En los últimos dos meses ha saltado a la palestra un sistema de financiación con el que la ciudad pretendía realizar la obra del soterramiento. De momento dicha obra parece quedar aparcada.

El sistema alemán, consiste en pagar la obra una vez finalizada con un plazo de dilación de hasta 10  años y el consiguiente aumento del coste en concepto de intereses. Este sistema se creó con la unificación alemana para reconstruir la zona oriental. La finalidad no incurrir en déficit para cumplir con los criterios comunitarios de cara a la moneda única. Con esto el gobierno alemán se garantizaba podía seguir haciendo frente a inversiones en equipamiento mientras acometía grandes obras que se pagarían una vez finalizadas, y como dije antes, en el plazo de diez años.

El principal problema es el encarecimiento del coste de la obra y el endeudamiento sistemático de cara al futuro de las arcas de cualquier administración que utilice este sistema. Por ejemplo, el último gobierno de CIU en Catalunya utilizó este método para construir la línea 9 del metro. Nada más llegar Maragall al gobierno catalán suprimen este sistema y se ahorraron 43,5 millones de euros (que no es poco). El pasado 23 de octubre el Ministerio de Fomento anunciaba que suprimía la utilización de este sistema puesto que en fondo sólo contribuía a comprometer las cuentas públicas futuras.

Este sistema tuvo su vigencia y hasta su lógica en su momento, principalmente para las inversiones estatales para cumplir con las exigencias en materia de déficit que imponía la Unión Europea, permitía mantener el nivel de inversión, pero al diferir el pago las cuentas de cada año no eran deficitarias, aunque se "hipotecaba" las cuentas públicas futuras.

De todas formas, este sistema no puede ser utilizado por las administraciones locales. Tan sólo la administración general del Estado y las Comunidades Autónomas pueden acogerse a esta forma de financiación. La disposición final tercera del Real Decreto 704/1997 de 16 mayo, real decreto que regula este sistema en nuestro país,  expresaba que transcurrido un año de su entrada en vigor el Gobierno se comprometía a elaborar un Real Decreto que regule los supuestos en los que el sistema puede ser utilizado por las entidades que integran la Administración Local. Ese decreto jamás se hizo, imagino que no querían ver a los pocos años cientos de ayuntamientos con las arcas endeudadas.

El otro día fuentes del Gobierno de la ciudad justificaban en "El Faro" que sí podían utilizar este sistema, puesto que "Ceuta está representada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en igualdad de condiciones que las restantes comunidades autónomas y que, por tanto, por analogía se entiende tal posibilidad, porque, de otra manera, sería una discriminación". Justificación más "pueril" no puede existir. Ceuta no es el Estado ni una Comunidad Autónoma. En el Estatuto de Ciudad Autónoma deja claro que nos regimos por la Ley de Bases de Régimen Local. Participamos en el Consejo de Política Económica, como lo hacemos en el de Educación, en el de Medio Ambiente, etc, por deferencia. Si algún día el gobierno del Estado de turno decidiera no invitarnos, sólo nos quedaría el derecho al pataleo. Por ejemplo en las cumbres Hispano-Marroquíes a las que acuden las Comunidades Autónomas limítrofes con Marruecos, sólo acuden las "Comunidades Autónomas" limítrofes: Canarias y Andalucía. Nosotros a patalear.

Aparte de esto el artículo 1º del Real Decreto antes mencionado deja muy clarito en que supuestos se permite este sistema de financiación: "el contrato de abono total podrá aplicarse en la construcción de infraestructuras de carreteras, ferroviarias, hidráulicas, en la costa y medioambientales".

El soterramiento de una calle no entra en ninguno de estos supuestos.

Si quieren utilizar este sistema, que cada vez está más en desuso, háganlo. Pero el único camino es que Ceuta sea Comunidad Autónoma. Quizás ahora les entren las prisas para trabajar en esa comisión que lleva años paralizada. Las cosas son así.