'El ejército de Honduras secuestra al presidente y lo expulsa a Costa Rica'. Este era el titular del diario El País del pasado 29 de junio. Aunque parezca mentira en pleno Siglo XXI. Pero ha ocurrido. La razón es que los que estaban allí desde siempre, aunque en la sombra, no querían que Zelaya se perpetuara en el poder.  Micheletti, acaudalado empresario, y el político de más antigüedad en el Parlamento nacional, apoyado por el General en Jefe del Ejército, Romero Vásquez, no quería ni pensar que Zelaya se perpetuara en el poder, y mucho menos, gozando de la amistad de Chávez.

Lo cierto es que, éste pequeño país centroamericano, que descubrió Cristóbal Colón en su cuarto viaje, y fue conquistado por Hernán Cortés, cuando empezaba a recuperarse del huracán Mitch, se ve envuelto en un golpe de estado propiciado por los militares y por los grandes empresarios. Lo mismo le ocurrió antes del huracán. Estaba recuperándose e intentado salir a flote, cuando el desastre climatológico lo partió por la mitad. Así me lo decía un taxista de Tegucigalpa en el año 2000, cuando viajé por varios meses a este país para realizar un trabajo de colaboración sobre la reforma de la Seguridad Social, por encargo del Ministerio de Trabajo de Honduras al Ministerio de Trabajo español.

Durante mi estancia en Honduras, lo que descubrí fue un país maravilloso, con gentes sencillas y acogedoras. Pero también mucha miseria, mezclada con enormes fortunas, en manos de unos pocos. Y mucha violencia. Todo estaba abandonado. El desastre ocasionado por el huracán, aún se podía ver en las calles. Allí pude contemplar a los niños de la calle esnifando pegamento y jugando entre basuras. También familias de más de diez miembros que malvivían a la orilla de un nauseabundo y pestilente río en una pequeña chabola de madera, con  suelo de tierra. O enormes barrios de favelas que se agolpaban en las laderas de los montes que rodeaban la capital, en donde habitaban los campesinos desplazados por la crisis de los precios de las materias primas. Todo ello mezclado con enormes mansiones y con modernos restaurantes en los que podíamos comer, entre otros, los funcionarios extranjeros que allí vivíamos, y que trabajábamos para intentar ayudarles a salir adelante. El pueblo sencillo no tenía acceso a estos complejos.

En este contexto no era de extrañar la proliferación de pandillas juveniles, o 'maras', que además de a la violencia, se dedicaban al tráfico de armas y drogas. Como tampoco era extraño ver guardias de seguridad armados hasta los dientes y protegidos con chalecos antibalas, en la puerta de los comercios más rentables. Me impresionó bastante contemplar al recepcionista del hotel en el que me alojaba, con dos pistolas al cinto, para protegerse de posibles intrusos durante la noche. El que poco después fuera presidente de Honduras, Ricardo Maduro, al que conocí casualmente en un acto electoral, hizo una ley contra la violencia juvenil, que han imitado otros países de la zona. Sin embargo, Zelaya decía, con razón, que la violencia era estructural y provocada por la enorme desigualdad y miseria de la población. Quizás por esto le han destituido los grandes empresarios (aunque él también lo era), pues posiblemente no quieren que la violencia se arregle con un reparto más equitativo de la renta, sino con más represión y violencia.

Se discutía entonces sobre la privatización de la Seguridad Social y sobre las recomendaciones que en este sentido había realizado el Banco Mundial, que tan al pie de la letra habían seguido países como Chile, y otros de la zona. En Honduras se partía de una situación bastante deficitaria. Un 20% de la población estaba en la economía sumergida. El gasto sanitario no alcanzaba el 2% del PIB. Por ello sólo funcionaba bien la sanidad privada. La Seguridad Social estaba prácticamente en bancarrota. Habíamos calculado que, de no hacer reformas, en 2013 se habrían agotado todas sus reservas. Sin embargo, uno de los problemas para ésta reforma era el incremento de las bases de cotización, que no aceptaba la patronal. De esta forma, a un 80% de la población asalariada no se le garantizaba más que unas pensiones miserables que no alcanzarían más allá del 10% del salario mínimo. Nada que ver con la situación de la Seguridad Social de los funcionarios, civiles y militares.

Algunas de estas circunstancias, que poco han cambiado desde el año 2000, son las que quería, en parte, solucionar Manuel Zelaya, según las informaciones disponibles, no sin ciertas dosis de 'populismo'. Sin embargo, se ha encontrado de frente con los que, ya entonces, se oponían a cualquier reforma del Sistema Público de protección social, que no fuera la privatización pura y dura del mismo, o a otro tipo de mejoras en el reparto de la renta. Es decir, que parece que este pobre país está condenado a seguir viviendo bajo el yugo de la peor calaña de empresarios que se conocen, y a continuar pisados por la bota de aquellos que han utilizado el poder de las armas para garantizar que sigan mandando los mismos, y que nada cambia.

Esperemos que, por el bien del país, la comunidad internacional les obligue a volver a sus cuarteles y a respetar la legalidad constitucional. De lo contrario, habremos dejado a los hondureños metidos en un pozo del que tardarán muchos años en salir.