En muchas ocasiones, más en los tiempos que corren, estos dos términos se suelen tomar como totalmente independientes, cuando realmente deberían ir estrechamente unidos.

Para una verdadera política social, real y efectiva es necesaria una política económica que la respalde. Pero no sólo en el aspecto monetario propiamente dicho, con la dotación adecuada de las partidas presupuestarias destinadas a las políticas sociales. Una política económica adecuadamente llevada, puede acarrear beneficios a la ciudadanía, no con el desembolso de dinero, pero si con otros métodos relacionados directamente con la recaudación de impuestos.

En alguna ocasión he escrito sobre ciertas leyes, que siendo discutible si son buenas o no, para gustos los colores, nacen prácticamente muertas al no tenerse en cuenta suficientemente la dotación presupuestaria para desarrollarlas. Si por ejemplo una ley educativa dice que cada alumno/a tendrá en su pupitre un ordenador personal, es una buena medida, pero evidentemente si no se dota del montante económico necesario para la adquisición de dichos ordenadores, pues se queda tan sólo en buenas palabras.

La base general de cualquier gobierno va estrechamente unida a la política económica que realice, en torno a ella girará todo lo demás, todas las iniciativas y decisiones que se puedan tomar. Aparte claro está de las que podríamos llamar de cara a la galería, medidas algunas muy necesarias, pero siempre y cuando otras más necesarias para el conjunto de la sociedad estuvieran suficientemente cubiertas. En su momento también escribí sobre la ley del tabaco. Resulta curioso que tomándose todo tipo de medidas para reducir el consumo de tabaco, en el presupuesto general del Estado para 2006, se preveía un aumento de la recaudación en concepto de impuestos del tabaco con respecto a 2005.

La política económica, en el aspecto recaudatorio tiene como principal fuente el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. En ese aspecto, y en el económico en general se sigue la política económica del anterior gobierno. Y no es que eso sea bueno o malo, cada cual lo puede calificar como quiera. Pero con este impuesto se puede hacer también política social y no se ha hecho y no se hace.

El ejemplo más claro es el límite de obligatoriedad para la presentación de la declaración de la Renta. 24.000 euros anuales de un solo pagador. Hasta ahí no existe problema. El problema está en las excepciones de la regla. Si una persona tiene dos pagadores en el mismo año, y del segundo ingresa 600 euros o más en todo el ejercicio, existe obligatoriedad aunque no se lleguen a esos 24.000 euros anuales. Esto perjudica principalmente a jóvenes y pensionistas. Jóvenes que debido a la precariedad laboral en muchos casos trabajan unos meses en una empresa, otros meses en otras o cobrando el paro. Y pensionistas que en muchos casos (principalmente mujeres), perciben la pensión de jubilación y la pensión de viudedad. En ambos casos la mayoría de las veces la declaración sale positiva y tienen que pagar. En el caso de los/as pensionistas casi en el 100%, puesto que esas pensiones no suelen tener retenciones, y en el de los jóvenes en una gran mayoría suele dar como resultado también a pagar al carecer de deducciones por descendencia, vivienda habitual etc.

Si ese límite de 24.000 euros se aplicara en cualquier caso, se tengan los pagadores que se tengan, muchos jóvenes y pensionistas no estarían obligados a declarar, el estado recaudaría menos dinero, pero ese dinero lo podrían emplear estos ciudadanos/as en otras cosas. Con lo cual se estaría realizando una política social, puesto que estamos hablando de dos sectores desfavorecidos de la sociedad.

En el ámbito local, se podrían hacer muchas cosas, y para ello es necesaria tanto la dotación económica como la exención recaudatoria en algunos casos. Se debería suprimir de ciertos impuestos como el IBI, la basura y el alcantarillado a los parados y pensionistas que no superen unos ingresos determinados. Del mismo modo que se deberían suprimir otras tasas como las de bomberos, cementerio etc. Es triste que a una persona se le incendie la casa o se le muera un ser querido y encima tenga que pagar.

Y muchas otras que se podrían hacer pero para las que harían falta dotaciones presupuestarias concretas. Dinero hay, pero la utilización del mismo no es la más adecuada. Hace unas semanas se hablaba del gasto y el número de cargos políticos del ayuntamiento. Se hablaba del descenso con respecto a la etapa del GIL. Eso es cierto y está muy bien. Pero no es menos cierto que existen muchísimos altos cargos políticos de dudosa funcionalidad puesto que prácticamente ocupan puestos para los que ya existen funcionarios, y la comparativa se podría hacer también con 1995, y seguro que actualmente en número de personas y en montante económico estamos muy por encima. Los sueldos políticos sean cargos electos o no electos, estén en el gobierno o en la oposición son desmesurados.