la participación de la opinión pública en la conformación de los aspectos esenciales del Estatuto, se aportan algunas ideas.Una. La política de integración debe figurar como un objetivo de política general. Con la vitola de prioritario. Es el asunto que, hasta el momento, ha provocado mayor polémica. Los partidos formados íntegramente por musulmanes, han expresado con firmeza su voluntad de que el nuevo Estatuto refleje la pluralidad de la sociedad ceutí. Algunas precisiones posteriores sobre este término (irreprochable teóricamente), han suscitado dudas y recelos, en especial, por las apelaciones al uso del árabe como lengua oficial. Lamentablemente, esta controversia conserva todavía la facultad de radicalizar en extremo las posiciones arruinando toda posibilidad de argumentar con solvencia. Un sector de la población se atrinchera tras la consideración de que cualquier concesión en este orden supone una claudicación frente a la sempiterna amenaza de marroquinización de Ceuta. Otros, la desmesuran e interpretan torticeramente, asignándole la categoría de conquista irrenunciable tendente a invertir la jerarquía dominante durante siglos. Permitir que el debate se sitúe en esos parámetros, más dictados por las vísceras de minorías fanatizadas que por el ejercicio de una reflexión colectiva madura, es un gravísimo error, que sólo puede conducir a la división y el enfrentamiento entre comunidades. Los partidos políticos, sin distinción de signo, tienen la misión de imprimir la serenidad, moderación, objetividad y profundidad de ideas exigibles ante la trascendencia de lo tratado. Porque estamos ante el auténtico nudo gordiano de la definición de la Ceuta del siglo XXI. Pero el temor a pagar un coste electoral, siempre difícil de evaluar, los contiene, inhibe, e incluso en muchas ocasiones, los hace partícipes de los planteamientos radicales. La primera conclusión universal, preferentemente a modo de axioma, es que ningún triunfo electoral puede valer más que el futuro de la Ciudad.Para solventar satisfactoriamente esta cuestión es preciso partir del reconocimiento de un hecho: Ceuta tiene un serio problema de desestructuración social. La articulación de nuestra sociedad, en sus estamentos básicos, no guarda la lógica correlación de uniformidad con la estructura de la población. Nunca fue buen método negar la evidencia. Existe un colectivo marginado. Podemos seguir perdiendo el tiempo rebuscando excusas, excepciones y ejemplos que nos limpian la conciencia y nos sirven de apoyo para deformar la realidad. Pero el análisis, desde una perspectiva general, resulta taxativo. Basta con observar algunos datos en relación con el paro, el fracaso escolar, la infravivienda, el empleo público, etc; y hacer un sencillo cálculo de proporciones. La consolidación de partidos políticos sustentados en identidades étnicas, aberrante en democracia, es otra prueba irrefutable.Aceptando esta situación, y la perentoria necesidad de superarla, es preciso dejar patente, enfáticamente, que el proceso de integración social no puede conllevar, en modo alguno, la difuminación de las señas de identidad de nuestra Ciudad. Ceuta es portadora de un conjunto de valores, forjados por muchas generaciones, que cohesionan y justifican nuestra vida en común. Y todos los ceutíes tenemos la obligación moral de preservarlos, fortalecerlos, y proyectarlos con ambición de perdurabilidad. Esta, y no otra, es la razón de ser de un pueblo. Cualquier intento de desbaratar el patrimonio espiritual colectivo de los ceutíes debe ser combatido con absoluta determinación.Por ello, la redacción de nuestro Estatuto, en la definición de sus objetivos políticos fundamentales, debe establecer un adecuado equilibrio entre la necesidad de impulsar un inaplazable y enriquecedor proceso de armonización social, y la exaltación de los valores comunes que dan sentido a nuestra convivencia. La solución idónea se podría encontrar en fijar con precisión las señas de identidad esenciales que inspiran el modelo social que pretendemos (entre las que se incluyen de modo indiscutible la lengua española), y que por tanto constituyen los derechos colectivos; y subordinar a ellos los derechos individuales que asisten a cada ciudadano o ciudadana (tales como profesar una creencia religiosa o practicar el uso de una lengua alternativa).Dos. El volumen competencial. El PP, cuya importancia política es innegable en la Ciudad, ha hecho público su planteamiento de reducir al mínimo legalmente posible la capacidad legislativa de Ceuta. Se trata de una opinión sustentada en un incomprensible complejo de inferioridad. No existen razones objetivas que avalen que los ciudadanos de La Rioja (por ejemplo) están más capacitados para administrarse que los ceutíes. Es cierto que las competencias en sanidad y educación, por su complejidad y especial sensibilidad social, infunden cierto respeto, y que quizá no sería prudente gestionarlas de inmediato. Pero puntualicemos. La capacidad competencial no puede ser en ningún caso impuesta por el Estado. Cada expediente se inicia a instancia de parte, continua con una negociación, y concluye con el traspaso, cuando se aceptan las condiciones. Es por tanto, un procedimiento que permanece siempre bajo control de la administración autonómica. Disponer de la capacidad de asumir las competencias no compromete a ello. Es probable que la posición del PP esté contaminada por el desastroso traspaso de competencia que ellos mismos protagonizaron. Aquello fue una operación de marketing político que todavía estamos pagando todos los ceutíes. Pero no es preceptivo repetir errores. Tenemos que pensar que un Estatuto de Autonomía calcula su vigencia en décadas. En consecuencia, se formula a futuro. Por ello, la distribución óptima de las competencias entre administraciones se valora en función de una previsión del marco general, una vez desarrollados los Estatutos de todas las Comunidades. Ceuta no puede acumular más retrasos ni desequilibrios por falta de previsión. Nuestro Estatuto debe contemplar un volumen competencial equivalente al del resto de Comunidades Autónomas uniprovinciales. Independientemente de que, con posterioridad, las transferencias se vayan solicitando y negociando en función de los intereses de la Ciudad que, en cada momento, aprecie la soberanía popular expresada democráticamente. Pero sería una estupidez bloquear por anticipado, y con nuestro concurso, las posibilidades de desarrollo futuro en consonancia con el resto de Comunidades españolas.Tres. Incorporación de políticas específicas. La capacidad de cada territorio de definir acciones relativas sus características diferenciadoras, es una de las cualidades más sobresalientes del Estado de las Autonomías diseñado en la Constitución. En este ámbito, en Ceuta, destacan dos asuntos que, de manera insoslayable, han de recibir un tratamiento lo más completo y perfecto posible en el nuevo Estatuto: el Régimen Económico Fiscal y la Política de Inmigración. En el primer caso, el articulado correspondiente ha de contemplar, como mínimo, las bonificaciones del cincuenta por ciento en la fiscalidad, el transporte y las cuotas a la seguridad social; el Plus de residencia, tanto en el sector público como en el privado; y la singularidad relativa a la imposición indirecta. En cuanto al fenómeno de la inmigración, sería recomendable incluir una referencia explícita a la política de control de la frontera; al volumen de recursos para atender a los inmigrantes; y a la facultad de ser oído (y en la medida de lo posible atendido) en la elaboración y aplicación de todo tipo de normas aplicables a los flujos migratorios.