Recientemente se ha producido el escándalo de las filtraciones de los test psicotécnicos del examen para el acceso al Cuerpo de la Policía Local de Ceuta. En esta ocasión ha sido el propio Viceconsejero de personal responsable del proceso de selección el que ha denunciado los hechos ante la fiscalía. Pero no es éste el único caso de corruptelas en el acceso a los cargos y empleos en la Ciudad Autónoma de Ceuta. Antes ya se había denunciado el asunto del 'engrasador', que también fue puesto en manos de la fiscalía; o el caso de convocatorias para puestos de empresas municipales en las que, de forma sorprendente, salían elegidos familiares de Consejeros o de Consejeras, compadres de Vicepresidentes, o destacados afiliados del Partido en el poder.

Los principios de publicidad mérito y capacidad que han de regir en el acceso a cualquier cargo o empleo público derivan de la propia Constitución Española, que en su artículo 14 establece que todos los españoles somos iguales ante la ley, y en los artículos 23.2 y 103 habla del derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, así como que el acceso a la función pública se hará de acuerdo con los principios de mérito y capacidad. Y si esto no se hace se estará cometiendo un abuso de derecho y una desviación de poder, que al estar prohibido por el ordenamiento jurídico, conllevará, necesariamente, la nulidad del acto administrativo en cuestión. Pero, ¿realmente ocurre esto?, ¿sirven para algo los preceptos constitucionales?.

España es un país de picaresca. Así nos retratan genios de la literatura como Quevedo o Cervantes. Y además es un país en el que los denominados 'enchufes' funcionan con total normalidad e impunidad. Parece que siempre hay que recurrir a un 'amigo', o al 'amigo del amigo' para poder hacer algún tipo de gestión en cualquier organismo, público, o privado. No hay un concepto de servicio público como en otros países. Y es que en nuestro país, los principios de 'libertad, igualdad y fraternidad' de la Revolución francesa aún no han acabado de calar en nuestras conciencias, a pesar de que estén escritos en los textos legales.

Las consecuencias son evidentes. Francia, que es la cuna de las libertades públicas, junto a los Estados Unidos de América, tiene un sistema totalmente profesionalizado en su Administración Pública, hasta los más altos niveles. En España, la Administración Pública está tan politizada que cada vez que hay un cambio de dirigentes políticos, a cualquier nivel, los ceses y nombramientos se cuentan por cientos. Hay una estupenda novela de Benito Pérez Galdós, Miau, que describe con su maestría habitual el tema de las cesantías de los funcionarios cada vez que había un cambio en los Ministerios.

En este contexto es normal, aunque no legal, que cada partido político quiera colocar a los suyos en todos los puestos de la Administración. En unos casos es por confianza política, lo cual puede ser lógico en determinados puestos. Pero en bastantes casos más los cambios llegan hasta las parcelas más técnicas y que tenían que funcionar con mayor independencia. Por ejemplo, los jueces, los fiscales, los interventores, los secretarios. Y en muchos otros casos, de lo que se trata es de dar trabajo a determinado sector de votantes. Para ello, nada mejor que las empresas públicas, o las empresas de servicios que tienen contratos para la Administración.

El problema de todo esto, además del jurídico o legal, es el de la eficiencia, pues evidentemente una Administración Pública politizada y al servicio del interés partidista del político de turno no es una buena Administración, por incompetente y por costosa. Y en estas condiciones se hace imposible una gestión pública eficaz y de calidad que busque el interés general de los ciudadanos. Este problema, junto al de la financiación irregular de los partidos políticos, son las asignaturas pendientes de nuestra democracia, que hasta el momento ningún partido político se ha atrevido a abordar.