La política de cualquier Gobierno está supeditada principalmente a la Economía. O dicho de otra forma la política económica de cualquier administración marca las pautas de su acción de gobierno en el resto de campos.

La base principal de cualquier Gobierno en esta materia es la recaudación de impuestos, ya sean directos o indirectos. Los “sufridos” contribuyentes aportan su granito de arena al Estado con la finalidad de que el nivel de vida de los ciudadanos, el nivel de vida del país sea mejor.

Dentro de los impuestos directos, el más conocido, el que más incide directamente en el ciudadano es el IRPF. Impuesto que considero injusto. Cierto es que supuestamente es progresivo, es decir, cuanto más ingresos se tienen más se paga. Pero desde hace años vengo denunciando lo perjudicial que supone especialmente para dos sectores, jóvenes y tercera edad.

La primera vez que hice público este desacuerdo fue en Mayo de 2003 a través de las juventudes del PSPC, Alternativa 21. 4 años después la situación sigue siendo la misma.

Resulta que están obligados a declarar las personas que hayan percibido 22.000 euros o más como rendimientos íntegros del trabajo durante el ejercicio. Hasta aquí correcto. Ese limite desciende hasta los 8.000 euros, si se han tenido más de un pagador durante el ejercicio siempre y cuando la suma de las cantidades percibidas del resto de pagadores superen los 1.000 euros. Aquí se produce la injusticia.

Estos términos leídos o escuchados no tienen mayor importancia, lo malo es cuando se llevan a la práctica. Resulta que la mayoría de los jóvenes no llegan a cobrar en el año los 22.000 euros, pero muchos si llegan a los 8.000 y en numerosas ocasiones con más de un pagador. Por ejemplo, la precariedad laboral que afecta principalmente a este sector, hace que sea “normal” que se trabaje 3 meses en una empresa, 6 en otra etc… O nueve meses en una empresa y 3 en el paro. Como resultado, se está obligado a declarar, y en la mayoría de los casos dando como resultado la declaración a pagar. En la mayoría de los casos se carece de factores que minoren los rendimientos, no existen hipotecas ni otros conceptos de desgraven.

En el otro extremo nos encontramos con personas de la tercera edad, que en muchos casos cobrando la pensión de jubilación y una pensión de viudedad, si superan esos 8.000 euros deben declarar, dando también en la mayoría de los casos el resultado de a pagar.

Cuando llega mayo o junio y a las personas de estos sectores de población se ven obligados a realizar la declaración y tienen que pagar no piensan que sea por mejorar la calidad de vida del país, puesto que para ellos, que apenas superan los 8.000 euros anuales (en algunos casos ni 700 euros al mes) tener que desembolsar dinero es un autentico “trauma” que merma su propia calidad de vida.

La solución sería que el límite que está en 22.000 euros lo fuera sin tener en cuenta el número de pagadores. O si las arcas del Estado se vieran muy mermadas por esta decisión bajarlo a 20.000 o 18.000.

De todas formas no ingresar las cantidades de estos dos sectores que se ven perjudicados por los límites del impuesto, sería una forma de mejorar la calidad de vida de principalmente jóvenes y pensionistas.

También dentro del IRPF existe otro tema como es la cuota autonómica del impuesto, la cual va destinada a las Comunidades Autónomas. En nuestro caso las cuotas autonómicas de las declaraciones del IRPF declaradas por los ceutíes deberían ser transferidas a la Ciudad de Ceuta, pero claro al no ser Comunidad Autónoma pues no se reciben.