Tenía 57 años, cinco hijos, dos familias a las que mantener, una de ellas tras el fallecimiento por cáncer de su cuñado, y un mísero trabajo. No figuraba de alta en la Seguridad Social. Tampoco en los registros de la Agencia Tributaria. No era residente, aunque era de Beliones. Llevaba trabajando en Ceuta casi toda su vida, pero no estaba empadronado. Era invisible a efectos legales. Con lo poco que le pagaban, en su pueblo era un privilegiado, pues multiplicaba casi por cinco su poder adquisitivo. Y también los empresarios que lo contrataban, pues con gentes como él hacían su negocio, y su competencia desleal con los demás. Pero la fatalidad acabó con su vida mientras trabajaba ilegalmente cambiando el tejado de uralita de una nave en el puerto. No es el primero. Y por desgracia tampoco será el último.

En Ceuta se calcula que hay unos 3.000 trabajadores clandestinos. Sin ni siquiera los derechos que tienen los trabajadores transfronterizos, ya de por sí menguados, por el empecinamiento de un país que no reconoce la soberanía española en nuestra ciudad, lo que origina la imposibilidad de llegar a acuerdos de cooperación similares a otras zonas limítrofes. A nivel nacional hay cerca de un millón de trabajadores extranjeros ilegales que tampoco figuran en las estadísticas oficiales, y que carecen de derechos.

Las estadísticas de siniestralidad laboral nos dicen que en España ocurrieron casi un millón de accidentes laborales el año pasado, de los que casi mil fueron mortales. De ellos casi 300.000 lo fueron en la construcción, con cerca de 300 mortales. Esto nos sigue situando a la cabeza de la Unión Europea. Y ello sin contar la siniestralidad de los trabajadores ilegales, que no se conoce, pero que se puede inferir. Sólo basta fijarse en el dato respecto a los índices de participación en la economía sumergida de la población inmigrante, que llega a alcanzar el 50% del total de extranjeros censados, según cálculos de algunos estudios disponibles.

El presente caso es similar a muchos otros. Se dan las circunstancias propias del delito contra la salud de los trabajadores, pues parece ser que no se han cumplido las medidas de seguridad en el trabajo. Pero además el incumplimiento de medidas de seguridad podría conllevar al correspondiente recargo de prestaciones de la seguridad social, así como a las oportunas sanciones administrativas. Y también tendrían los herederos el derecho a una indemnización por los daños producidos, si se demuestra una culpa del empresario. Todo ello está regulado, aunque en una legislación poco unificada y propensa para el fraude, pues muchos de los empresarios inculpados al final resultan ser insolventes, al menos en apariencia. Sin embargo, la vida nadie podrá devolvérsela al trabajador accidentado.

Y es que llueve sobre mojado, pues las muertes por caídas de tejados son muy numerosas en el sector de la construcción. Normalmente se trata de tejados de uralita, o similar, en muy mal estado. Para repararlas, si se cumplieran estrictamente las medidas de seguridad establecidas, deberían de acotarse las zonas de trabajo, disponerse de barandillas de seguridad, de andamios y redes protectoras de caídas. Pero el problema es que esto es caro y muchas empresas prefieren realizarlas con trabajadores ilegales. Hasta que ocurre el accidente.

Ante tal situación, hay que recurrir a otros mecanismos, como las sanciones o las indemnizaciones por responsabilidad civil, no sólo para restituir al trabajador del daño sufrido, sino también como mecanismos disuasorios y coercitivos hacia los empresarios que no cumplen con sus obligaciones en materia de seguridad laboral. Es la única vía que hay, a pesar de que muchos quieran abortarla con argumentos tan pobres como la supuesta culpabilidad del trabajador que no vela por su seguridad. Sin embargo no piensan en que por encima de ello siempre está el deber de vigilancia del empresario, que en multitud de ocasiones no cumple porque antepone a la misma el interés económico.

Esperemos que el triste caso de este trabajador ilegal, y días antes el de otro trabajador de OBIMACE, sirvan para remover nuestras conciencias y para mostrar el máximo interés en resolver un problema social que está llevando la desgracia a miles de familias.