Las políticas sociales brillan en nuestro país en general, y en nuestra ciudad en particular por su ausencia. La sociedad en la que vivimos, la España democrática, ha estado más pendiente de consolidar un sistema político que anteriormente en la historia siempre había sido compulso y efímero. Por tanto puede ser entendible que una serie de servicios básicos para miles de ciudadanos se dejaran de lado, aunque casi 30 años después no se ve la luz al final del túnel y da la sensación de que aquello que se aparcaba de forma momentánea, ha sido más bien olvidado. Existen infinidad de asociaciones y organizaciones que hacen el trabajo que deberían realizar los diferentes gobiernos (nacionales, autonómicos y locales). La labor encomiable de estas organizaciones es digna de elogio, porque queda claro que si no lo hicieran ellos, nadie lo haría.

El Gasto Social debería englobar, el Gasto Público en Protección Social (enfermedad, vejez, supervivencia, familia, paro, vivienda y exclusión social) al que habría que sumar el Gasto en Educación y el gasto fiscal con finalidad social. También se le podría sumar el gasto privado en bienes sociales. Esto último, claro está referido a empresas del sector privado relacionados con la educación, sanidad, vivienda, etc. Sumando todos estos conceptos tendríamos el gasto social de nuestro país, y según datos de Eurostat, comparando el gasto en protección social con respecto al PIB, en una década, de 1990 a 2000,  la tendencia en nuestro país era decreciente, en 1991 el porcentaje de gasto social en España era del 21,2 % siendo la media europea de 26,4. En el año 2000 España tenía un 20,1% y la media europea era de 27,3.

España se encuentra a la cola de Europa en gasto social, “honor” que compartimos con otros países como Irlanda, Portugal, Italia y Grecia, aunque sólo Irlanda se encuentra por debajo nuestra. Y a años luz de países como Suecia, Finlandia, Francia, Austria o Alemania.

Desde hace años Suecia es considerada como el modelo a seguir en lo relacionado con los asuntos sociales. Un modelo bien gestionado y suficientemente dotado económicamente.

En el caso de Ceuta, y otras zonas del país, queda lejos un sistema de ese tipo, más que nada por falta de voluntad política. Evidentemente no se puede montar un sistema de esa envergadura en cinco minutos, pero también resulta evidente que no se está trabajando en ir poniendo los cimientos de un sistema social, de unos servicios sociales profesionalizados y al servicio de los ciudadanos. Por ejemplo, el gobierno de la ciudad tiene que subvencionar a organizaciones y asociaciones para que afronten el gasto material y humano que les supone atender a discapacitados, tercera edad, etc. Y no se ve o no se prevé que en un futuro estos servicios pudieran ser asumidos por la propia administración. Otro ejemplo es el de las personas, las familias que no tienen ni para comer, y tienen que hacer cola en la consejería de turno para que les den algo, como si se tratase de la España de la posguerra. A finales de los 90 el PSPC llevó a pleno la implantación del salario social, el cual se aprobó y nunca se llegó a realizar. Probablemente esa seria una de las soluciones a este último supuesto. Por lo menos que a esas personas no se las trate como pedigüeños. A los ciudadanos hay que tratarlos con dignidad y aún más a los que se encuentran con dificultades, sean del tipo que sea.